Para el ciudadano de cualquier país, la visión de un Estado pasa irremediablemente por la capacidad que tenga el mismo de hacer lo necesario para vivir con paz y seguridad. Cuando esos elementos no existen, la expectativa es que se imparta justicia y, de esa forma, pueda haber una sanción ejemplar para quienes transgreden el orden jurídico. Ésta que debería ser una lógica de actuación y silogismo sencillo, lamentablemente en nuestro país, es un bien escaso o inexistente, particularmente en los últimos doce años.

Nos encontramos hoy en la coyuntura en la que, el mandato electoral de la ciudadanía se inclinó por dar un voto de castigo a lo que se ha vivido y favorecer a quien ofreció dar una batalla campal para lograr seguridad y justicia, y a su vez, abatir corrupción e impunidad. Ese fue el mensaje y los objetivos. Hay un hartazgo brutal de no sentirse confortables con una realidad que cada vez es más agresiva y menos hospitalaria. El país se encuentra en riesgo porque de seguirse incrementando la violencia y el desorden, aún aquellos sectores que han mostrado capacidad de crecimiento y éxito económico se ven seriamente comprometidos en su viabilidad. Dentro de ese riesgo, destacan industrias como la automotriz, aeroespacial, e incluso la del turismo. Sin seguridad, justicia, un Estado de Derecho ni instituciones fuertes, nada puede tener éxito.

Venimos de una época en la cual las carencias han sido evidentes: policías disfuncionales, militarización en la seguridad pública, aplicación de políticas públicas no productivas, dispendio de recursos y, por si fuera poco, una corrupción rampante. Entonces uno pensaría que los planes para remediar esta situación y obtener mejores resultados tendrían que aprovechar el diagnóstico ya exhaustivo, practicado por muchas organizaciones y orientar las nuevas decisiones para obtener los mejores resultados posibles. Sin embargo, después de conocer, la publicación del Plan Nacional de Seguridad 2018-2024, el pasado miércoles 14 de noviembre, no podemos sino quedar muy preocupados con sus alcances y limitaciones. Me explico.

El referido plan es, por decirlo sencillamente, un catálogo de buenas intenciones con acciones limitadas en cuanto a su aplicación y alcances inciertos. No se hace un diagnóstico que permita entender cuál es el tamaño del problema que se va a enfrentar, cuáles son las métricas para implementar esas medidas, quiénes serán los responsables, cómo se corregirán los errores que se puedan cometer y, sobre todo, que haya una altísima participación ciudadana o elementos de evaluación permanente. Nada de eso vemos en el referido plan.

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Lo que sí vemos es una misma tendencia en cuanto a centralizar la toma de decisiones para seguir lo que ya se hace o se pretende hacer en temas económicos y fiscales, pero en este caso, con el agravante de, prácticamente, deshabilitar cualquier cosa que tenga que ver con el debido funcionamiento de policías locales y estatales. Lo anterior se propone sesgando todo hacia una guardia nacional con una integración sistemática de policías militares y absorbiendo grandes partes de las corporaciones federales hoy existentes.

Esto no es sino la traición a una de las promesas electorales que se habían hecho en el sentido de que se desmilitarizaría la seguridad pública y se dejaría de abusar del uso de las fuerzas armadas para tareas en las cuales era preferible capacitar y fortalecer a las instituciones civiles. Las ofertas simplemente quedaron en el olvido. Resulta además paradójico que se opte por una vía militar al mismo tiempo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirma su decisión de declarar anticonstitucional la Ley de Seguridad Interior. Vaya mala coincidencia. Y al parecer para no caer en ese riesgo, Morena está dispuesta a modificar la Constitución para que así, la nueva figura del proyecto ni siquiera pueda ser cuestionada ante el máximo Tribunal.

Vemos con suma preocupación esta nueva arista de la concentración de poder puesto que, ante la creciente y notoria propensión a eliminar balances y contrapesos, en materia de seguridad pública, no se está optando por ciudadanizar los controles, por fortalecer instituciones localmente, ni por enarbolar el debido funcionamiento del sistema penal acusatorio. No es así. Se eligió buscar esa concentración de poder que parece ser muy ajena a un sistema de democracia en la cual se fortalezca la necesidad de trabajar en forma conjunta con organizaciones e instituciones de diferentes órdenes de gobierno.

Deseamos equivocarnos, pero todo indica que, con esta maniobra, lo que va a resultar es que va a haber un incremento nuevo en la violencia, y que no se podrá dar un pleno respeto a los derechos humanos, aunque el plan diga lo contrario. Si bien es cierto, que éste contiene ingredientes que en la superficie se antojan necesarios como erradicar la política prohibicionista de drogas, respetar derechos humanos o recuperar el sistema penitenciario, nada de esto será factible si no es a través de la creación o fortalecimiento de policías confiables, como sucede en los países en los que realmente se goza de seguridad y justicia. Ignoramos porqué la improvisación y superficialidad, aunado a esta necedad de centralizar todo en pocas manos. Tendremos que estar muy pendientes para que no haya abusos, incluso por reformas constitucionales que son las que eventualmente darán luz a la creación de las facultades de la guardia nacional. Cuidado con reformar la Constitución sin haber hecho el estudio completo de todas las variables y consecuencias.

Vamos a estar muy pendientes de los siguientes pasos que se den, en los cuales se descubra el andamiaje que se quiere poner en marcha. Las perspectivas no son halagadoras. Preocupa que la figura del “Comandante Supremo” se esté entendiendo en una acepción de poder absoluto en cualquier área que vaya a tocar el nuevo presidente. Pero para coartar abusos o limitar excesos, ahí estará la ciudadanía y ONGs que tenemos una vocación de servicio para visibilizar lo que funciona y no en las tareas públicas. De momento, lo que se propuso esta semana por la nueva administración no convence ni presenta una buena idea de logros en el corto plazo. Si hay tantos diagnósticos ya hechos y recomendaciones sobre lo que procede realizar, no se entiende la confección del plan como lo presentaron. Al final del día serán los resultados los que fijen el derrotero del mismo y de toda la nación. Al tiempo.

 

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