Notimex.- La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que mañana estará presente en la toma de protesta de Jaime Bonilla, pues fue electo constitucionalmente como gobernador de Baja California, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinará si su periodo será de dos o cinco años.

“Saben mi opinión como ministra o exministra, la he dicho. Voy a la toma de protesta de un gobernador constitucionalmente electo, voy a representar al presidente (Andrés Manuel López Obrador) en esta toma de protesta”, compartió la mañana de este jueves en la sede de la dependencia.

Sobre la polémica generada por la ley que aprobó el Congreso de Baja California para ampliar el periodo del gobernador tres años más, la encargada de la política interior del país recalcó que la Suprema Corte tendrá la última palabra, ya que hay diversos recursos interpuestos.

Cualquier acto legislativo, dijo, que provenga de un Congreso local constitucional y legalmente facultado para la emisión de una ley tiene una presunción de validez, hasta que el tribunal constitucional declara lo contrario.

“¿Por qué se presume válido?, por una razón muy sencilla: porque lo emite un órgano constitucional y legalmente facultado para ello. Esto es para el Congreso Federal o para cualquier congreso local”, argumentó.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) afirmó que por ello asistirá al acto de toma de protesta, porque Jaime Bonilla fue electo por voluntad popular en unas elecciones libres y sin intromisión alguna del gobierno federal.

“Nada más que las cosas buenas como que no pasan, no se perciben tanto. No hubo intromisión, al contrario, estuvimos acuartelados en junio dos días antes, dos días después, única y exclusivamente para ver que todas las elecciones funcionarán adecuadamente y lo hicieron”.

Al preguntarle sobre la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de anular el proceso interno de renovación de la dirigencia de Morena, al argumentar que el padrón no resulta confiable, se limitó a decir que las resoluciones de un tribunal deben acatarse.

Dicha sala, sostuvo, “es la última instancia en materia electoral y, por lo tanto, una resolución de un tribunal se acata, porque así vivimos o podemos aspirar a vivir en un Estado de derecho, acatando la decisión de las autoridades jurisdiccionales”.

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