Hace unos días, la titular de la Secretaría de Energía (SENER), la ingeniera Rocío Nahle; posteó en su cuenta de Twitter una alegoría a los aciertos y errores en la actual administración pública federal al frente del presidente del país, con relación a la Refinería Dos Bocas y la viabilidad bajo la óptica de la funcionaria.
En este sentido, plantea que la Refinería Dos Bocas atiende a una necesidad imperiosa de cubrir un compromiso de campaña del actual presidente: “Primero los Pobres”, es decir, que esta administración tiene un compromiso de tomar en consideración a las personas menos favorecidas del país en todas y cada una de sus decisiones, quienes a decir del propio presidente, fueron olvidados por las anteriores administraciones al grado de “mantener” a estas personas sumidas en su condición de pobreza con fines netamente económicos, sin explicar el por qué de ello o el mecanismo mediante el cuál se obtendría dicho resultado. Aunado a que, según datos de la CONEVAL, del año 2008 al 2018 se abatió el índice de pobreza extrema en cerca de un 3%, por lo que los argumentos de los aludidos y a la luz de los datos de crecimiento económico, no guardan relación con la realidad; pero recordemos que ésta puede ser modificada a conveniencia y plácemes en discursos.
Ahora bien, la secretaria de energía en su discurso esgrime conceptos como “Soberanía Energética”, “Balanza Energética”, el canturreado “Primero los Pobres”; pero ¿Qué sucede en la realidad?, recordando que este gobierno se ha distinguido por la creación de narrativas sin sustento e incluso falaces, trayendo a colación el recuento del portal verificado.com.mx, en donde contabilizaron que, a noviembre de 2019, el 56% de las afirmaciones del presidente y sus funcionarios son claramente falsas. Por ello, se trae a colofón un concepto que la SENER ha olvidado dentro de toda su arenga nacionalista: “Pobreza Energética”.
Primero, ¿Qué es la pobreza energética?
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Se trata de la privación de satisfactores mínimos derivados de la ausencia al acceso y disponibilidad de energéticos; es decir, la carencia total o parcial de servicios básicos para gozar de una vida digna (según los estándares que establecen diversos organismos internacionales de los cuales México forma parte), siendo esta carencia provocada por la ausencia de energía continua, limpia, disponible y sustentable.
En este sentido, al revisar el PROSENER (Programa Sectorial de Energía), el cual se trata del documento que establece la directriz en la que sustenta la política energética, integra muchísimos temas ideológicos de orgullo nacional y valor por la defensa de la “soberanía”, pero olvidan el compromiso presidencial de “primero los pobres”, que se puede apreciar como el pilar fundacional del Plan Nacional de Desarrollo de la administración actual, pero omiten esta visión de remediar la pobreza energética.
Para retratar las necesidades energéticas de la población mexicana, dentro de uno de los países con mayor potencial energético del mundo; según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), señala que el 1% de la población se encuentra totalmente aislada de los energéticos (dato que se lee sencillo y pareciera poco, pero al dimensionar correctamente, hablamos de 35 mil hogares que se traducen en 175,000 personas, es decir, una ciudad pequeña), para luego continuar con el 36.7% de la población mexicana que no tiene acceso a uno o más energéticos, lo que se transforma en que millones de hogares en el país no tienen acceso a servicios de Gas LP o Natural, electricidad, climatización, etc. Datos que nos brindan una visión sumamente preocupante sobre las condiciones en que viven millones en el país y en frases simples de leer: “una de cada tres personas en el país tiene algún grado de pobreza energética”.
