“El TLCAN ha sido un desastre total para Estados Unidos; se ha llevado nuestras manufacturas y nuestros trabajos. Nunca más. Habrá consecuencias para las compañías que abandonan los Estados Unidos. Bajo la administración de Trump, ningún ciudadano volverá a sentir que sus necesidades van en segundo lugar ante [las de] ciudadanos de países extranjeros”.
El discurso que Donald Trump pronunció el 27 de abril de 2016, como parte de su campaña presidencial, marcó el destino de la economía mexicana.
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Entre abril y mayo de aquel año, el tipo de cambio pasó de 17.20 pesos por dólar a 18.48, y los análisis sobre el panorama de la economía mexicana hablaban cada vez más de la posibilidad de que Trump buscara diluir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), una pésima noticia, si se considera que 80% de las exportaciones mexicanas van al mercado estadounidense.
Cuatro años (y múltiples negociaciones) después, el 24 de abril, la Secretaría de Economía anunciaría que el 1 de julio entraría en vigor el nuevo tratado, denominado T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá); sin embargo, esta vez, las noticias no tuvieron el mismo impacto en la economía.
“Sabemos que va a entrar en vigor. No esperamos un impacto en los mercados o las variables del país porque es un factor conocido”, dijo José Oriol, director del Grupo Bolsa Mexicana de Valores.
Para Gabriela Siller, directora de Análisis de Banco Base, el T-MEC es un factor que puede apoyar a la economía porque se disminuye la incertidumbre sobre las reglas arancelarias; sin embargo, no es un factor para considerar en el actual escenario porque la falta de empleo provoca desconfianza en la inversión, sobre todo en materia de inversión extranjera que pudiera detonar crecimiento.
“Los indicadores de confianza empresarial se han ubicado por debajo del umbral de 50 puntos durante el año. La confianza del sector empresarial se desplomó por el impacto de la pandemia en la economía. En mayo, el indicador de confianza del sector manufacturero se contrajo a su menor nivel desde febrero de 2009”, detalla.
REGLAS DE ORIGEN, UN TEMA CLAVE
Las principales diferencias entre el TLCAN y el T-MEC radican en las reglas de origen de algunos sectores y en los cambios en materia laboral, ambiental, comercio digital, agricultura y patentes.
En 2019, el intercambio comercial entre México y Estados Unidos alcanzó una cifra récord de 614,500 millones de dólares (mdd), lo que colocó a nuestro país como uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, con casi 15% del total de su comercio exterior. Gustavo López Montiel, catedrático de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, del Tecnológico de Monterrey, explica que el cumplimiento de la normativa sobre reglas de origen será un reto.
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Datos de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) arrojan que 70% de las empresas que hoy producen manufacturas de exportación a Estados Unidos podrían incumplir las reglas de origen, lo cual implica una negociación para lograr el cumplimiento en un periodo máximo de tres años. Las opciones son generar un plan creíble con metas anuales o pagar un arancel compensatorio de 2.5%.
Podría pensarse que éste es buen momento para generar proveeduría nacional pero, aun cuando pudieran crearse nuevas empresas, las materias primas no se producen en México a precios competitivos. Los insumos utilizados en México vienen de Estados Unidos y Asia.
La mayor parte de las importaciones que vienen a México son insumos para manufactura. Eso puede ser un área de oportunidad, pero dependerá del tipo de materiales requeridos, pues no todas las materias primas pueden generarse en el país.
IMPLICACIONES LABORALES
Uno de los temas que controvertidos durante la negociación fue el de los cambios en materia laboral. Incluso, la discusión del acuerdo influyó en la aprobación de la reforma laboral emprendida en México.
La implantación de supervisores o entes de inspección estadounidenses en el territorio mexicano generó escozor entre la comunidad empresarial. Gustavo López Montiel considera que los cambios requieren instrumentar mecanismos de verificación en seguridad laboral, salarios y capacitación, y democracia sindical.
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“Los sindicatos mexicanos y las empresas no están acostumbradas [a la supervisión]. Muchos de los sindicatos nuevos son de protección o industriales. Lo que se busca con el incremento de los salarios y la democracia sindical es claro: que la mano de obra mexicana pierda competitividad y las empresas norteamericanas pierdan el incentivo de la mano de obra barata”, expone.
Ricardo Martínez Rojas, socio fundador del despacho De La Vega & Martínez Rojas, explica que el tratado permite presentar quejas entre países cuando existe una denegación de derechos laborales, es decir, por violación al derecho de asociación o sindicalización de los trabajadores, o por violaciones en la negociación colectiva efectiva.
“Antes de establecer un panel de controversia, el país presenta una queja. Por ejemplo, si la queja se origina en México, tiene que tratarse de una empresa que exporte a Estados Unidos o Canadá con beneficios arancelarios o que produzca un producto o servicio que compita con alguno del otro país”.
Las quejas serían recibidas por agregados laborales en los consulados y embajadas, y podrán presentarse únicamente sobre empresas en industrias prioritarias: automotriz, autopartes, minería, panificación, call centers y algunas otras donde se generan productos derivados de cemento y vidrio.
“Si Estados Unidos presenta una queja, México tiene la obligación de estudiarla, investigarla y determinar si es válida. Si el país quejoso no está de acuerdo con el fallo, se abre un panel con árbitros de los [tres] países.
Este panel puede reinstalar trabajadores, pero, si las acciones no se cumplen, se activan sanciones para la empresa en cuestión, que, en el peor escenario, contemplan que la empresa perdería sus derechos arancelarios”.
El especialista considera que este apartado resulta peligroso, porque se percibe que sólo implica un mecanismo de quejas contra México. Si bien México puede interponer quejas contra los dos países, EU y Canadá no incluyeron este anexo de forma recíproca. “Si la queja la presenta Estados Unidos, son ellos los que determinan la resolución.
La reforma es buena porque busca poner en orden los sindicatos. La parte negativa es que EU, desde el inicio, puede pedir la limitación de los derechos arancelarios de firmas en México. Eso puede interpretarse como que cedimos soberanía sobre la regulación laboral”, advierte el abogado laboral.
AMENAZA LATENTE
Durante la negociación del tratado, México y Estados Unidos vivieron un momento de tensión, cuando, en mayo de 2019, Trump amenazó con un arancel de 5% a todas las mercancías si México no reducía la “migración ilegal”.
La amenaza se retiró luego de que el gobierno mexicano desplegara 6,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur y contuviera la ola de caravanas migrantes, apoyando a que los migrantes centroamericanos permanecieran en el país.
Hacia el futuro, aunque México, Estados Unidos y Canadá cuentan con un andamiaje jurídico en materia comercial, nuestro país no puede descartar nuevas amenazas derivadas de un cambio en el temperamento o la plataforma política de Trump.
“Es un peligro latente, aunque, en una primera instancia, el discurso gira en torno a que el tratado le generó más ventajas a Estados Unidos y Canadá”, señala Gustavo López Montiel.
Iliana Santibáñez, internacionalista, catedrática e investigadora en el Tec de Monterrey, explica que, de manera extraoficial, México ya cuenta con una responsabilidad de contención de flujos migratorios de Centroamérica.
“Existen barreras arancelarias y cualitativas. Lo que va a ocurrir es que el tratado puede frenar las exportaciones con cuotas o aranceles; pero puede haber barreras no arancelarias. No se puede afirmar que no vendrán nuevas presiones”, advierte.
