La falta de claridad para la implementación de contratos de utilidad compartida y la ausencia de un ordenamiento regulatorio ponen en duda los alcances de la propuesta del ejecutivo.

 

 

Por Roberto Arteaga, Viridiana Mendoza y Francisco Muciño

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La iniciativa de reforma energética dada a conocer por Enrique Peña Nieto está situada en la frontera de lo mínimo necesario para reordenar al sector, pero la ausencia de una propuesta para llevar a Pemex a los mercados y la falta de claridad regulatoria pueden convertirse en problemas de largo plazo.

Eliminar el monopolio constitucional y plantear una regulación transparente son tareas fundamentales para evitar que la reforma se considere un esfuerzo infructuoso. Los analistas consultados por Forbes.com.mx coinciden en estos puntos, sin embargo, también concuerdan en que el camino para lograr esta tarea no luce prometedor.

“El gran reto va a ser la aprobación de la eliminación del monopolio constitucional y posteriormente la implementación orgánica de la reforma. La propuesta está en la frontera de los cambios mínimos necesarios en el sector. Si no se aprueba como se propone, el riesgo es que resulte inútil”, advierte Luis Labardini, socio en Marcos y Asociados, consultoría en temas de energía.

Al retomar el proyecto de reforma de Lázaro Cárdenas, el gobierno podría haber buscado una mayor aceptación por parte de las fuerzas políticas de oposición, pero aún no queda claro cómo se implementarán conceptos como los contratos de utilidad compartida.

“Dejó mucho que desear, esperaba una reforma energética mucho más fuerte. Este esquema mantiene al país con un atractivo bajo para los inversionistas, al no plantear una toma de decisiones que le permita a las empresas involucrarse mediante inversiones más fuertes que requiere Pemex”, dice Miguel Rendón Valdés, director de la carrera de Administración Financiera en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)

¿Contratos 70-30?

El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, señaló que el esquema de contratos de utilidad compartida permite aumentar la participación del capital privado en las áreas de exploración y explotación y, al mismo tiempo, permite al Estado mantener la propiedad de los hidrocarburos, sin embargo, la estructura de este esquema no queda definido en el proyecto de reforma.

En su discurso, el presidente Enrique Peña Nieto mencionó que la reforma plantea “contratos de utilidad compartida”, pero al interior de la iniciativa no se encuentra esta figura como tal, indica Miguel Ángel Toro, investigador del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC).

“Los contratos que celebre Pemex con otras petroleras, le encargan al operador explorar y explotar yacimientos de tal o cual región. Bajo este tipo de contratos, no se pierde el dominio del recurso, porque todo se le tiene que entregar al Estado y él ya decide cómo pagarle, previamente acordado en un porcentaje de la venta”, destaca.

Luis Labardini explica, por su parte, que un esquema de utilidad compartida debe contemplar diversos tipos de contratos, por lo cual, para un proyecto de exploración de aguas profundas -donde el grado de riesgo es elevado para los participantes-, los contratos pueden implicar una utilidad de sólo 30% para el Estado y un 70% para la compañía privada que realice el proyecto.

“En campos de fácil acceso y con reservas probadas, la utilidad para el Estado debe ser incluso superior al 90%, pero en el caso de proyectos de aguas profundas, donde el riesgo es más alto, la utilidad del Estado pasaría a un 40 o 30%. Esto será difícil de asimilar en el legislativo, pues no se trata sólo de hacer proyectos atractivos para la iniciativa privada, sino de considerar el grado de riesgo, así es como funciona en este tipo de modelo alrededor del mundo”.

etapas del proceso exploratorio

El especialista explica que actualmente a Petróleos Mexicanos le cuesta alrededor de 150 millones de dólares iniciar un proyecto de exploración de aguas profundas, una inversión que implica la posibilidad de no encontrar reservas suficientes para que el proyecto sea rentable.

“Pemex ha iniciado 25 proyectos de este tipo y sólo dos han resultado productivos, hablamos de que al abrir las posibilidades a la inversión privada también se comparte el riesgo”, añade.

A principios de mes, Carlos Morales Gil, director de Pemex Exploración y Producción, declaró que la paraestatal requiere al menos 900,000 millones de dólares para explotar el potencial de 27,000 millones de barriles de crudo en reservas en aguas profundas, lo cual, al ritmo de inversión actual, tomaría 60 años.

Reforma incompleta

La reforma dejó de lado la posibilidad de que Petróleos Mexicanos coloque acciones en el mercado de valores, lo cual cierra la puerta a una fuente de capital fresco.

“El capital social de Pemex es negativo, esto indica que sus pasivos son mayores a sus activos. Se trata de una situación en la que la operación de la paraestatal no es sostenible en el largo plazo. En el corto plazo, la consecuencia es que no se puede invertir en desarrollo tecnológico y existe un rezago mayor. Este no es un problema que se resuelva con un régimen fiscal distinto”, advierte Luis Labardini, de Marcos y Asociados.

 

deterioro Pemex

 

En materia regulatoria, la propuesta presentada por el presidente Peña Nieto no deja claro si las comisiones Reguladora de Energía (CRE) y Nacional de Hidrocarburos (CNH) alcanzarán rangos de órganos autónomos del Estado, indica Luis Serra, investigador del CIDAC.

“Uno de los riesgos es que salga una reforma que sí abra la inversión, pero que no deje claro a esos dos órganos, a la CRE y la CNH, porque actualmente éstas dos ante Pemex y la CFE carecen de poder para regularlas, y tendríamos esta misma situación con las empresas que vayan a entrar al mercado”, explica.

Los analistas coinciden en que será necesario dejar claro que Pemex será un operador y no un regulador, pues es fundamental que se entienda que la Comisión Nacional de Hidrocarburos sería ahora el ente encargado de la asignación de contratos en representación del Estado.

“Sólo si la reforma plantea esta diferenciación se logrará el objetivo de que Pemex sea un competidor más y no un monopolio. Sin embargo, el reto inicial es lograr que todas las fuerzas políticas hablen en los mismos términos sobre la reforma, ese quizá sea el mayor reto”, advierte Luis Labardini.

El reto para el legislativo

Entre los principales puntos de discusión para el poder el legislativo destacan:

* Contratos de utilidad compartida, permisos del gobierno con Pemex y/o particulares para refinación petroquímica, transporte y almacenamiento

* Nuevo régimen fiscal de Pemex

* Reestructura de Pemex y sus subsidiarias en dos divisiones: Exploración y Producción y Transformación Industrial

*Mejora de las condiciones de transparencia y rendición de cuentas en Pemex

*Participación de particulares en la generación de electricidad

*Fortalecimiento a la Comisión Federal de Electricidad, mediante una mayor flexibilidad operativa y de organización, que ayudará a reducir costos.

* Reforzar las facultades de planeación y rectoría de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía

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