SCJN admite a trámite controversias contra la Ley Telecom
Peña Nieto interpuso el martes una controversia constitucional para echar atrás los artículos de la Ley sobre la defensa de las audiencias.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite las controversias constitucionales contra la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión interpuestas el martes por el presidente Enrique Peña Nieto y el Senado de la República.
Ambas fueron turnadas al ministro Alberto Pérez Dayán, quien las admitió a trámite para estudiar la constitucionalidad de los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias de la ley impugnada.
“En relación con la suspensión de los actos combatidos no se emitió pronunciamiento alguno, dado que no fue solicitada por los promoventes en su demanda inicial, no obstante están en aptitud de solicitar la medida cautelar en cualquier tiempo hasta antes de que se dicte sentencia definitiva”, explicó la SCJN en un comunicado.
La víspera, Peña Nieto interpuso una controversia constitucional para echar atrás los artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión sobre la defensa de las audiencias, por considerar que otorgan facultades inconstitucionales al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
“Estos lineamientos sobre la defensa de las audiencias constituyen el primer acto de aplicación de ocho artículos de la ley que hoy son controvertidos” ante la Corte, explicó en conferencia de prensa el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejo Cervantes.
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Por su parte, el IFT celebró que sea la SCJN quien defina los derechos de audiencias, después de que Peña Nieto interpusiera una controversia constitucional para retirar los lineamientos propuestos por el órgano federal.
“Ante estos señalamientos, algunos que incluso responsabilizan al IFT por normas previstas expresamente en la ley, es de celebrar la utilización de los canales institucionales para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que defina el alcance de los derechos y las facultades del Congreso de la Unión y del IFT en esta materia”.