¿Cómo puede ser posible esto en el país con mayor potencial energético del mundo según la Agencia Internacional de Energía?, lamentable en verdad. Como ejemplo de ello, hace algunos días, en el marco del Foro Energía Conecta Forbes 2020, expertos de la talla de Gonzalo Monroy (GMEC Energy Consulting), Yolanda Villegas (Oleum Servicios) y Adrián Calcáneo (IHS Markit), comentaban sobre el dato de que en México, cerca de 3 de cada 10 familias en el país cocinaban con leña por no tener acceso a los dos tipos de gas doméstico que se comercializan en el país (Gas Natural y Gas LP), lo cual, pudiera confundirse con un romanticismo popular culinario que enmascara una realidad más dura. Siendo este dato mostrado por los expertos, el que nos demuestra que hay pendientes aún por atender por parte de la administración pública federal.
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Hasta este punto, es en donde cobra sentido la siguiente pregunta: ¿Cómo es que se genera la pobreza energética?; la pregunta es sencilla de responder, pero muy difícil de resolver. La respuesta al planteamiento nos conduce a una de las razones primordiales de la Reforma Energética: Desarrollo de Infraestructura.
Uno de los objetivos más importantes del marco legal vigente en materia energética, pero peor comunicados, era justamente establecer un entorno favorable para el desarrollo de inversiones energéticas a largo plazo, con el firme objetivo de que al término de aproximados 20 años posteriores a la entrada en vigor del marco legal energético actual se tuviera una infraestructura moderna, eficiente y sustentable en todos los segmentos de la industria de la energía (Petróleo, Gas, Petrolíferos, Petroquímicos y Electricidad), misma que al estar bajo el intenso escrutinio de la Comisión Reguladora de Energía, dotara de un “piso firme” entre las Empresas Productivas del Estado (PEMEX y CFE) y los participantes privados, a efecto de que todas las partes compitieran en precio, accesibilidad, continuidad, almacenamiento, transporte, sustentabilidad, limpieza etcétera; entregando a los consumidores mexicanos energía segura, disponible, continua, renovable y barata. Como se indicó líneas arriba, es fácil explicar, pero llegar a ese punto toma décadas y miles de millones de dólares en tecnología y desarrollo.
La realidad de las cosas, es que la infraestructura energética actual se encuentra en muy mal estado operativo, además de ser obsoleta e ineficiente; esto como resultado de décadas de control del Estado sobre la generación eléctrica, los sistemas de transmisión, exploración y producción petrolera, refinación, así como los ductos; viéndose el Estado excedido financieramente, entre abusos sindicales, aumento del pasivo laboral y el incremento de compromisos sociales que, impidieron la llegada de recursos económicos a las empresas del Estado; lo que nos lleva a tener en el país, una infraestructura propia de la década de 1950 en pleno 2020. Lo que trae como consecuencia, la carencia de medios para hacer llegar energéticos a toda la población de México, en especial, la que habita en regiones marginadas o entornos rurales; creando condiciones que impiden un correcto desarrollo de las personas y las economías regionales.
La solución definitiva que encontró el gobierno ante el concienzudo análisis de cómo evitar gastar recursos financieros del erario público, pero continuar ganando vía contribuciones y participaciones económicas en las actividades reguladas mientras se mitigaba la falta de energéticos, fue el “invitar” a la iniciativa privada, al desarrollo de la industria energética en la forma de las famosas “Rondas Petroleras”, “Subastas Eléctricas de largo plazo”, licitaciones de ductos de gas natural, entre otras actividades que ahora nos son muy familiares.
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Y las cosas iban bien, desde la entrada en vigor de la Reforma Energética en octubre de 2013 hasta diciembre de 2018, el equipo que se había forjado entre iniciativa privada y gobierno había logrado hitos impensables unos años antes:
- Descubrimiento de yacimientos petroleros con recursos considerables por parte de privados y asociaciones entre éstos con PEMEX. Pero con una inversión mínima o casi nula por parte del Estado mexicano, como es el caso de campos como “Zama”, hoy en disputa.
- El incremento sustancial de generación eléctrica mediante tecnologías renovables o de ultra bajas emisiones, logrando desplazar al combustóleo y al carbón por solar, eólica y gas natural.
