Estudios del Banco Mundial establecen que cuatro de cada 10 dominicanos viven en la pobreza a pesar de los altos niveles de cre­cimiento del Producto Interno Bruto (PIB). El país duplica la tasa de desempleo de la región, con 15.2%.

 

Por Eduardo Valcárcel Bodega

 

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República Dominicana ha sido el país de mayor crecimiento económico de América Latina y el Caribe en los últimos 50 años y el menos volátil, exceptuando los impactos de los fraudes bancarios de 2003 y de la crisis financiera internacional que comenzó en Estados Unidos en 2007. Sin embargo se le critica aunque sea el de mayor crecimiento eco­nómico en la región, y es donde prevalece el mayor grado de desigualdad e iniquidad social. Estudios del Banco Mundial establecen que cuatro de cada 10 dominicanos viven en la pobreza a pesar de los altos niveles de cre­cimiento del Producto Interno Bruto (PIB). El país duplica la tasa de desempleo de la región, con 15.2%.

Superar esa realidad conlleva grandes retos para el país. El primero que se le ha sugerido en los últimos años es trasformar el modelo económico que ha tenido en las tres décadas más recientes, basando sectores vulnerables a variables econó­micas externas: turismo, zonas francas, remesas e inversión extranjera directa. La Estrategia Nacional de Desarrollo (END) tiene ese propósito, pero se necesita volun­tad política para lograr la meta.

El país está obligado a pasar de un modelo económico sustentado en exportaciones de bienes y servicios de bajo valor agregado hacia otro cuya producción demande mano de obra calificada y mejor pagada. De ahí la importancia de profundizar el uso eficiente y racional de 4% del PIB en la educación. De sus escuelas tienen que salir cere­bros capaces de competir exitosamente en la era de las tecnologías de la información y la comunicación.

Tal como plantean los documentos preparados por el Centro de Investigación de la Universidad de Harvard, si se quieren alcanzar la metas de la END, de cambiar la estructura del empleo (56% informal-44% formal) hacia una estructura 60% formal-40 informal en 2030; de reducir el desempleo de 15.0% a 6.0%, y de bajar la pobreza a 15%, en 2030, debemos implantar políticas públicas favorables al desarrollo económico de los sectores en los que es posible aprovechar sus ventajas competitivas.

Por ejemplo, pasar del modelo todo incluido en el sector turístico hacia un tipo de turismo de mayor calidad, a fin de recibir no sólo más visitantes sino también que gasten más en el país. Para ello se debe seguir invirtiendo en los polos turís­ticos (Higüey, La Romana, Puerto Plata y Samaná), pero añadiendo rutas de atracti­vos turísticos de montaña o ecológicos, por mencionar algunos, sacando a los turistas de los resorts.

Además, el país debe seguir impulsando la modernización de la agricultura, en la que tiene oportunidades de exportar de manera competitiva y aprovechar los esquemas de cooperación que brinda la Unión Europea. Ahí está el caso de la exportación de banano orgánico al viejo continente. Es posible exportar frutas y vegetales orgánicos a Estados Unidos y otros países de la región; sin embargo, no se está aprovechando al máximo.

En el renglón de la competitividad industrial, República Dominicana no saca las mejores notas en la publicación del Foro Econó­mico Mundial (WEF). En esta situación inciden el alto costo de la energía, la corrupción gubernamental, la baja calificación de la mano de obra, los trámites burocráticos para obtener permisos y la legislación laboral, entre otros. En los últimos años el país ha avanzado  en corregir buena parte de estos obstáculos, pero necesita quintu­plicar los esfuerzos si queire salir de la lista negra.

Otro reto es la firma de los pactos fiscal y eléctrico, que demandan los agentes económicos. Cumplir con la deuda social de sacar a más de cuatro millones de la pobreza requiere de un Estado con recursos financieros para implantar las políticas públicas correspondientes. Ejecutar las obras de infraestructura o las necesidades sociales también demanda grandes cantidades de recursos que el Estado debe buscar y su fuente principal son los impuestos. De igual forma, esta nación no aguanta más apagones, ni las finanzas públicas soportan erogar más de 1,300 millones de dólares anuales en subsidios generalizados. Ahora bien, no se le puede hablar a la población de estos pactos sin despolitizar ambos temas, y sin el compromiso oficial de hacer un uso racional de los recursos públicos, priorizando aquellas obras que realmente contribuyan al bienestar de la población, y reduciendo el despilfarro y la corrupción a su mínima expresión.

 

 

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Eduardo Valcárcel Bodega es vicepresidente de comunicaciones y relaciones institucionales de Orange Dominicana.

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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