En medio de la peor crisis del país en las últimas tres décadas, un paquete de reformas a la seguridad social, que incluyen un aumento en la cuota obrero-patronal, entró en vigor el día de hoy en Nicaragua, provocando rechazo de parte de sectores empresariales que alertaron de efectos negativos de esas medidas.

Pese al rechazo de diversos sectores, incluidos economistas e inversionistas, las reformas al Reglamento General de la Ley  de Seguridad Social anunciadas el pasado lunes por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), entraron en vigor.

De acuerdo a la Ley, a partir de ahora la cuota de las empresas y de los empleados se eleva en 3.5% y 0.75%, respectivamente. Lo que significa que las empresas con más de 50 empleados pasarán de pagar un 19% de cotizaciones a un 22.5% y los trabajadores pasaran de un 6.5% al 7%. Las que tengan hasta 50 plazas pagarán 21.5%.

De igual manera se reducirán hasta un 30% los montos de las nuevas pensiones, que además se entregaran sin mantenimiento de valor por el deslizamiento de la córdoba respecto al dólar y adicionalmente el INSS eliminó el salario máximo cotizable, que hasta hoy es de 96,841 córdobas,  2,984 dólares al cambio oficial de hoy, ordenando que todos los trabajadores deberán cotizar en base de su sueldo real.

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Al respecto la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) ha afirmado que dichas reformas, junto con los cambios que estudia el Parlamento a la Ley de Concertación Tributaria, “tendrán un efecto negativo en la economía” de Nicaragua.

La Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) advirtió que el precio del 70% de los productos de la canasta básica podría dispararse hasta un 50% como producto de las reformas.

Las principales patronales, aglutinadas en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), también han rechazado las reformas, por considerar que no ofrecen una solución al problema de fondo que es la crisis sociopolítica, de la que señalan al presidente Daniel Ortega como principal responsable.

Esta reforma fiscal ha sido propuesta por el Gobierno para aumentar la recaudación dada la caída de la economía a raíz de la crisis, que comenzó en abril pasado precisamente por unos cambios a la seguridad social que luego fueron anulados en un intento fallido por contener el descontento popular.

 

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