¿Es necesario regular a las redes sociales? La pregunta es la misma, pero conforme pasa el tiempo, las razones para decir que sí no sólo se antojan necesarias, sino urgentes, sobre todo porque, sin quererlo, pero sí aprovechándolo, se han convertido en un foro necesario para la democracia, ya sea porque son una de las primeras fuentes de información para algunas generaciones o porque son herramientas propagandísticas eficaces, pero con una forma de actuar no sólo poco entendida, casi al margen de la ética.
¿Qué hacer en ese sentido? ¿Qué camino se debería seguir para que, al menos electoralmente, las redes sociales siguieran los principios de la democracia y no la de los algoritmos, que pueden ser torcidos, vulnerados o corrompidos a base de estrategias oscuras y carretadas de dinero?
Una metaregulación. Es al menos lo que propone el Foro para la Información y la Democracia. Fundado en septiembre en 2018 bajo el auspicio de 38 países y 11 ONG, el Foro propone trabajar sobre una regulación que permita a los países establecer cierta normativa que las plataformas deberían seguir para construir sus propias reglas sobre el contenido que podría publicarse.
Ello implica varios beneficios a la vez. En primer lugar, no tendría que legislarse sobre el contenido, hacerlo sería construir un modelo de censura y eso, en ninguna circunstancia es deseable en cualquier estado que se precie de ser democrático.
Ello debería permitir la posibilidad de que tanto plataformas como estados pudieran encontrar puentes que permitan un diálogo constante que lleve a una regulación pública que fomente la transparencia. Así, ninguna ley estaría cargada hacia los intereses del gobierno en turno o bien, privilegiando los intereses económicos de las plataformas.
Los principios legales deberían considerar en todo momento los derechos humanos internacionales legalidad, necesidad y proporcionalidad, legitimidad, igualdad y no discriminación.
Así, por una parte, el estado debería garantizar que cualquier expresión ideológica esté fuera de cualquier tipo de censura y los usuarios pudieran manifestar cualquier pensamiento sin ser increpados por ello. Y, por su parte, las plataformas podrían ser capaces de actuar en caso de información falsa o mal intencionada que pudiera afectar a las personas, como en el caso de la actual pandemia, sólo por citar un ejemplo.
Ello permitiría la paulatina revisión de los algoritmos de distribución de contenidos y las especificaciones que cada uno debería obedecer de acuerdo con el país en que fueran mostrados y al momento específico en que los usuarios se encontraran, por ejemplo, una pandemia o un proceso electoral.
Así, la responsabilidad de los contenidos seguirá recayendo sobre las plataformas y los gobiernos podrían coayudar en el diseño de los estándares de cada red social, privilegiando los derechos humanos. Una metaregulación, es decir una serie de reglas que les permita a las plataformas establecer sus propias normativas se vislumbra como un posibilidad de construir un estado democrático en el que la libre expresión y la protección del derecho a estar correctamente informados bajo los principios de equidad y pluralidad, deberían ser la medida de cualquier regulación digital.
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