Conforme se acerca el cierre del periodo ordinario de sesiones en el Congreso, el 15 de diciembre, la polarización de las posiciones respecto a las vertientes y rumbo que debe tomar la industria energética se agudiza. ¿Dormirán las reformas el sueño de los justos?

 

 

 

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La polarización de las posiciones respecto a las vertientes y rumbo que debe tomar la industria energética, con Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como ejes centrales de la discusión, se agudiza conforme se acerca la fecha de cierre del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el próximo 15 de diciembre, y se presenta como el gran obstáculo a vencer para lograr acuerdos en beneficio del país.

Con la reforma energética pendiente como uno de los temas centrales a discusión en la agenda legislativa, los actores políticos y económicos plantean un panorama apocalíptico en el caso que diputados y senadores se inclinen por aprobar o rechazar la iniciativa en los términos que la envió el gobierno federal o la que propone el Partido Acción Nacional (PAN), en tanto el Partido de la Revolución Democrática (PRD) demanda una consulta ciudadana.

Por el lado del gobierno federal, se insiste en que el país, a pesar de contar con un gran potencial de reservas, corre el riesgo de convertirse en el corto plazo en importador neto de energía si no se reforman los artículos 27 y 28 de la Constitución en lo que se refiere a exploración, producción, transporte y almacenamiento de hidrocarburos.

El argumento del gobierno sobre la electricidad es que al abrir la explotación de gas al capital privado, se migraría completamente del uso de combustóleo a gas natural. En materia petrolera se trataría de obtener 62,000 millones de dólares anuales, desde 2014 a 2025, para revertir el proceso de declinación en la producción del crudo, para incrementar la producción actual de 2.5 millones de barriles de crudo promedio diario a 3 millones en 2018 y 3.5 millones o más hacia 2025. En cuanto al gas, la producción podría alcanzar los 8,000 millones de pies cúbicos en 2018 y 10,000 o más en 2025.

Dirigentes empresariales llaman con urgencia a que se apruebe la reforma energética porque calculan que en los siguientes 30 o 50 años garantizaría inversiones por 35,000 millones de dólares anuales, pero no queda claro cómo están calculando esas inversiones y qué se haría con los recursos derivados de esa reforma privatizadora.

En lo que coinciden las propuestas de los tres mayores partidos políticos, PRI, PAN y PRD, es en que debe darse mayor autonomía presupuestal a Pemex, para que pueda fortalecerse. En el resto difieren, sobre todo en lo que se refiere a la intervención del capital privado en aquellas áreas reservadas todavía al Estado por la Constitución.

En el Congreso se discuten las propuestas que presentaron por un lado el Ejecutivo, apoyado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y por el otro el PAN. El esquema de contratación es el tema fundamental que incluye la propuesta del PAN y los contratos de utilidad compartida en la producción y exploración de hidrocarburos como plantea la administración federal para elevar la producción de crudo.

En este tema el gobierno insiste que no se busca una privatización, pero sí una asociación en beneficio del Estado mexicano. Pero, este esquema donde las petroleras privadas compartirían las ganancias de la venta de los barriles de petróleo o gas natural con Pemex, una vez que el Estado coloque los energéticos en el mercado, genera temor entre las grandes corporaciones del sector y les resulta poco atractivo, según los expertos.

El planteamiento del PAN de compartir la producción de hidrocarburos con las petroleras privadas a través de contratos, que resultan más atractivos porque las empresas, al repartirse el producto de la extracción, tienen entrada en el mercado del crudo para su comercialización, como ocurre en países como Colombia y Brasil.

El PRD se coloca en la defensa de los hidrocarburos del país y su propuesta incluye cambios administrativos para Pemex sin modificar la Constitución y rechaza de plano las reformas a la Carta Magna para abrir el sector a la inversión privada. Los perredistas insisten en postergar la reforma energética para someterla a una consulta popular en 2015, y para lograrlo ya reunieron un millón 200,000 firmas, y esperan alcanzar el millón 650,000 firmas que exige la ley.

El bombardeo de información en sentidos opuestos y contradictorios sobre las posibles consecuencias de las reformas propuestas poco contribuye a dar claridad a quienes no están inmersos en el tema y quienes, aunque no estén involucrados en el sector energético, ya tienen una opinión muy formada o prejuiciada.

Por momentos, el debate ante los medios de comunicación sobre el contenido de las propuestas y destino del sector de energía parece un diálogo de sordos entre representantes de los partidos y corrientes políticas de izquierda, centro y derecha; legisladores, funcionarios y  líderes sindicales; especialistas, analistas y académicos; empresarios y dirigentes de organismos empresariales, además de empresas del sector, nacionales e internacionales.

Tanto así, que de seguir por ese camino, las propuestas dormirán el sueño de los justos en el Congreso, o el resultado de la reforma energética será producto, no de acuerdos y consensos sino de un juego de “vencidas” en el que ganará quien más maña y fuerza despliegue.

 

 

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