Existen varias cuestiones por resolver en torno de la reforma energética antes que los inversionistas extranjeros apuesten decididamente por proyectos en la materia en México.

 

 

La presentación de la iniciativa de leyes secundarias es un evento clave dentro del cronograma para reformar el sector energético mexicano. La propuesta del gobierno federal busca no sorprender ni a la comunidad inversora ni a los mexicanos. Inclusive se puede observar que el gobierno ha escuchado a los financieros internacionales, conservando las cuatro formas contractuales de la reforma y confirmando que las reservas pueden ser «apartadas». También se detalla cómo la Secretaría de Energía (Sener) proveerá los lineamientos técnicos, mientras que la Secretaría de Hacienda (SHCP) establecerá el sistema de impuestos y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) será la responsable de procurar, procesar y administrar los contratos. Sin embargo existen varias cuestiones por resolver antes que los inversionistas extranjeros apuesten decididamente por proyectos energéticos en México.

 

Retos en términos fiscales

La Secretaría de Hacienda será la entidad crucial en la práctica, pues le corresponde valuar los campos que contienen petróleo y gas, así como establecer los términos fiscales de los contratos. Por ahora se espera que la SHCP realice una valuación individual de los activos, que requiere un proceso lento y retrasa la velocidad de la reforma. Además, no es el esquema de valuación favorito de la comunidad inversora, acostumbrada a trabajar con una valuación por clase de activo. La comunidad de inversión también esperaba un plan de trabajo con bonos y acciones, especialmente para proyectos identificados como de riesgo alto a muy alto, los cuales le pueden ayudar a optar por invertir en otros países. Otro punto muy importante será el de los impuestos suntuarios, que gravarán actividades puntuales, y que actuarán como mecanismos de ajuste. Si estos gravámenes son demasiado onerosos, disminuirá el apetito de inversión.

 

Retos en términos legales

Los dos grandes retos en términos legales son la propiedad del suelo y la responsabilidad en caso de desastre –especialmente explosiones o derrames de crudo–. En el primer concepto, el Estado mexicano conservó la propiedad sobre el subsuelo y sus hidrocarburos. Aunque existe la posibilidad de transferir legalmente barriles con crudo a las compañías petroleras, éstas prefieren saberse dueñas del subsuelo. ¿Quién valuará los costos de la tierra? ¿Cuál será la velocidad de transferencia de propiedad? Para mejorar la atracción de inversión se tendrían que ofrecer regalías y tasas de impuesto muy bajas.

En el segundo concepto, la responsabilidad legal en caso de desastre también causa escozor, especialmente si es por la negligencia por parte de empleados de las compañías. Los inversionistas recuerdan las tragedias de Macondo y Deepwater Horizon y se preguntan ¿cuáles serán los límites de responsabilidad civil y penal?, ¿existirán casos de responsabilidad ilimitada?, ¿quién tiene derecho a demandar en representación del Estado mexicano? Además, las leyes secundarias prevén que los juicios se realicen ante juzgados mexicanos y en español. Los inversores no sólo preferirían utilizar tribunales internacionales, sino que esperan garantías de que el sistema de justicia es absolutamente independiente de otros actores de los ámbitos energético y gubernamental.

 

Retos sobre el papel de Pemex

Mientras esperamos los resultados de septiembre sobre la Ronda Cero, en la que Pemex sabrá qué proyectos seguirá operando y en cuáles buscará socios, existe la percepción de que la paraestatal será menos potente que como la conocemos. Sin embargo, su rol dentro de la reforma es fundamental, pues su conocimiento y experiencia en la geología y las aguas someras mexicanas es única. Pemex liberará próximamente información sismológica que hasta ahora ha sido confidencial, pero ni poseyendo esos sondeos, las compañías privadas aún no tendrán toda la información y experiencia que necesitan para concursar con precisión aguda y libre de margen de error.

Las leyes secundarias contemplan que para el año 2025 se alcanzará un promedio de 25 por ciento de contenido nacional en todos los contratos y asignaciones del sector energético, entendiendo contenido nacional como el fomento de proveedores y cadenas productivas en territorio mexicano. Pemex es la primera opción para aportar contenido nacional, por lo que las compañías internacionales quizá vean con buenos ojos contemplar a Pemex como socio en primera instancia. ¿Cómo se verá Pemex en algunos años, como socio o como rival de esas compañías? ¿Cuál será la capacidad real de Pemex para elegir o rechazar a sus socios?

 

Retos en materia de transparencia

La iniciativa contempla mecanismos para tener contratos transparentes, como rondas licitatorias públicas y transmitidas en tiempo real por Internet, la disposición al público de contratos y la rendición de cuentas sobre los costos erogados. Sin embargo, estas medidas son probablemente insuficientes para prevenir la corrupción o el tráfico de influencias. Además, no se apuesta por un fortalecimiento a la altura del que requiere la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Por ejemplo, sus comisionados serán propuestos por el presidente y aprobados por el Senado, lo cual requiere no sólo la evaluación de las credenciales de especialización, sino las políticas. Finalmente se requerirán más respuestas sobre los mecanismos para trabajar con Pemex y con otras empresas mexicanas, debido a que el criterio rector será el económico. ¿Cómo asegurar que la empresa ganadora es la del precio que más le conviene a México, pero que efectivamente puede cumplir su propuesta-compromiso?

 

Retos sobre la certidumbre en el largo plazo

Quizás el reto más difícil de identificar en la propuesta es la certidumbre para los inversionistas en el largo plazo, especialmente para calcular el retorno de inversión y predictibilidad en términos de los contratos. Por un lado, la clasificación individual de activos abre la puerta a que, por ejemplo, dos campos adyacentes sean explotados con regímenes distintos. Los vacíos de información, puntuales pero constantes, dificultan el cálculo del retorno de inversión y multiplican el trabajo de planificación, por lo que existirán sobrecostos calculados con un criterio conservador. Por otro lado, los términos de los contratos probablemente variarán, especialmente en los de servicios. Por tanto, es esencial preguntarse ¿cómo se verá la industria energética mexicana, no en dos o tres años, sino en 10, 20 o 30 años?

 

Retos sobre la politización del debate energético

Se espera que las leyes secundarias sean aprobadas antes que termine junio, pero su debate y aprobación no están exentos de las circunstancias de los partidos. Por un lado, las elecciones internas del PAN requerirán que el PRI y el gobierno federal ajusten su estrategia inicial, mientras que el PRD tratará de ser más influyente en la mesa y aumentar la presión para que se debatan las leyes con mayor participación ciudadana. Asimismo, los partidos intentarán posicionar figuras cercanas a sus posturas en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, mientras el gobierno federal tendrá que realizar una mejor campaña de concientización sobre las implicaciones y alcances de la reforma energética. El gran reto es evitar que la reforma se convierta en un tema dominado por las posturas políticas.

 

Conclusión: el camino será largo; mejor andarlo con calma

Todas las partes involucradas deben reconocer que el camino aún es largo y lo mejor es trabajar sin prisas, pero sin pausas. Algunos avances parciales se alcanzarán entre 2015 y 2016, pero no será sino después del 2018, cuando se empiecen a ver los resultados de la atracción de inversión. Hay avances al reconocer, por ejemplo, que los precios de las gasolinas seguirán incrementándose los próximos años en lugar de bajar. Pero aún se debe aceptar que será muy difícil lograr una revolución en el gas shale como la de Texas. Mientras tanto, las y los mexicanos debemos involucrarnos más en construir, criticar e incidir en la reforma, exigiendo que se implemente bien, anteponiendo el desarrollo de México.

 

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