Hace apenas unos días, el presidente López Obrador anunció su intención de desaparecer los órganos constitucionales autónomos para que sus funciones sean absorbidas por la administración pública federal.
Los órganos constitucionales autónomos son parte del Estado mexicano, fruto de la evolución del Estado social, donde se ha confiado la regulación y supervisión a entidades especializadas que garanticen el funcionamiento eficiente de los mercados, la satisfacción de necesidades colectivas y la protección de derechos. Se trata de figuras que surgieron para construir una sociedad sobre bases democráticas, con contrapesos y salvaguardas para asegurar el contenido técnico de sus decisiones y aislarlas de intereses políticos.
Por ello, desaparecerlos sería un grave retroceso en la edificación institucional en la que hemos avanzado a lo largo de muchos años y debilitaría nuestra incipiente democracia.
Los contrapesos y la división de poderes están diseñados para fortalecer al Estado, porque crean instancias para revisar, cuestionar y asegurar que las decisiones de toda autoridad favorezcan el interés público. Así, contribuyen al ejercicio responsable del poder político.
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La construcción de las instituciones es un proceso largo y progresivo, que pasa por aprender, corregir y fortalecer, donde lo último que quisiéramos es regresar al punto de arranque.
En el caso específico del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), su desaparición significaría un retroceso de más de 25 años, considerando que fue en 1995, cuando se transitó a un nuevo régimen legal que en ese momento posibilitó abrir las telecomunicaciones a la competencia, y dio paso a la creación de un regulador especializado, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), como parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Durante sus años de existencia, la COFETEL evolucionó, pero, a pesar de las mejoras y ajustes, esa experiencia dejó ver la insuficiencia institucional de un regulador sujeto al control del Poder Ejecutivo, cuyas decisiones podían guardarse indefinidamente en un cajón de la SCT y nunca ejecutarse. La historia no nos enseñaría nada y caeríamos en el riesgo de nadar en círculos, si regresamos a modelos que ya intentamos y no funcionaron.
Incluso, hay que señalar que los retos regulatorios de ese entonces eran menos complejos que los que enfrentamos ahora, donde los temas del sector ya no sólo abarcan la brecha digital, la competencia y la inversión, sino también la libertad de expresión, la privacidad, la inclusión, la ciberseguridad, las noticias falsas y los derechos políticos.
Al ser órganos garantes de derechos fundamentales, extinguir al IFT y otros autónomos como el INAI, iría en contra del principio constitucional de progresividad de los derechos humanos.
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Por otro lado, estas instituciones requieren una elevada especialidad técnica y actuar con la mayor objetividad, por lo que fueron dotadas de autonomía constitucional para hacerlas más resistentes a la captura regulatoria.
Los órganos autónomos por su diseño cuentan con flexibilidad y capacidad de acción para determinar las mejores estrategias para cumplir sus fines, a través de facultades para definir su organización interna, aplicar su presupuesto en línea con los programas de trabajo que definan, ajustar sus procesos y emitir regulación específica, lo que sería imposible hacer como una entidad subsumida en el Poder Ejecutivo, lo que les restaría eficacia y los debilitaría frente a las complejas responsabilidades que tienen encomendadas.
El IFT se encarga de otorgar, supervisar y revocar concesiones que permiten ofrecer servicios de televisión, radio y telecomunicaciones, donde el internet se está convirtiendo en una plataforma esencial para la difusión de noticias, opiniones e ideas.
Hace algunas décadas, el monopolio del papel controlado por el Estado le dio a éste una influencia determinante sobre la prensa. Después, la capacidad de asignar las concesiones para radio y televisión como favores políticos con total discrecionalidad, amplió ese control e influencia gubernamental a la radiodifusión. Todavía quedan resabios de esa injerencia en la asignación del presupuesto público para publicidad, pero con la creación del IFT se transfirió el otorgamiento y revocación de concesiones al IFT, a través de licitaciones públicas, programadas y transparentes.
La libertad de expresión y el acceso a la información, así como el piso parejo en las contiendas electorales, dependen en gran medida de la independencia de los medios de comunicación, de allí el valor de mantener su concesionamiento y supervisión a cargo de una entidad autónoma.
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Lejos de regresar a modelos regulatorios del pasado, en el mundo se está dando un rico debate sobre la necesidad de adaptar los marcos normativos y los organismos reguladores a los retos de la economía digital.
