El debate en el Congreso sobre la iniciativa de ley más importante de este sexenio está prácticamente definido. Sin embargo, su aprobación social no será tarea fácil. La protesta toca la puerta.
Por Alejandro Sánchez
César Camacho, presidente del PRI, hacía un llamado en la sede de la Confederación Nacional Campesina (CNC), el bastión campesino del PRI, el asunto: defender la reforma energética que lleva la firma de
Enrique Peña Nieto.
“Los cuatro millones de agremiados de la CNC respaldarán cualquier acción de la dirigencia para empujar el proyecto del Presidente y buscarán más aliados para dar la batalla en las calles”, dijo al calor de la reunión Gerardo Sánchez, secretario general de la CNC.
Ya con el periodo ordinario de sesiones en marcha, la reforma energética ya divide, ya genera encono.
Los 213 diputados del PRI y los 114 del PAN avalan la participación del sector privado en este rubro. El debate se concentrará en realizar
ajustes constitucionales, dado que sólo así es posible formar alianzas entre Pemex y los grandes jugadores privados del sector.
En contraste, las agrupaciones de izquierda se oponen tajantemente. Andrés Manuel López Obrador, cabeza del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), definió las primeras medidas su un plan de acción para impedir reformas a los artículos 27 y 28 constitucionales.
Los autores intelectuales
Hay que decir que la elaboración de la iniciativa estuvo a cargo de un reducido equipo cercano a Enrique Peña Nieto.
En primer lugar, destaca Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y principal consejero del Presidente. Ambos se conocieron hace cerca de 20 años, cuando Peña Nieto era diputado local en el Estado de México, y Videgaray trabajaba en Protego, el despacho de Pedro Aspe, ex jefe de la SHCP durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
En la iniciativa también habría participado Emilio Lozoya, el joven director de Pemex, de sólo 38 años, y también ex integrante de Protego.
Otro involucrado es Aurelio Nuño Mayer, quien fuera vicecoordinador de Planeación Estratégica del
PRI en el Senado de la República durante la IVIII y LVIX legislaturas; así como coordinador de asesores de Luis Videgaray cuando éste se desempeñó como presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
A estos funcionarios se sumó un político que no está en el gabinete, pero que estuvo cerca de Peña Nieto desde la candidatura presidencial como asesor en temas energéticos: Francisco Labastida Ochoa.
Las posturas
El gobierno de Felipe Calderón intentó, en 2008, cambiar la Constitución para permitir la inversión privada en el sector energético, pero no tuvo el apoyo del PRI. “En alguna reunión, llegaron (funcionarios del anterior gobierno del pan) y dijeron: ‘La buena noticia es que el PRI está dispuesto a apoyar la reforma; la mala es que lo hará sin reforma constitucional’”, recuerda Jesús Reyes Heroles, quien fuera director de Pemex en aquel entonces.
El intento panista derivó en un cambio parcial que dejó intacto el Artículo 27 Constitucional e introdujo la figura de los contratos integrales. Pero estos no han resultado atractivos para las empresas privadas.
Esta vez, los priístas están decididos a defender un modelo que profundice la participación privada. “Me estás preguntando cosas que ya están en el ámbito de la política y que se reservan a la política”, contesta de mala gana Marco Antonio Bernal, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, cuando se le piden detalles de la estrategia de defensa que desplegarán.
El asunto energético también modifica la mecánica de concertación que el gobierno de Peña Nieto implantó en anteriores
reformas. Las dirigencias del PRI, PAN y PRD se reunían en privado con representantes del gobierno federal para definir una agenda común del Pacto por México. Así se cocinaron las reformas laboral, educativa y de telecomunicaciones.
Pero en materia energética, cada partido, con excepción del PRI, sacó su propia iniciativa.
El PAN presentó el último día de agosto su propuesta de reforma, pero no explica por qué sustituir el régimen actual. “Estamos en la reforma constitucional; una vez que la aprobemos habrá una reforma a 12 leyes secundarias y allí ya tendríamos que ver bajo qué contratos, bajo qué porcentajes (se permitirá la participación privada en la explotación petrolera)”, dice Jorge Luis Preciado, coordinador del pan en el Senado.
El PRD, también integrante del Pacto por México, presentó su propuesta en la que sostiene su postura de no permitir cambios constitucionales y dotar gradualmente de autonomía presupuestal a Pemex.
Los tiempos políticos
La aprobación de esta reforma no será nada fácil.
El PAN le pone precio a su apoyo a la
reforma energética que el PRI rechazó hace cinco años. Condiciona la negociación a que el PRI y el gobierno acepten una reforma política electoral que incluya la reelección de legisladores y alcaldes e impulse la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, cuando el margen de votación sea cerrado.
Las fuerzas políticas acordaron abrir un periodo extraordinario de sesiones, para discutir las reformas electoral y financiera. El debate sobre la reforma energética, entonces, se registrará con mayor fuerza a partir de septiembre.
Sin embargo, éste se verá contaminado por otros dos asuntos de gran calado: la reforma fiscal y la lucha por la partida presupuestal 2014. La propuesta prevé aumentar la recaudación en un 1.4% del PIB, además del otorgamiento de cobertura social, seguro de desempleo y pensión universal; el esquema entregado al congreso plantea la eliminación del IETU, IDE y la desaparición del régimen de consolidación fiscal para empresas. Ademas el gobierno federal estimó en 3.9% el potencial de crecimiento de la economía mexicana.
Conclusión: esto pasa cuando hay políticos que creen que basta un día para resolver los grandes problemas de un país.
Pero la batalla se dará en las calles. La iniciativa de Peña Nieto le dará a AMLO la oportunidad de regresar a la escena política, aunque a muchos políticos no les guste esta idea.
“Esto (la discusión de la reforma) no es un asunto de gritos en la calle sino de votos y acuerdos políticos”, dice Marco Antonio Bernal.
