Resulta por lo menos sugerente la actitud de segmentos de empresarios que al mismo tiempo que descalifican la ausencia de respaldo gubernamental con subsidios fiscales en medio de la crisis, guardan silencio respecto de la migración de capitales y su consolidación bancarizada en los Estados Unidos.
Mientras hay empresarios realmente comprometidos y solidarios con estrategias a favor del crecimiento y el proyecto nacional, hay otros muy críticos con la labor a la administración pública, pero curiosamente indispuestos a comprometerse con lo que más valor tiene para ellos respecto del desarrollo de la inversión, es decir a mantener el dinero en México.
La semana pasada conocimos que JP Morgan cerraría su negocio de la banca privada en México. La empresa seguirá prestando servicios en el país, pero pasará sus negocios locales a BBVA. Un vocero habría expresado, según la correspondiente nota de Reforma, que conforme se formaliza la capacidad recaudatoria del Estado disminuye el atractivo de algunas de sus clientes para permanecer en México.
No serían los únicos. Hay información de familias con negocios en Latinoamérica que han preferido transferir más riqueza en el extranjero que en el país, debido a las políticas gubernamentales de evitar la evasión de impuestos. Al mismo tiempo, en foros públicos, se pronuncian por el fortalecimiento del sistema recaudatorio.
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De acuerdo con la Reserva Federal, el banco central estadounidense, ciudadanos y empresas mexicanas transfirieron a cuentas bancarias en Estados Unidos 21 mil 088 millones de dólares en los primeros dos años del Gobierno de Andrés López Obrador; es decir, incluso, antes de la pandemia.
Justo cuando se debería apostar por la inversión nacional y cuando se requiere que las empresas den un esfuerzo mayor para contribuir al desarrollo.
Desde julio del 2020, en un comunicado, la American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham) consideró que uno de los remedios para el estancamiento y la crisis económica es la inversión, y el ingrediente clave es la confianza, la cual se construye a partir del fortalecimiento del Estado de Derecho y de las instituciones.
Hay política pública que desagrada a algunos de los gigantes de la economía: que se prioricen los apoyos en los pequeños y medianos empresarios para que puedan integrarse a las cadenas de valor regionales y sigan generando empleos. De igual manera se fomenta en mayor medida políticas que apoyen al consumo local.
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Un gobierno consciente sabe de la importancia de contribuir a que grandes empresas mantengan sus activos en el país, pero no puede dejar de atender a quienes necesitan más durante la pandemia, ni que las reglas sean parejas para todos.
El llamado en general, desde la legitimidad y la legalidad del gobierno y los empresarios comprometidos con el país, es al sector económicamente más posicionado en lo local y lo global, a ampliar sus capacidades y desplegarlas en territorio nacional.
El objetivo es lograr el dinamismo de la economía incluso en un contexto complejo, y para eso necesitamos el verdadero compromiso de todos.
Contacto:
Salvador Guerrero Chiprés es Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.
TW: @guerrerochipres
Twitter: @elconsejomx
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