La IP denuncia que la eliminación del régimen de consolidación fiscal implicará pérdida de competitividad y menor atractivo de inversión; analistas coinciden en que la reforma apuesta a mayores cargas para contribuyentes cautivos en vez de optar por una mayor base recaudatoria.       La fórmula para la reforma fiscal podría estar lejos de una propuesta integral pues los objetivos están dirigidos a sistema tributario sostenido por los mismos contribuyentes  en lugar de ampliar la base recaudatoria,  así lo señalaron ejecutivos de la Iniciativa Privada y analistas quienes incluso advirtieron efectos adversos ante algunas de las iniciativas. En el marco de la presentación de la propuesta de reforma Hacendaria, Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que la iniciativa privada deberá analizar el impacto de esta propuesta de elevar la recaudación en1.4% sobre los costos empresariales. “Al final el sector privado va a seguir contribuyendo, nos hubiera gustado ver un esfuerzo por ampliar la base de contribuyentes. Vamos a revisar de manera puntual este 1.4% de recaudación del PIB, vamos a ver qué costos adicionales implicará. Lo que calculamos es que es el sector el que privado tendrá que hacer un esfuerzo”, señaló. En opinión de Claudio X. González, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, la desaparición del régimen de consolidación fiscal implicará una pérdida de competitividad y una merma en el atractivo de inversión del país. “Le quita competitividad a las empresas y no es conducente a un mayor crecimiento en el país. Es una reforma recargada al sector privado, que es el debe pagar impuestos, pero también generar empleo y riqueza, hay que ver toda la reforma y será muy importante también vigilar que se usen bien los recursos, con eficacia y transparencia”, dijo.   ¿Reforma integral? La reforma hacendaria se enfrenta a una discusión álgida y a un diálogo complicado con la iniciativa privada, sobre todo si se considera que se prevé sólo un impacto de 1.4% en el ingreso (que elevaría la proporción de ingresos tributarios a alrededor del 20% del PIB, inferior al promedio de entre 30 y 40% de la OCDE) con medidas enfocadas a aumentar los impuestos a quienes ya pagan. “ Es una reforma que dista mucho de ser integral, trata de ser recaudatoria pero se queda corta al no modificar el tema del IVA, finalmente grava a los mismos de siempre, a las grandes empresas y grava de manera muy importante a las personas físicas cautivas. Para los asalariados incrementa la tasa de ISR y limita las deducciones personales, gastos médicos y transporte escolar, no se eliminan, pero se limita el importe al que podíamos tener acceso hasta 47,000 anuales en deducciones, es volver a recargar el hombro en los mismos contribuyentes”, explica Luis Sánchez Galguera, socio especialista en Impuestos Corporativos de Deloitte. Adicionalmente, la reforma podría tener un impacto negativo en los mercados en el corto plazo. “Al imponer un impuesto sobre las ganancias a la BMV se desincentiva la inversión de cartera a la vez que se incentiva la inversión productiva, pero el efecto en el corto plazo será un cambio en las posiciones de inversión que lleven a caídas en la bolsa y a un cambio en la expectativa de rendimiento para el cierre de este año”, señala Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.   Adiós a la consolidación El régimen de consolidación fiscal permite la aplicación inmediata de las pérdidas fiscales en el ejercicio en que se generen, el objetivo es optimizar el flujo de efectivo a través del diferimiento hasta en cinco ejercicios del pago de impuestos sobre la renta. Justo este punto causa controversia, Luis Sánchez señala que la eliminación del régimen de consolidación obedece más a temas políticos que de eficiencia recaudatoria, sin embargo, dice, la medida resulta desalentadora pues el esquema de incentivo les permitía a las empresas tributar bajo un régimen neutral. La reforma plantea sustituir el régimen por un nuevo esquema más sencillo y fácil en su aplicación, el cual prevé la posibilidad de usar utilidades y pérdidas de las distintas empresas del grupo pero con una limitación de tres años en la posibilidad de diferir los impuestos. “Hay un impacto importante para estos grupos porque hay un pasivo reconocido que tendrán que pagar por el diferimiento de los últimos cinco años en la consolidación fiscal que implica ya un desembolso por la salida del régimen, pero habrá que ver la estructura para poderse incorporar al nuevo esquema que se llamará de integración. Nos parece que no es exactamente el camino para lograr esa recuperación en la recaudación”, afirma. Se estima que el monto que las empresas han registrado en el régimen de consolidación fiscal ronda los 9,000 millones de pesos, de ahí que el analista de Deloitte considere que la medida podría tener un impacto significativo sin ser una piedra angular para la recaudación. “La cantidad es muy pequeña comparada con lo que necesitamos de incremento en la recaudación, sobre todo si consideras que la premisa que había en el IVA a Alimentos y medicinas rondaba los 130,000 millones de pesos”, añade.

 

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