¿Seguridad en Centroamérica, un tema ríspido para Trump?

El principal desafío para las autoridades de los países centroamericanos será no perder los recursos en la administración de Trump, pues de eliminar la ayuda económica por parte de Estados Unidos.

El 3 de mayo de 2016 el gobierno del presidente Barack Obama se reunió en Washington con sus similares del triángulo norte. La expectativa entre los países centroamericanos era grande, pues entre las temáticas a revisar se encontraban la migratoria y la de seguridad en Guatemala, Honduras y El Salvador.

Para sorpresa de todos, el presidente Barack Obama destacó en la reunión los progresos que estos países mostraban en materia de seguridad, transparencia, economía y desarrollo social.

Los avances en estas tres naciones se dieron gracias al Plan Alianza para la Prosperidad, que se creó con el propósito de responder a los problemas que promueven la migración masiva de centroamericanos.

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Obama pasará “a la historia” y dejará un legado en Centroamérica y Estados Unidos por ser el presidente “que asumió esta responsabilidad, que actuó y está interesado en garantizar la sostenibilidad del Plan Alianza para la Prosperidad”, señaló en un comunicado horas después de la reunión el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

Pero con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos las perspectivas cambian. El principal desafío para las autoridades de los países centroamericanos será no perder los recursos en la administración de Trump, pues de eliminar la ayuda económica, los países centroamericanos no contarían con 1,000 millones de dólares adicionales para 2017.

Y es que a pesar de los logros en El Salvador, Honduras y Guatemala, existen retos como el aumento de los homicidios que se ubicaron en 17,422 durante 2015 o los 95,000 pandilleros que operan, según datos de los Ministerios del Interior de los tres países.

Estos fenómenos sociales se vinculan a dos temas de seguridad interna de Estados Unidos  y forman parte de la agenda que Donald Trump promovió durante su campaña: migración y narcotráfico.

“Vamos a detener la droga y el delito para que no penetre nuestro país”, dijo en campaña Trump; sin embargo, también dejó ver que los países del Triángulo Norte se debían hacer cargo de sus propios problemas.

 

La carta fuerte

El 15 de noviembre, los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala presentaron a la Fuerza Trinacional, que es el escuadrón de seguridad de los tres países para combatir al crimen organizado, el pandillerismo y el narcotráfico.

Pero más allá de contener a estos tres males, el Triángulo Norte quiere mandar un mensaje a Washington: Está enfrentando la inseguridad.

La violencia en esta región viene en aumento por la creciente presencia de los grupos MS13 y Barrio 18.

Ambos surgieron en Los Ángeles entre los años 1960 y 1980, en gran parte formados por los centroamericanos que habían huido de las guerras civiles en sus países.

La fuerza de élite hará frente a los 95,000 pandilleros que operan en los tres países, según datos de los Ministerios de Gobernación del Triángulo Norte.

Los esfuerzos por mantener a raya a estas bandas criminales pudieran verse mermados en caso de que los recursos disminuyan.

Para el exministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Édgar Gutiérrez, los retos en seguridad para 2017 no serán diferentes a los del año anterior, pero reconoce que el principal desafío de estos países es la reconstitución de las instituciones de seguridad y de un sistema de cárceles que está colapsado en los tres países, además de la modernización del sistema judicial, que está saturado, principalmente en Guatemala.

“Definitivamente deben continuar con la disminución en la tasa homicidios, fenómeno que se ha dado consistentemente en la región”, considera Daneil Haering, master en relaciones internacionales por el Instituto de Barcelona.

Las medidas que han tomado los gobiernos han comenzado a mostrar sus beneficios. Para muestra un botón: la tasa de homicidios en Honduras pasó de 68 a 57 por cada 100,000 habitantes en 2015, de acuerdo con la organización Alianza por la Paz y la Justicia.

Esta disminución puede deberse a que el gobierno hondureño se comprometió en 2015 a reclutar y adiestrar a 6,000 policías en un lapso de tres años.

 

Recursos en riesgo

En 2016, el Congreso de Estados Unido aprobó a El Salvador, Guatemala y Honduras 750 millones de dólares como parte del Plan Alianza para la Prosperidad.

Asimismo, los gobiernos de estos países solicitaron 1,000 millones adicionales para hacer frente a los retos que enfrentan.

En la reunión en Washington, el presidente de Honduras comentó que “si logramos ese alineamiento de recursos vamos a obtener los resultados que los pueblos de Centroamérica y los Estados Unidos esperan: una región próspera, en paz y con oportunidades”.

Sin embargo, hay gran incertidumbre por saber si el gobierno de Donald Trump apoyará o no esta iniciativa.

“Si hay cambios, no creo que se deriven de la acción de Trump. Tampoco creo que la filosofía del plan vaya en contra o sea incompatible con un mayor control de fronteras”, dice el máster en relaciones internacionales.

En este mismo sentido, el exfuncionario guatemalteco recuerda que hay un acuerdo bipartidario en el Capitolio que se expresa en la Ley de Asignaciones Globales de cada año y la de 2017 ya fue aprobada sin mayores cambios.

Pero en el caso de que los recursos fueran cortados, Gutiérrez considera que lo ideal para la región es negociar paquetes de asistencia integral de carácter multilateral, quizá a través de programas de intervención estratégica con las Naciones Unidas.

“Me refiero a misiones tipo Cicig pero con objetivos más focalizados, por ejemplo en la recuperación de aduanas terrestres, marítimas y aéreas que son porosas al crimen y la corrupción”, añade.

El exministro guatemalteco y analista de seguridad de la firma Crisis Group coinciden en que los gobiernos deberán de tener un plan de contingencia en sus presupuestos generales en caso de que Estados Unidos ya no los ayude.

“En general, hay una falta de recursos en todos los ámbitos de política pública en Centroamérica, los países tienen presupuestos que son muy limitados”, dice Arturo Matute, analista de seguridad de la firma Crisis Group en Guatemala.

“No tardará en volver el debate sobre impuestos específicos para seguridad y justicia, como ya funciona en Honduras”, añade.

*Puedes consultar el reportaje completo “Perspectivas Trump”, en el número de enero de Forbes Centroamérica.