La Fiscalía General de la República (FGR) decidió proceder contra ocho ex agentes de la Policía Federal (PF) que participaron en los hechos ocurridos en Tanhuato, Michoacán, el 22 de mayo de 2015, donde murieron 42 personas en un enfrentamiento armado con fuerzas de seguridad.
Uno de ellos, Álvaro Cuauhtémoc Escobedo despachaba como titular de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua.
Vendrán más detenciones y consignaciones, porque es uno de los hechos de violación a los derechos humanos más graves de la historia reciente.
Si bien la actuación de la Policía Federal resulta reprobable, desde cualquier punto de vista, lo que ocurrió respondió a una serie de hechos que vale la pena tener en cuenta.
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El 2015 resultó un año terrible porque el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) inició una ofensiva contra elementos policiales. Tan solo entre el 19 de marzo y el 1 de mayo, murieron en ataques de esa organización criminal 30 oficiales de distintas corporaciones.
Lo que ocurrió el día del trabajo resultó la gota que derramó el vaso, en un contexto de desesperación en la que se encontraban los agentes que se desempeñaban en la Operación Jalisco.
La muerte de 10 elementos de la fuerzas federales por el derribo de un helicóptero, perpetrado por sicarios del CJNG, afectó la moral de soldados y policías, porque en la aeronave viajaba un equipo especializado, que tenía varias medallas y que era ejemplo del combate a los bandidos.
Por ello se desató una búsqueda intensa de los implicados en el crimen y los encontraron el 22 de mayo en el rancho El Sol en Tanhuato.
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Aquello se convirtió en un infierno. Los agentes de la PF sabían a quienes se enfrentaban y no tuvieron contemplaciones, inclusive utilizaron un helicóptero Black Hawk desde el que se disparó desde el aire.
Los 42 muertos y tres detenidos, eran el resumen de una operación que se salió de control, o que nunca lo tuvo, porque lo que se quería era dar un escarmiento a los integrantes del cártel.
En su momento, se trató de explicar lo ocurrido por la lógica de una situación de muy alta violencia en Jalisco y Michoacán y de los riesgos que corrían los uniformados y en particular los que estaban enfrentado a redes criminales.
El problema es que en la trifulca se pasaron por alto todos los protocolos del uso de la fuerza y no existió la intensión de tomar prisioneros. Lo más terrible es que decidieron matar y eso no debe hacerlo nadie, mucho menos quienes tiene el deber de garantizar la seguridad y los derechos humanos.
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La escena del crimen se manipuló y los cadáveres fueron acomodados en lugares y posiciones distintas, para tratar de esconder las al menos 22 ejecuciones arbitrarias y los cuatro fallecimientos debido a las golpizas.
Tanhuato es un ejemplo de cómo no deben ocurrir las cosas, pero lo es también de las presiones que sufren quienes integran las fuerzas de seguridad, arriesgan su vida y reciben poco reconocimiento social.
En todo caso es triste que oficiales preparados terminen tras las rejas, cuando no existe una comprensión de la labor que hicieron en el pasado y de los tortuosos caminos que tuvieron que recorrer.
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