La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, aclaró que desconocía las iniciativas filtradas del paquete de reformas en materia judicial, por lo que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, decidió retrasar la entrega oficial de éstas al Senado. “Sí quiero ser explícita, yo no tenía conocimiento de las otras iniciativas que circularon por internet, por eso preferimos, bueno, prefirió el señor fiscal no presentarlas en ese momento”, explicó Sánchez Cordero a la prensa. Ya hay consenso para terminar las propuestas de reforma en materia judicial, afirmó la funcionaria, las cuales serán presentadas por la Segob y la Consejería Jurídica, aunque desconoce si el fiscal general se sume a ellas. “Estamos haciendo con la Consejería Jurídica los mismos ajustes al sistema para avanzar mejor, pero sí ya lo tenemos (el consenso). Esas sí serán de la Secretaría de Gobernación y de la Consejería Jurídica, y también no sé si el mismo fiscal se sume a estas o presente otras”, explicó. No te pierdas: Reforma judicial en México busca usar escuchas telefónicas privadas en juicios El pasado 15 de enero, autoridades federales de justicia pospusieron para febrero la entrega oficial del paquete de reformas al sistema de judicial, el cual incluyen dos nuevos ordenamientos jurídicos nacionales, cambios a seis leyes y códigos, así como 14 modificaciones constitucionales. De acuerdo con los borradores filtrados, un experto en derechos humanos indicó que la reforma sería sería un retroceso de varias décadas, ya que reviviría algunas “prácticas peligrosas” para obtención de pruebas en los juicios y eliminaría figuras importantes para el proceso. Los cambios legislativos revivirían figuras como el arraigo, el cual permitiría encarcelar a una persona sin acusación o sin haber sido presentado ante un juez, por lo tanto, “es una puerta abierta a la tortura y fabricación de delitos”, refirió Luis Eliud Tapia Olivares, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh). De igual manera, se permitiría la intervención de comunicaciones privadas como pruebas en los juicios y restringir el uso de amparos para evitar dilatar las extradiciones, según borradores obtenidos por la agencia Reuters. Lee también: Advierten sobre retroceso de décadas en reforma judicial que busca AMLO

 

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