Reuters.- Los bancos británicos tendrán que presentar un análisis más detallado para justificar el cierre de una sucursal, la reducción de los horarios de apertura o la conversión de un cajero automático gratuito a uno de pago, según propuso el martes la Autoridad de Conducta Financiera.

El Parlamento británico está preocupado porque los clientes vulnerables, sobre todo en las zonas rurales, tienen dificultades para acceder a una sucursal bancaria y al dinero en efectivo.

Las transacciones sin contacto y las tarjetas han superado al efectivo como forma más popular de realizar un pago.

La Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés) ya había emitido en septiembre de 2020 una guía para los bancos sobre cómo deben abordar cualquier cierre de sucursales, pero el organismo de control dijo el martes que algunos bancos se han “quedado cortos” en lo que deberían hacer.

El organismo propone una versión más estricta de las directrices para incluir los cierres parciales de sucursales, como la reducción de horarios y de servicios, como la supresión de un mostrador.

“Sabemos que en algunos casos las empresas toman la decisión de cerrar sucursales que siguen siendo utilizadas por un número significativo de clientes”, dijo la FCA en un comunicado.

“También hemos visto que las empresas toman la decisión de eliminar instalaciones como los servicios de ventanilla de las sucursales, o de reducir de forma permanente y significativa las horas de apertura de las mismas”.

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Algunos bancos y sociedades de crédito hipotecario no están haciendo lo suficiente para comprender adecuadamente el impacto de estos cambios y para mantener a sus clientes informados, dijo.

“También se incluye en las propuestas la ampliación de las comunicaciones a otros grupos, como las organizaciones benéficas locales y los ayuntamientos, para tener en cuenta el impacto más amplio de los cambios en los servicios”, dijo la FCA.

El mes pasado, el Ministerio de Economía británico propuso una normativa que otorga nuevos poderes a la FCA para proteger el “acceso al efectivo” y garantizar la disponibilidad continuada de servicios de retirada y depósito a nivel local.

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