La recién aprobada minuta en la Cámara de Diputados, que equipara en gravedad de sanciones a la defraudación fiscal con el crimen organizado, es una medida incompleta y que atenta contra los derechos humanos, expresaron la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Academia Fiscal Mexicana y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE).

“(Estas reformas) son insuficiente para competir ese flagelo (emisión de facturas falsas), ovacionarán diversas violaciones a los derechos humanos de los individuos y de las empresas que realizan sus actividades en México”, explicó Luis Curiel de la ANADE.

Refirió que esta medida, la cual pretende disminuir la defraudación fiscal, es poco funcional ya que sólo se centra en el aspecto tributario, “cuando la experiencia ha demostrado que las facturas aprócrifas son utilizadas en esquemas de aprovechamientos de recursos públicos”, como la Estafa Maestra.

Esta minuta probada por los legisladores “no desaletará este tipo de esquemas”, prosiguió, ya que lo que presente “es apartar un origen lícito a la entregada de recursos a determinadas personas y no a la evasión en el pago de contribuciones”.

Por su parte, Riguinaldo Esquer Félix, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex, dijo que estas modificaciones son como “matar a un pájaro con una escopeta que con rifle de precisión”, donde “pagarán justos por pecadores”.

Explicó que esta reforma “será cuestionada por posible inconstitucionalidad”, además que no comparten que la defraudación fiscal sea equiparada con delitos que atenten con la seguridad nacional.

Aclaró que esta mala práctica no pone en amenaza la seguridad nacional, “toda vez que se trate de omisión de contribuciones”, a menos de casos concretos de “operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuya comisión si ponga en riesgo la estabilidad financiera” del país.

El Estado debería usar sus recursos con precisión, abundó, para localizar de manera exacta y clara quienes realicen estas prácticas indebidas, por tanto, ahora “no podemos aceptar un sólo daño colateral, aún cuando sea por razones justificadas”.

Esquer Félix explicó que las tres asociaciones han apoyado iniciativas para combatir este tipo de delitos, ya que estas prácticas han afectado la recaudación del país, pero en acuerdo con expertos en temas fiscales no están de acuerdo en que se comparen con el narcotráfico, la trata de personas o el terrorismo.

Para combatir este delito, subrayó, han propuesto complementar el delito tipificado previsto en el 113 Bis del Código Fiscal de la Federación, para que así la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pudiera cuantificar la reparación del daño integral a favor de este organismo.

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