El cambio va más allá de agruparse; también tiene que ver con el modelo de campo que tenemos y el tipo de empresario que encabeza las empresas del sector agrícola.

Hace unas semanas, en un conversatorio junto con el líder sindical de los jornaleros agrícolas de San Quintín, en Baja California, en la Fundación Friedrich Ebert México, analizábamos el rumbo que debe tomar el movimiento campesino para solucionar las condiciones de pobreza, marginación y explotación que históricamente han vivido los 3.5 millones de jornaleros agrícolas que hasta 2013 estaban contabilizados en el país, según un diagnóstico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

El modelo de sindicato, tal y como existe ahora, tal vez no sea lo más adecuado para darles certeza y mejores condiciones de trabajo al 90% de los jornaleros que desarrollan sus actividades sin un contrato formal, al 72.3% que gana por jornal o día de trabajo, y al 23.8% que recibe su pago a destajo.

Se necesita un modelo que no solamente recupere el respeto a sus derechos humanos sino que les garantice el acceso a la seguridad social, principalmente por la exposición que continuamente tienen a los químicos.

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Pero también un modelo que no permita el trabajo infantil en el campo. Para muchas familias de jornaleros, el hecho de que los niños, en lugar de trabajar, tengan que ir a la escuela para terminar al menos la educación básica, seguramente representará una gran pérdida en el ingreso familiar, pero sólo de esta manera puede romperse con un ciclo de explotación y marginación que, en algunos casos, ha derivado en situaciones de esclavitud como se vio en Jalisco y Guanajuato.

Muchos dirán que si los niños siguen estudiando, ya cumplida la mayoría de edad no querrán trabajar en los campos; efectivamente, la posibilidad existe, lo que lleva a plantear un modelo que va más allá de la sindicalización.

Se trata de un modelo que no sólo garantice el respeto a los derechos laborales del jornalero, sino también su profesionalización y el acceso a la tecnología por parte de las empresas para las que trabajan.

Eso nos lleva a un nuevo modelo de campo, que sea casi equiparable a las famosas “farmers unions” de Estados Unidos o las grandes empresas del sector agropecuario.

Llegar a esos niveles, tanto de un lado como del otro puede llevar décadas, y aunque en el caso de San Quintín su afiliación es la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) –que agrupa a sindicatos independientes–, esta organización también necesita una revisión exhaustiva en cuanto a las condiciones de trabajo que negocia con sus agremiados.

Lograr una transformación de los sindicatos y del sector agropecuario en general, al menos en el mediano plazo, es como entrar a un laberinto en el que siempre saldremos al mismo lugar, simple y sencillamente porque esta búsqueda lleva sexenios enteros sin que se llegue a una salida distinta.

Según su líder, Lorenzo Rodríguez, el Sindicato de Trabajadores Jornaleros de San Quintín no se dejará comprar por el mejor postor, ha puesto una serie de candados para que sus representantes no se eternicen en los puestos y están haciendo una serie de alianzas con organizaciones similares de Estados Unidos, a fin de conseguir mejores condiciones laborales para sus agremiados.

Se les reconoce, primero, el hecho de que estén unidos y hayan llegado a un consenso; segundo, que se salgan de la caja y tengan la inquietud de conocer otros modelos de sindicatos de jornaleros, también el que busquen cambiar la mentalidad de la gente que trabaja en el surco. La pregunta es: ¿quién va a cambiar el modelo de campo mexicano que los mantiene en la situación de vulnerabilidad que los llevó a iniciar todo un movimiento en 2015?

Por otra parte subrayó que en México se estima que 405,712 familias están en permanente movimiento entre sus zonas de origen y las zonas a las que migran.

La Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas (ENJO), realizada por la Secretaría de Desarrollo Social en 2009 en el país, señala que cerca de 2 millones 40,414 personas, de manera temporal o permanente, realizan actividades de agricultura en diferentes zonas o campos agrícolas de la República Mexicana.

La encuesta también señala que tres de cada cinco, es decir, 58.5% de jornaleros agrícolas que migran, provienen de municipios de muy alta o alta marginación, que se encuentran principalmente en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, y en menor proporción en Chihuahua, Durango, Puebla, San Luis Potosí y Nayarit.

 

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