La Ley de Navegación y Comercio Marítimo, que restringe la operación de embarcaciones extranjeras, no fue abordada dentro del paquete de leyes secundarias, lo que traería incertidumbre jurídica a inversionistas extranjeros.
La iniciativa de leyes secundarias en materia energética, presentada el pasado 30 de abril, establece los mecanismos y las ‘reglas del juego’ que seguirán los inversionistas privados para entrar al sector.
El paquete de legislaciones incluye modificaciones a la Ley de Inversión Extranjera, que abre la puerta a compañías trasnacionales, que por muchos años han esperado la oportunidad para participar en la exploración y producción de hidrocarburos en territorio mexicano.
Pero la inversión privada puede encontrarse con otro obstáculo que no se contempló en la propuesta del Ejecutivo: la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, que restringe la operación de embarcaciones extranjeras, no fue abordada dentro del paquete de leyes secundarias, lo que traería incertidumbre jurídica.
Ley ‘olvidada’
La iniciativa de leyes secundarias contempla la creación de nueve leyes nuevas y modificaciones en 12 leyes existentes:
- Ley de Inversión Extranjera
- Ley Minera
- Ley de Asociaciones Público Privadas
- Ley Federal de Derechos
- Ley de Coordinación Fiscal
- Ley de Aguas Nacionales
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
- Ley General de Deuda Pública
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
- Ley Federal de las Entidades Paraestatales
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
Los cambios legislativos permitirían la participación de privados en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos mediante diversos esquemas y daría la posibilidad a Pemex de asociarse con otras compañías en proyectos de aguas profundas.
Pero una ley que no se abordó en la iniciativa podría ser un problema para los potenciales inversionistas.
El Artículo 40 de la Ley de Navegación dice que “la operación y explotación de embarcaciones en navegación interior y de cabotaje está reservada a navieros mexicanos con embarcaciones mexicanas”.
Benjamín Torres, socio y líder de la práctica Energía de Baker & McKenzie México, comenta que aunque en los cambios a la Ley de Inversión Extranjera se eliminan barreras para las trasnacionales, “existen algunas restricciones contenidas en la Ley de Navegación para operar embarcaciones extranjeras en aguas mexicanas”.
Un hueco en el mar
El director de Pemex Exploración y Producción, Gustavo Hernández García, dijo ayer martes en la Offshore Technology Conference en Houston, Texas, que el país tiene reservas 3P (probadas, probables y posibles) de 43,000 millones de barriles y recursos prospectivos por 100,000 millones de barriles, los cuales se encuentran en su mayoría en el Golfo de México.
“El objetivo es establecer alianzas con empresas líderes para explorar y producir en aguas profundas, yacimientos no convencionales, campos de crudo extra pesado y campos maduros”, agregó el directivo, que estima que se necesitan inversiones anuales de 60,000 millones de dólares (mdd) para aprovechar los recursos en hidrocarburos.
El 95% de la marina mercante en México sirve a la industria petrolera. Pemex Exploración y Producción demanda una flota costa afuera de embarcaciones abastecedoras, de mantenimiento, de construcción, de transporte de personal, remolcadores, barcos grúa, entre otros, según datos de la
Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (Cameintram).
Bejnamín Torres, de Baker & McKenzie, indica que podrían ajustarse ciertas disposiciones de la Ley de Navegación que permitan operar embarcaciones extranjeras de una manera más flexible.
Un reglamento ‘perdido’
Otro elemento que agrega incertidumbre al panorama es que la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, además de restringir operaciones a embarcaciones de otros países, carece de reglamento desde que se publicó en junio de 2006.
En 2012, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) presentó ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) un anteproyecto del reglamento para dicha ley, pero la entonces Comisión Federal de Competencia (CFC)
opinó que algunos artículos podrían tener efectos en contra de la competencia, como restricciones artificiales al número de oferentes o prestadores de servicios.
“Es urgente emitir el Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, pues sigue vigente el reglamento de la ley anterior (publicada el 4 de enero de 1994 y que actualmente se encuentra abrogada), lo que genera un alto grado de incertidumbre”, alerta Benjamín Torres, de Baker & McKenzie.
