México es un país con 2 millones de kilómetros cuadrados y 120 millones de habitantes. Para fines de administración del agua subterránea, el país se ha dividido en 653 acuíferos. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), con datos a diciembre de 2018, de 653 acuíferos, 115 presentan una situación de sobreexplotación.
8 de las 13 regiones hidrológicas en las que se divide el país sufren de estrés hídrico; 2/3 partes del país se consideran áridas o semiáridas, y dos terceras partes de la población habitan en regiones donde hay menos agua.
La ubicación geográfica del país facilita que los fenómenos meteorológicos tengan importantes impactos como frentes fríos, tormentas de invierno, huracanes, inundaciones, sequías, olas de calor, entre otros tantos más.
En el curso de este año, el país y sus distintas regiones han vivido un grave fenómeno de sequía por la falta de lluvias y la consecuente disminución en el nivel de almacenamiento de las presas del país. El antecedente más reciente de sequía de alto impacto se sufrió de 2011 a 2013, cuando el país se vio severamente afectado en un noventa por ciento del territorio.
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Los daños que este fenómeno ha provocado han afectado ya la capacidad de suministro de agua para los distintos usos y la dotación de agua para las distintas comunidades, así como la capacidad de producción de productos agropecuarios y la ganadería.
Ello, aparejado al inicio de la temporada de lluvias que ya ha generado problemática de inundaciones en el centro del país, fenómeno que, año con año, ha afectado de manera creciente el patrimonio de los ciudadanos y la infraestructura urbana.
En muchos sentidos, esta circunstancia deriva de los efectos del cambio climático y su afectación al ciclo hidrológico, lo cual ha sido una constante en los últimos tiempos y, previsiblemente, seguirá ocurriendo en el futuro próximo.
A pesar del impacto de estos fenómenos, es aún ausente la planeación de largo plazo y el enfoque preventivo en el diseño de políticas públicas y programas de gobierno.
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En efecto, la crisis actual del agua pone en evidencia que el nivel de riesgo, tanto para las sequías como para las inundaciones, es cada vez mayor y que, por tanto, requieren de la toma de decisiones y la implementación acciones necesarias para estar mejor preparados ante fenómenos de este tipo.
Lo anterior, nos debe obligar a una revisión de las políticas públicas, la regulación, de las inversiones que hacemos en infraestructura resiliente y que hasta ahora han carecido de la visión necesaria para enfrentar escenarios de incertidumbre climática. La crisis actual nos dejan ver la fragilidad y riesgo que nos encontramos.
Es imperativo, por tanto, involucrar a los distintos sectores y segmentos de la sociedad en estas discusiones, para impulsar una mejor formulación de políticas y toma de decisiones con un enfoque participativo y corresponsable.
Enfrentar el cambio climático y sus efectos en los recursos hídricos, requieren soluciones de política pública con una perspectiva preventiva y de largo plazo, diseños y construcción de infraestructura resiliente, financiamientos adecuados y la utilización de herramientas tecnológicas y satelitales que contribuyan a predecirlas y gestionarlas de mejor manera.
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Tanto las ciudades, como el campo y los ecosistemas, están sufriendo cada vez más estos impactos, con la consecuente afectación en la calidad y cantidad de agua para los distintos usos. Cada uno de estos espacios requiere, por tanto, la habilitación de herramientas y soluciones prácticas que permitan administrar y enfrentar de mejor manera esta problemática.
Los riesgos que enfrentan el país y sus distintas regiones en materia climática y de seguridad hídrica requieren acciones y decisiones adecuadas a la magnitud del reto que enfrentamos. De no hacerlo, estos fenómenos causarán cada vez mayores daños y problemas, con mayores consecuencias para la población, la economía y, en general, la capacidad de impulsar el desarrollo en el país.
Contacto:
www.aguacapital.org
Twitter:@AguaCapitalOrg
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