La propuesta de reforma hacendaria complementa lo que la energética no dice: ubica los mecanismos de participación de otras empresas en el modelo energético propuesto. ¿A quién le conviene este esquema?

 

 

 

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La propuesta de reforma energética, presentada por el presidente Enrique Peña Nieto en semanas anteriores, no dejó satisfechos a distintos actores del área, tanto nacionales como internacionales. Uno de los principales argumentos es que la propuesta no abre lo suficiente el sector como para que la empresas quieran participar junto con Pemex en los contratos de riesgo compartido.

En la reforma hacendaria, que tiene mecanismos complementarios a la reforma energética, se propone una iniciativa de Ley de Hidrocarburos, a las que los analistas han dado escasa atención, pero que representa uno de los documentos más relevantes de ambas reformas, pues marca la operación y los ingresos por la misma, de los contratos de riesgo compartido, así como los pagos y los márgenes de ganancia de las empresas que quieran participar en los esquemas de colaboración con Pemex.

Esta ley es relevante porque no únicamente establece un régimen de transición fiscal para Pemex, sino que ubica los mecanismos de participación de otras empresas en el modelo energético propuesto. Si la reforma energética se aprobara en el contexto planteado y esta ley también, habría escasa necesidad de modificar otros ordenamientos para adecuar el esquema energético actual.

Esta iniciativa no únicamente ubica a Pemex como contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, sino también flexibiliza la carga impositiva con base en las condiciones cambiantes de precios, tecnología y estrategias de exploración y producción. Dos dimensiones son relevantes en ello: por un lado, la posibilidad de recuperar los costos de inversión por parte de la empresa y, por el otro, la recuperación de mayor renta petrolera para el gobierno con base en la varianza de precios, producción o comercialización.

Esto también implica que el Estado mexicano y no Pemex sea el titular de los derechos de exploración y extracción, así como del petróleo que se ubica en el subsuelo, como un mecanismo distinto al que se viene aplicando. Si no hubiera reforma energética, esta ley permitiría una forma distinta de trabajo con Pemex, y si hubiera reforma, entonces serviría para lo anterior, pero también para regular la participación de otras empresas, de manera adicional a Pemex.

Es aquí donde se clarifican las reglas del juego para los participantes adicionales. De manera muy específica, la iniciativa establece los pagos por la ejecución de los contratos de riesgo compartido, así como las contraprestaciones para Pemex. Lo que entonces lleva a la pregunta: ¿es suficiente la reforma energética para despertar el interés de empresas privadas, nacionales y extranjeras para participar del nuevo modelo? La respuesta que surge después de una primera revisión a esta iniciativa es que no es suficiente y podría llevar a temas como los límites de los modelos de contratación, como los que se establecen en la reforma de 2008.

Los pagos se plantean de la siguiente forma. Un pago fijo mensual por el tiempo que dure la exploración, mismo que se incrementa a partir del mes 61, para generar incentivos y no abandonar zonas menos rentables. Un pago por una participación porcentual sobre los hidrocarburos producidos, fijada al precio, con el objeto de que si se incrementa el precio, también se incremente el pago. Finalmente, un pago por utilidad operativa para el Estado, así como una contraprestación para Pemex, si es el caso, en función de la rentabilidad del contrato, ubicando pisos de pago dependiendo de los costos, precios o producción.

Este esquema es favorable al Estado mexicano, pero no necesariamente lo es para Pemex o las empresas que decidan participar, puesto que el margen de utilidad que se mantenga será no únicamente sujeto a variación, sino que también una parte de la inversión estará fijada en contribución para el Estado, por lo que el margen de ganancia se reduce o resulta insuficiente.

La reforma energética no puede leerse sin la reforma hacendaria, pues es ésta última la que contiene diversos mecanismos que harían viable la propuesta anterior. Si bien los partidos han condicionado la aprobación de la primera a una reforma política, podría no pasar y funcionar bajo la iniciativa analizada. Pero si pasa, entonces el esquema de participación para las empresas distintas a Pemex no es favorable ni necesariamente atractivo.

 

 

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