- Lograr las tarifas de generación eléctrica más bajas en el mundo, esto sucedió entre 2016 y 2018, cuando la Comisión Reguladora de Energía registró costos de generación en el orden de los 12 USD/KwH, mediante el uso de tecnología solar en infraestructura privada, muy por debajo de los 120 USD/KwH de CFE y sus plantas carboeléctricas y de combustóleo.
- En 2017, la liberación de los precios de los petrolíferos (gasolinas y diésel), mismos que despresurizaron a la Hacienda Pública de mantener costosos subsidios creados en la administración del ex presidente Felipe Calderón, y que estaban dañando gravemente la liquidez del Estado; al tiempo que surgieron en el día a día del consumidor mexicano diferentes opciones en dónde repostar sus vehículos, otorgando un poder nunca antes visto en el mercado gasolinero: “El poder del consumidor”, es decir, el poder elegir entre calidades, rendimientos, precios y servicios.
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Es así, que todo este entorno que poco a poco la sociedad mexicana estaba asimilando con un destino bien definido, sobre comenzar a menguar la pobreza energética, se vio coartado ante la llegada de Rocío Nahle a la SENER.
Planteando una política de concentración de todo el sector energético en unas cuantas manos (sindicatos y políticos), tal como sucedió en los años cuando se originó la actual infraestructura energética actual; esto en detrimento del terreno ganado por los consumidores mexicanos y la población en general, ya que mantener la industria energética desde el Estado mexicano le cuesta a todos los contribuyentes, dado que el propio gobierno se cierra la llave que llena de recursos e inversiones privadas al sector, dejando el frágil flujo financiero que otorga una maltrecha Hacienda Pública, dilapidada en dispendios económicos direccionados a mantener clientelas políticas.
Si a esto le sumamos, las actitudes anticompetitivas que han esgrimido SENER, la CRE, PEMEX y CFE, como lo es el aumento a las tarifas de porteo eléctrico (lo que significa hacer más caro llevar la electricidad a tu hogar), así como frenar la importación de petrolíferos y el desarrollo de negocios de combustibles (que se traduce en reducir la competitividad de un mercado tendiente a entregar combustibles más baratos), eliminar las Rondas Petroleras y las Subastas Eléctricas (lo que lleva al Estado a asumir el rol de productor petrolero y eléctrico del país, pero usando el dinero de los contribuyentes) lo que provoca el aumento de costos por la falta de nuevas tecnologías y mejora de procesos; son acciones que lejos de solventar la necesidad de llevar energía a los menos favorecidos, se ha convertido en una cruzada por parte de SENER para generar un empobrecimiento energético aún mayor, en una ya lacerada sociedad.
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A esto, se agrega el proyecto de la Refinería de Dos Bocas, misma que ante un entorno de descarbonización mundial, mayores costos de obtención de la materia prima y, sin omitir el hecho de que a la fecha el proyecto cuenta con un sobre costo por encima de los 1MMDD a los contemplados por la SENER, en un contexto donde la demanda de petrolíferos se ha destruido por completo, encontrándose un 40% por debajo a lo visto en 2019 y 2018; la viabilidad de la refinería dista de ser idónea y ya dentro de un plano de pragmatismo, se antoja como una causal de detrimento patrimonial al Estado, que se decantan en el deslinde de responsabilidades administrativas y penales.
El resolver la “pobreza energética”, se trata de la verdadera deuda de López Obrador y Rocío Nahle, al frente de la Sener, sobre el sector energético mexicano y no como ellos aluden, el “rescate de la soberanía energética” (lo que ello signifique). Cobrando amplio y gran sentido la frase que se escucha constantemente en el sector: “Quien no conozca y atienda las necesidades energéticas de un país, está condenando a la pobreza a una nación y al pueblo entero”
Contacto:
*Santiago Fabián Arroyo Seguedo es CEO y Founder de URSUS Trade & Colsunting.
Twitter: @SarroyoSi
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