Como fruto de esta discusión internacional para crear los arreglos institucionales y los marcos jurídicos que puedan impulsar un futuro digital responsable e incluyente, se va fortaleciendo la imagen de una autoridad independiente, especializada, transversal, con alcances no sólo en los temas tradicionales de la regulación y la competencia, sino también en la privacidad, el acceso a la información y el ejercicio de derechos ciudadanos.
Aunque tenemos mucho por hacer, es claro que las facultades y arquitectura institucional del IFT coloca a México muy adelante que otros países en la evolución institucional deseada, puesto que el Instituto es un regulador técnico y económico, pero también es autoridad de competencia y garante de derechos humanos. Esta y otras razones explican que desde el año de su creación haya pasado del lugar 62 al 19 de los mejores reguladores de telecomunicaciones del mundo, de acuerdo con la clasificación que hace la Unión Internacional de Telecomunicaciones[1].
La propuesta de absorber a los órganos constitucionales autónomos implica sacar adelante una reforma constitucional de gran calado, además del rediseño de un gran número de instituciones. Parece remoto en este momento que se pueda reunir la mayoría de votos requerida para una reforma de tal envergadura, pero todo podría suceder. Por otro lado, el T-MEC contiene el compromiso explícito de que México tenga un regulador de las telecomunicaciones independiente. El mismo tratado establece que el regulador de las telecomunicaciones no debe intervenir en la provisión de servicios de telecomunicaciones ni tener intereses financieros en ningún operador, lo que se incumpliría al llevar la responsabilidad regulatoria a la SCT, ya que esta secretaría tiene una concesión de espectro y un contrato de participación público-privada para la operación de la red mayorista Altán, además de que el Poder Ejecutivo, a través de la empresa pública CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, es titular de otra concesión para ofrecer servicios de telecomunicaciones.
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Pero no se trata sólo de preguntarnos si se puede hacer. Lo importante es cuestionarnos si nos conviene como país movernos en esa dirección.
El acceso a internet, así como las tecnologías de la información y la comunicación son habilitadores de derechos fundamentales tales como la salud, la educación, el trabajo, la justicia, los derechos políticos y de asociación. Asimismo, en los medios electrónicos de comunicación debe garantizarse el derecho a la información, la libertad de expresión, el derecho a la cultura, la diversidad y la pluralidad.
Dejar estos derechos sin tutela, o bajo el resguardo de una autoridad ineficaz y débil, no necesariamente por falta de voluntad, sino por las limitaciones de su diseño institucional, traería costos sociales enormes.
El debilitamiento de las instituciones es particularmente grave en este momento, donde se requiere estabilidad y confianza para sentar bases mínimas que nos permitan salir de la profunda crisis económica y de salud en la que nos encontramos. Más que nunca necesitamos un regulador experto, sólido y confiable que impulse la adopción tecnológica, genere certidumbre para las inversiones, cree cancha pareja y que lidere la inclusión digital, de forma que el acceso a las telecomunicaciones se convierta en la plataforma que abra las puertas al trabajo, la salud, la educación y la seguridad a todas las personas.
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No hay que perder de vista que las crisis siempre tienden a profundizar las desigualdades, por lo que lejos de debilitar las instituciones, será esencial su colaboración y consolidación para promover modelos de desarrollo incluyentes. En ese sentido, el IFT acaba de publicar su Hoja de Ruta donde marca vías de acción concretas y convoca a la colaboración con otros poderes públicos y la sociedad.
Finalmente, no podemos decir que los órganos constitucionales autónomos sean perfectos, pero sí que han sido un paso hacia delante en la construcción de nuestra democracia y que han dado mejores resultados que las instituciones que los precedieron. Diagnostiquemos sin filias ni fobias para corregir y fortalecer, pero sin echar por la borda el esfuerzo de tantas mexicanas y mexicanos de bien que han participado desde muchas trincheras para edificar un mejor país.
[1] ITU: ICT Regulatory Tracker https://www.itu.int/net4/itu-d/irt/#/tracker-by-country/regulatory-tracker/2019
Contacto:
* Economista especialista en competencia, regulación, ecosistema digital y género. Socia directora de AEQUUM. Presidenta de la red de mujeres CONECTADAS y excomisionada del IFT.
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
