La política de competencia deberá jugar un importante papel para que el país siga avanzando en términos de crear las condiciones necesarias para el desarrollo y la inversión.

 

Por Gerardo Calderón-Villegas *

 

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México está viviendo cambios trascendentales en los ámbitos político, social y económico, y es en este último, en el que la política de competencia deberá jugar un importante papel para que el país siga avanzando en términos de crear las condiciones necesarias para que el desarrollo, la inversión, y en general, la actividad de los agentes que participan en la producción y comercialización de bienes y servicios puedan hacerlo en óptimas condiciones.

Son ya poco más de 20 años desde que la Ley Federal de Competencia Económica entró en vigor y la Comisión Federal de Competencia en funciones. Poco más de 20 años de que México pasó de ser una economía en la que imperaban estrictos controles gubernamentales a una economía de libre mercado. En este relativamente corto periodo de tiempo, la Ley ha experimentado dos reformas sustanciales (junio de 2006 y mayo de 2011) para robustecer el marco jurídico de la materia y la Comisión ha adquirido experiencia a través del análisis de los complejos casos que ha debido resolver. Actualmente, después de haber ganado y perdido batallas, es una autoridad cuyo profesionalismo y capacidad es reconocido a nivel internacional y que hoy enfrenta nuevos retos con motivo de las modificaciones al marco jurídico nacional.

 

La reforma Constitucional en Telecomunicaciones y Competencia Económica

Dentro de los objetivos del Pacto por México, impulsado por el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, está el fortalecer la competencia en todos los sectores de la economía mexicana, pero especialmente en actividades estratégicas como telecomunicaciones, transporte, servicios financieros y energía. El primer paso para ello se da con la reforma constitucional publicada el 11 de junio de 2013, por virtud de la cual la Comisión se transforma en un organismo constitucional autónomo (i.e. la Comisión  Federal de Competencia Económica) y se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones, también teniendo la misma naturaleza, que sustituye a la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Hasta antes de la reforma, sólo la Comisión Federal de Competencia investigaba los temas de competencia; cuando este tema involucre asuntos relacionados con la industria de las telecomunicaciones, ahora serán competencia exclusiva del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Así pues, el control de concentraciones, las investigaciones de prácticas monopólicas y los procedimientos para declarar la existencia de poder sustancial o la existencia de condiciones de competencia efectiva, serán facultades tanto de la Comisión como del Instituto, dependiendo de la industria involucrada (i.e. si es telecomunicaciones será el Instituto y corresponderá a la Comisión el resto de las industrias).

Ambos organismos estarán dotados de amplias facultades para eliminar estructuras monopólicas, para lo cual podrán: (i) ordenar la eliminación de barreras de entrada; (ii) ordenar la desincorporación de activos en la porción que sea necesaria para evitar efectos anticompetitivos; y (iii) regular el acceso a insumos esenciales.

Desde el punto de vista procesal, un cambio importante es que las resoluciones de la nueva Comisión y del Instituto sólo podrán ser impugnadas a través de juicio de amparo ante tribunales especializados que resolverán asuntos exclusivamente en materia económica (i.e. competencia económica; radiodifusión y telecomunicaciones). Antes de esta reforma habían múltiples etapas de apelación, tanto administrativas como judiciales, para impugnar las resoluciones tomadas por la actual Comisión, lo que hacía que su ejecución fuera poco eficaz.

 

Retos y oportunidades de esta reforma

Los cambios generados con la reforma permitirán una asignación más eficiente de los recursos de la Comisión para llevar a cabo investigaciones en otros sectores e industrias importantes. Previo a la reforma, en los últimos años, más del 30% de las acciones de la Comisión Federal de Competencia iban dirigidas a mercados de telecomunicaciones. Por otro lado, al estar la materia regulatoria y de competencia en el sector telecomunicaciones concentrada en una sola entidad, se facilitará el análisis y resolución de asuntos complejos, lo que resultará en una mayor eficiencia del sector en el mediano plazo.

No obstante que sea un inmejorable punto de partida, para que efectivamente ésta alcance un efecto real en el entorno competitivo de nuestro país será necesario al menos que: (i) la ley secundaria sea implementada de forma eficaz; (ii) que se incorporen al Instituto expertos en materia de competencia en todos los niveles; y (iii) que los nuevos Juzgados y Tribunales en materia económica estén altamente capacitados técnicamente para resolver los amparos contra las resoluciones de la Comisión y el Instituto.

 

La reforma Energética y Competencia Económica

Dejando de lado el debate y sus consideraciones políticas o sociales, de llegar a concretarse, la reforma energética también tendrá, sin lugar a dudas, un impacto desde el punto de vista de competencia. La apertura de la industria petrolera y energética a los sectores social y privado, sea cual sea el esquema que finalmente se adopte, deberá cuidar que en las distintas actividades en las que se autorice a los particulares participar (i.e. exploración y extracción de hidrocarburos; refinación, transporte, almacenamiento y distribución de éstos; y generación de energía eléctrica) existan condiciones de competencia efectiva que permitan, por un lado, lograr mejores condiciones de contratación para el Estado y, por otro, producir más y mejores bienes y servicios a menores precios para los usuarios.

La Comisión Federal de Competencia Económica tendrá que jugar un papel preponderante para el logro de los objetivos antes apuntados; por lo que, sin perjuicio de las facultades que hoy ya tiene en la Ley Federal de Competencia Económica, es necesario que el marco jurídico que habrá de implementarse incluya instancias que permitan a esa Comisión intervenir en los procesos de contratación pública y de asignación de permisos, tal como sucede, por ejemplo, en el otorgamiento de permisos de almacenamiento, transporte y distribución de gas natural actualmente.

Como es evidente, los nuevos comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como todos los demás funcionarios que integran estos organismos, tienen por delante mucho trabajo por hacer para lograr que en México existan condiciones favorables de competencia en todos los sectores de la economía. Toca a todos ellos continuar con el trabajo realizado por la Comisión Federal de Competencia en sus 20 años de existencia y satisfacer la necesidad de consolidarse como entidades serias, profesionales, eficientes y efectivas en el logro de su objetivo último: lograr más y mejores productos y servicios para los consumidores y a mejores precios.

*Gerardo Calderón-Villegas es asociado del Grupo de Práctica de Competencia Económica de Baker & McKenzie México.

 

Contacto:

Facebook: BakerMcKenzieMexico

 

 

*Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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