Las asociaciones de distribuidores de gas licuado de petróleo tienen al menos una década con la misma demanda: que el gobierno combata el robo de ese combustible. Las tres instancias de gobierno han sido omisas o incapaces,  porque no sólo no ha disminuido sino que ha escalado a niveles incontrolables con accidentes y pérdidas económicas de altas proporciones.

Por enésima ocasión, Luis Landeros Martínez, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas LP (ADG), reclamó junto con el presidente de la Asociación Mexicana de Distribución de Gas y Empresas Conexas (AMEXGAS), Jaime Ayala, que el robo de gas LP en el país sigue en aumento. Se trata de una historia de omisiones, impunidad y, probablemente, también de complicidades.

Cada mes se registra el robo de 58,000 toneladas de gas LP, lo que equivale a pérdidas por 1,102 millones de pesos. El daño económico se reparte entre Petróleos Mexicanos (770 millones) y las empresas distribuidoras (330 millones).

De hecho, los líderes calculan que de 30 millones de servicios (ventas) que ofrecen en el país cada mes, alrededor de 2 millones 320,000 corresponden a ventas de combustible robado.

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Las entidades donde ocurre el mayor número de ilícitos son Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Guanajuto, Hidalgo, Jalisco, Tlaxcala, Veracruz y Puebla. En esta última entidad la inseguridad ocasionó que en la primera mitad de este año los distribuidores suspendieran 17 rutas de distribución y es probable que apliquen la misma medida en lo que resta del año.

Desde 2017, las bandas delincuenciales han robado 200 pipas, autotanques y camiones con cilindros de gas LP; clonan los camiones y prestan el servicio a los consumidores finales.

Sin embargo, alertaron que hasta hace poco tiempo los delincuentes comercializaban el combustible a precios más económicos y era sencillo inferir que se trataba de gas robado, pero en la actualidad no ofrecen descuentos y clonan los camiones y pipas de abasto, así que sólo es posible verificar la autenticidad de las unidades mediante el uso de la aplicación AmiGas de la Comisión Reguladora de Energía.

Advirtieron que de continuar el fenómeno se podrían perder 14,000 empleos formales directos y casi 50,000 indirectos en la cadena de distribución del energético.

El problema, que ya es enorme,  es el robo de combustible, pero hay otros problemas todavía más lacerantes en el sector: la falta de propuestas eficaces para combatir el fenómeno,  la impunidad y la probable complicidad que debe existir entre delincuentes y operadores de ductos y plantas de producción, porque sólo ellos saben en que momento trasladan combustibles y  mediante cuáles ductos.

Además de los delincuentes hay gente que se debe estar haciendo rico con la merma a Pemex y los distribuidores del combustible. De los riesgos para la seguridad de las personas que compran el energético ilegal ya ni hablemos, son verdaderas bombas de tiempo.

 

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