Para promover neutralidad en la red de internet en México, diversas organizaciones lanzaron la campaña Salvemos Internet, con la que buscan que los consumidores de internet sean quienes decidan sobre lo que consumen en sus servicios y aplicaciones, y no los proveedores u operadores.

En la presentación de esta campaña, Luis Fernando García, de la red de la Defensa de los Derechos Digitales, detalló que con este proyecto se buscará que la neutralidad de la red en México sea uno de los temas más trascendentes y que sirva como llamado a las autoridades para que internet sea de los usuarios y no de las empresas.

“Queremos que con esta consulta se abra una puerta para evitar la censura en la red y trabajar en pro de los derechos digitales y no depender de los proveedores o de las compañías que sean quienes elijan los intereses de la red”, detalló.

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Básicamente Salvemos Internet se antepone al Anteproyecto de Lineamientos sobre Gestión de Tráfico, proyecto presentado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a finales de diciembre del 2019, en donde detalla este proyecto, “desafortunadamente, los lineamientos propuestos por el IFT amenazan gravemente la neutralidad de la red, la privacidad la libertad y apertura en internet”.

“Lo que no queremos es que se desmantele el internet como lo conocemos ahora, que se fragmente y que tengamos que pagar más para poder acceder a los contenidos, favorecer intereses comerciales”, señaló Vladimir Cortés, de Artículo 19.

Dentro de las amenazas que Salvemos Internet considera son relevantes en este proceso de gestión de tráfico de internet en México, y con el que se podría ver amenazada la neutralidad de la red, son:

1. Censura

Los lineamientos abren la puerta para el bloqueo gubernamental de aplicaciones, contenidos y servicios por “situaciones de emergencia y seguridad nacional” o “a petición expresa de autoridad competente”, a pesar de que ninguna ley faculta a autoridad alguna a ordenar el bloqueo de aplicaciones, contenidos o servicios en Internet; por el contrario, está prohibido por la Constitución.

2. Priorización pagada

Los lineamientos permiten a los PAI llegar a acuerdos comerciales para darle un trato preferencial al tráfico de sus socios; incluso se contempla como aceptable que un PAI llegue a este tipo de acuerdos con aplicaciones, contenidos y servicios propios. De esta manera, se autoriza que los PAI se conviertan en ‘cadeneros’ del Internet, favoreciendo a unos y perjudicando a otros según sus intereses comerciales. Esto contraviene directamente el espíritu y la letra de la Ley, que dispone que los lineamientos deben respetar los principios de libre elección y no discriminación. Estas formas de priorización aumentarán costos para los usuarios y generarán barreras de entrada para nuevas aplicaciones, contenidos y servicios, lo que implica una menor diversidad y pluralidad en Internet.

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3. Privacidad

Para discriminar entre el tráfico de las aplicaciones, contenidos y servicios priorizados y los no priorizados, los PAI necesitan monitorear el tráfico mediante técnicas como la inspección profunda de paquetes, que amenazan la privacidad de las personas usuarias de Internet. A pesar de que la Ley obliga al Instituto a garantizar que la gestión de tráfico llevada a cabo por los PAI respete el derecho a la privacidad, los lineamientos omiten protección alguna al respecto.

4. Insuficiente transparencia y monitoreo de cumplimiento

Los lineamientos no contemplan medidas suficientes de transparencia y monitoreo que permitan a las personas usuarias de Internet o al Instituto evaluar el cumplimiento de la neutralidad de la red. La ausencia de medidas efectivas de transparencia y monitoreo hace imposible la rendición de cuentas por gestiones de tráfico y fomenta la impunidad de violaciones a la neutralidad de la red.

Salvemos Internet propone que a través de su plataforma que estará disponible hasta el 6 de marzo en la página Salvemos Internet se busque difundir información y fomentar el conocimiento sobre las amenazas a la neutralidad de la red, así como facilitar la participación masiva en la consulta pública, e incidir para que el IFT proteja la neutralidad de la red.

 

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