La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que hasta hoy ha admitido a trámite 132 controversias constitucionales –de 164 presentadas–, así como 8 acciones de inconstitucionalidad –de 14 promovidas— en contra del llamado “plan B” de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En cuanto a las impugnaciones a la primera parte aprobada del “plan B”, la Corte señaló en un comunicado que se presentaron 161 controversias constitucionales y 7 acciones de inconstitucionalidad, de las cuales se admitieron 131 y 6, respectivamente.
En este sentido, el ministro ponente Alberto Pérez Dayán dio trámite a controversias constitucionales promovidas por un promedio de 90 municipios de distintos estados del país, así como Poderes legislativos y ejecutivos locales. En todas las veces que se solicitó la suspensión, ésta fue negada. El pasado 2 de febrero, el propio Instituto Nacional Electoral (INE) utilizó esta vía.
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En tanto, las 8 acciones de inconstitucionalidad contra la primera parte de la reforma a leyes electorales secundarias fueron promovidas por los partidos de la coalición Va por México —PRI, PAN y PRD—, por el partido Movimiento Ciudadano, por el llamado Bloque de Contención del Senado, por legisladores de la Cámara de Diputados y por el partido político Hagamos, de Jalisco.
Sin embargo, se admitieron 7 acciones de inconstitucionalidad y se concedió la suspensión del decreto para el efecto de que no rija en los procesos electorales que se encuentran en desarrollo en el Estado de México y en Coahuila.
Sobre la segunda parte del “plan B” de reforma electoral, el ministro ponente Javier Laynez Potisek admitió la controversia constitucional presentada por el INE y el 8 de marzo concedió la suspensión solicitada respecto a todos los artículos impugnados para efecto de que las cosas se mantengan en el estado actual y que rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma.
Con relación a las dos acciones de inconstitucionalidad admitidas, promovidas por Movimiento Ciudadano y PRD, se negó la suspensión solicitada.
La SCJN señaló que en el caso de la primera parte de la reforma electoral, tanto las controversias constitucionales como las acciones de inconstitucionalidad se encuentran en la fase de admisión de demandas, en la cual se recaban las respuestas y argumentos de todas las partes.
En el caso de la segunda parte del “plan B”, el plazo para recepción de acciones de inconstitucionalidad venció, mientras que la fecha límite para recibir controversias constitucionales es el 20 de abril.
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