República Dominicana representa las dos caras de una misma moneda: por un lado un crecimiento económico envidiable y por el otro cifras de pobreza que demuestran que una parte significativa de la población está estancada. 

 

Por Geizel Torres

República Domi­nicana lo tiene todo”, dice el refrán que promociona al país alrededor del mundo, y es literalmente cierto. Este país es una de las economías latinoamericanas de más rápido creci­miento en la última década, y las perspec­tivas de crecimiento para este año son muy positivas. Se proyecta que la economía crezca un 3.9%, esto significa que los vati­cinios superan las expectativas de 2013 cuando solo se alcanzó un 2.5%, pero las buenas noticias siguen y se vislumbra un 2015 aún mejor.

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Además, un sector fundamental para la economía, como lo es el turismo, está en su época de “vacas gordas” pues se espera un incremento del 8% para este año. Sin duda, este es el resultado de políticas de promo­ción acertadas y de una cuantiosa inversión en infraestructura que ha venido a poten­ciar el sector.

Pero a finales de febrero el Banco Mun­dial (BM) presentó un informe que pone en pers­pectiva la paradoja de ser “el rico pobre” de la región. El tema no es nuevo para las organizaciones no gubernamentales que estudian el comportamiento de la econo­mía dominicana, ni tampoco es un asunto que se limita a un gobierno, sino que es un problema de Estado.

El remonte que tuvo la economía luego de la crisis económica de 2003-2004 que empujó a miles de dominicanos a la pobreza, no ha podido subsanarse y desde entonces se arrastran cifras en desarrollo humano que opacan los logros alcanzados.

El 40% de los dominicanos son pobres a pesar de tener habilidades o activos para generar un ingreso mayor. Entonces, ¿dónde está el problema? El BM lo resume en una sola frase: “No hay conexión entre el desarrollo alcanzado y el desarrollo humano”.

Imagine una familia donde por circuns­tancias de la vida, unos lograron terminar sus estudios y conseguir trabajos bien remunerados, mientras que los otros pasan muchas dificultades para vivir y todos viven bajo el mismo techo.

Asalta la pregunta, ¿puede progresar una familia en tales condiciones? Y la respuesta es no. No solo porque es injusto, porque la desigualdad da al traste con las metas pro­puestas de eliminar la pobreza, sino porque puede tener consecuencias que a la postre le pasan la factura a la sociedad. Entre ellas, y quizás la más grave, el debilitamiento de la democracia.

Esta situación preocupa a muchas orga­nizaciones no gubernamentales y estatales que ven en la incapacidad de distribuir la riqueza una inmensa piedra en el zapato con el que se avanza hacia el desarrollo.

Para Rita Mena, Coordinadora de Desa­rrollo Humano del Programa de las Nacio­nes Unidas para el Desarrollo (PNUD), las brechas existentes son muy grandes si las comparamos a nivel internacional, pero a lo interno, deberían preocupar más. No hace falta ir muy lejos para comparar.

En el Distrito Nacional se encuentran los mejores índices de desarrollo humano, mientras que a unos cuantos kilómetros al Norte, en la provincia de Monte Plata, se encuentra una situación completamente distinta.

“El contraste entre el desarrollo del Dis­trito Nacional y Monte Plata se replica en prácticamente todo el país. Las oportuni­dades no están disponibles para todos en la misma proporción. Hay vacíos importantes de acceso a educación, salud y saneamiento básico; y lo que termina agravando aun más la situación es el mercado laboral”, asegura la experta.

Y es que cerca del 83% de toda la población dominicana gana menos de 33,000 dólares que es el salario base para descontar impuestos sobre la renta, lo que quiere decir que no solo un gran por­centaje de la población devenga ingresos bajos, sino que el Estado tampoco percibe ingresos por impuestos. Además debemos sumarle el gran porcentaje de la clase trabajadora que se encuentra en el sector informal, y que según las cifras oficiales supera el 50%. La mayoría no cuenta con ningún tipo de protección, no tienen seguro médico, ni acumulan fondos de retiro y en muchas ocasiones el salario se establece sin ninguna consideración sobre el costo de vida.

La parte del ingreso es precisamente una de las piezas claves en el tema de desigual­dad. Veamos este ejemplo: el BM señala que una persona vive en estado de pobreza cuando sus ingresos diarios son menores a 4.70 dólares por día; o sea 108 dólares (es decir, unos 4,684 pesos de República Dominicana) al mes. Hasta julio de 2013, con el nuevo ajuste salarial imple­mentado por el gobierno los empleados que trabajan para empresas pequeñas tienen un salario mínimo de 6,880 pesos de República Dominicana. Quienes devengan este sueldo, viven en una franja altamente vulnerable a la pobreza o llegan a tener episodios de pobreza transitoria.

Para Mena, la situación laboral es muy preocupante y el problema se agudiza cuando se analiza el tema de género, ya que las mujeres pueden ganar entre un 22% y 50% menos que los hombres, aun teniendo niveles similares o más altos de educación.

Pero esta desigualdad no solo se hace presente en el formal o informal, a nivel del aparato estatal pueden observarse grandes diferencias salariales en una misma insti­tución.

“Los problemas vinculados al estanca­miento que tenemos en desarrollo humano están vinculados, en gran medida a la situa­ción laboral”, dice.

La falta de acceso de servicios públicos de calidad es otro causante de la desigual­dad. A pesar del avance en el gasto en edu­cación, otras reformas urgentes como en sector salud se han retardado y no han sido priorizadas en la asignación de recursos.

 

No es un asunto de Gobierno, sino de Estado

Muchos de estos cambios tienen un costo político que no muchos quieren asumir. Según Mena, uno de los primeros pasos es revisar las políticas fiscales: “Se necesita la implementación de una política fiscal que apunte a la redistribución, además de analizar estructura del sistema tributario y la incidencia del gasto”. También queda mucho por hacer en cuanto a la trans­parencia, la sostenibilidad y el fortaleci­miento de las instituciones del Estado “y por supuesto el combate a la corrupción, que son temas que vienen a fortalecer la confianza de los ciudadanos en el Estado”.

Asimismo hay que determinar si el gasto está llegando verdaderamente a la parte de la población que más lo necesita, ya sea en proyectos de inversión o programas socia­les. Además determinar la incidencia de estos programas en la población, de modo que se pongan más recursos públicos en los que impactan positivamente a la población y reconvertir o eliminar los proyectos que no son efectivos. “No podemos ser pesi­mistas y decir que no lo podemos lograr, hemos dado pasos importantes: por pri­mera vez el país cuenta con una estrategia nacional de desarrollo y se han logrado consensos en temas vitales”, apunta Mena.

Si no lo hacemos, la cohesión social que debe existir para empujar todos hacia el desarrollo del país se pierde. De hecho, un informe del PNUD sostiene que no corre­gir la igualdad puede traer consecuencias serias. No solo obstaculiza el desarrollo económico y se estancan los índices de bienestar social sino que a nivel social puede llegar a debilitar la vida democrá­tica, como ya hemos visto en algunos países de la región.

 

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