El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que las restricciones a importar combustibles provocan desabasto y distorsiones de mercado en las industrias de lubricantes y aditivos, resinas sintéticas y plásticos, automotriz, fibras sintéticas y textiles, jabones y detergentes, hules, llantas y mangueras, amoniaco y fertilizantes, manufacturas eléctricas y componentes para equipos médicos, entre otros.
“El CCE y los organismos que lo integran externamos nuestra preocupación por el grave impacto generalizado que tiene en las cadenas productivas el decreto publicado el pasado 23 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, sobre las medidas para el combate al mercado ilícito de combustibles, relacionadas con la importación de mercancías reguladas por la Secretaría de Energía”, declaró el organismo dirigido por Francisco Cervantes Díaz en un comunicado.
El sector privado reconoció los esfuerzos hechos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para combatir el mercado ilícito de combustibles.
Recordó que la comunidad empresarial realiza importaciones constantes de productos que no se producen en el país, cuyo abasto es insuficiente, con el propósito de continuar siendo un proveedor
confiable para las diferentes industrias establecidas en México, así como para la fabricación de los productos que exportamos al extranjero.
Declaró que las medidas no arancelarias desproporcionadas para el comercio internacional de los materiales y los tiempos excesivos para la revisión y autorización de las solicitudes y avisos afectan considerablemente la integración de las cadenas de valor, lo que está provocando un enorme daño a los sectores clave de la industria nacional.
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Afirmó que hay un desabasto de materias primas, por lo que las industrias mencionadas verán afectada su producción en México, así como sus capacidades de exportación.
Expresó que el decreto genera graves distorsiones en múltiples cadenas productivas, afecta el suministro de productos e insumos para otras industrias que usan químicos y lubricantes para su operación, pone en riesgo inversiones realizadas en terminales hechas para importar ciertos productos, desestabiliza el mercado y deja a las empresas privadas sin capacidad para operar correctamente en el país.
El sector empresarial consideró que el decreto envía un mensaje negativo para la inversión de empresas globales que buscan relocalizar sus operaciones en México, mermando el crecimiento económico del país y su prestigio como exportador a nivel mundial.
“Hacemos un llamado al Ejecutivo federal y a las autoridades en la materia, para dialogar y encontrar juntos medidas más eficaces y menos dañinas para la industria”, manifestó el CCE.
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