- La legalidad y aplicación correcta de los contratos privados.
- Garantizar seguridad y transparencia a los inversionistas extranjeros.
- Mejorar la imagen de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad como verdaderas organizaciones transnacionales de clase mundial.
- Capitalizar rápidamente la reforma energética a través de la inversión extranjera, antes de que otros países en situación similar nos ganen terreno (por ejemplo, Irán). La Comisión Reguladora de Energía del gobierno federal estima que la inversión pública y privada en el sector podría alcanzar entre 90,000 y 100,000 millones de dólares en los próximos 10 o 12 años, gracias a la reforma.
Reforma energética: ojalá que llueva café
Por sí sola, la reforma energética no asegura el éxito. Se debe, además, trabajar en legalidad y aplicación correcta de contratos privados, transparencia a los inversionistas extranjeros y mejorar la imagen de Pemex y CFE.
Ojalá que llueva café en el campo… Así dice la pegajosa canción del dominicano Juan Luis Guerra en un deseo de que algún ser superior derrame “café” y bienestar sobre el pueblo de forma gratuita y fortuita. Evidentemente, sin propiedad privada ni respeto a la propiedad, capital para semillas y maquinaria, y seguridad en las inversiones será muy difícil que se coseche café.
Muchos en México y en el mundo quisieran que, en vez de café, en el país brotara gas y petróleo de la tierra. Pero sin cambios a las leyes y a la Constitución difícilmente se habrían creado las condiciones para ello. Por fortuna, la iniciativa del gobierno federal en materia de reforma energética finalmente fue aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo. Este hecho histórico, sin duda, genera las condiciones para crear el bienestar tan esperado por los mexicanos.
¿Qué fue exactamente lo que aprobó el Congreso? ¿Será suficiente para que mane petróleo de la tierra, trayendo consigo bienestar?
Los cambios más relevantes de la reforma energética, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre del 2013, fueron las modificaciones y adiciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todas estas enmiendas permiten la participación de particulares (capital privado) en la explotación (exploración y extracción) de los hidrocarburos en suelo mexicano, a través de contratos de utilidad compartida.
El artículo 27 constitucional sufrió el cambio más importante. Ya modificado, dice textualmente lo siguiente: “…Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos, las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos….”
En el artículo 28 se eliminó la petroquímica básica como área estratégica que ejerce el Estado y que no constituye un monopolio. Esto quiere decir que se permite la participación de particulares en la cadena de valor después de la extracción de los hidrocarburos. En este artículo también se incluye la creación del fideicomiso público llamado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuya institución fiduciaria será el banco central y tendrá por objeto recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos mencionados en el modificado artículo 27 constitucional.
Con respecto a la energía eléctrica, los cambios en el artículo 27 abren también la participación de particulares al mercado de generación de energía, sin que el Estado pierda el control del sistema eléctrico mexicano ni la exclusividad de transmitir y distribuir la energía de todo el país.
Cabe destacar que la reforma incluye la creación de un nuevo Consejo de Administración para Pemex, lo que deja fuera del Consejo al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
Todos estos cambios eran necesarios y urgentes. Para poner en contexto: hoy Pemex no produce gas ni gasolinas suficientes para satisfacer la demanda interna. México tiene que importar alrededor del 49% de las gasolinas que utiliza, a pesar de que exporta gran parte del petróleo crudo. Algo muy parecido ocurre con el gas: Pemex importa una tercera parte de lo que se consume.
Desde mi perspectiva, los propósitos generales de la reforma energética son los correctos: desarrollar, mejorar la eficiencia y modernizar la industria mexicana de los hidrocarburos bajo la rectoría del Estado. Las familias mexicanas se verían beneficiadas con nuevos empleos y con cambios en los costos de la luz, el gas, las gasolinas, etc. El gobierno estima que, con la reforma, la economía mexicana podría crecer cerca de un punto porcentual adicional para el 2018 y dos puntos porcentuales adicionales para el 2025. En términos de empleo, el gobierno estima crear cerca de medio millón de nuevos empleos para el 2018 y 2 millones para el 2025.
Desafortunadamente, la reforma, por sí sola, no asegura el éxito. Para obtener recursos valiosos se debe trabajar en lo siguiente:
