El Distrito Federal estrena Ley de Movilidad, la cual tiene el potencial para mejorar la calidad de vida de los capitalinos. ¿En qué consiste? Aquí te lo explicamos.

 

Por Fernando Páez*

 

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Mejorar la movilidad se ha convertido en uno de los principales retos para los gobiernos de las grandes urbes. La Ciudad de México, la cuarta ciudad más poblada del mundo, con casi 9 millones de habitantes, es parte del grupo de ciudades que deben enfrentar este reto.

Los gobiernos de la Ciudad de México han venido desarrollando proyectos que permiten hacer frente al caos de la movilidad en la ciudad, entre ellos podemos contar: la ampliación del sistema Metro, 5 líneas de Metrobús, el sistema de bicicletas púbicas Ecobici, corredores de transporte público cero emisiones, vías para peatones, restricción para la circulación de vehículos privados y autopistas de segundo piso, entre otros.

Este tipo de soluciones genera beneficios en la movilidad y en la calidad del aire en la ciudad, pero se perciben como acciones aisladas cuyos resultados no son contundentes para lograr una solución real a la problemática de movilidad y han sido ejecutados en el marco de una Ley de Transporte y Vialidad que se publicó en el año 2002.

La Ley de Movilidad para el Distrito Federal, anunciada por el Jefe de Gobierno el pasado 14 de Julio representa una gran oportunidad de mejorar la calidad de vida de los capitalinos y aumentar la productividad, si se logra su aplicación de manera decidida por parte de las entidades de gobierno que tienen la competencia para hacerlo.

¿En qué consiste esta nueva ley y cuáles son sus aspectos más importantes? En términos generales son seis los puntos a destacar:

• Derecho a la movilidad
• Jerarquía de movilidad con el peatón y el ciclista como ejes
• Fortalecimiento institucional que se materializará en la creación de una Secretaría de Movilidad
• La creación de un Órgano Regulador del Transporte Público
• La creación de un Sistema Integrado de Transporte Público
• Gestión integral de la seguridad vial

 

¿En qué consiste cada uno?

Vale la pena resaltar aspectos de la Ley que cambian la forma de abordar la función del Sistema de Movilidad,  uno de los aspectos a considerar es el concepto de derecho a la movilidad, que implica dejar de ver a ésta como un problema de vialidades y transporte, para considerarla un derecho de los ciudadanos e incluir en los procesos de planeación, regulación y gestión a todos los actores y elementos que hacen parte del sistema.

En este sentido la Ley establece la  jerarquía de la movilidad, que tiene un doble propósito: el uso del espacio vial y la asignación de recursos en el presupuesto. Esta jerarquización ubica al peatón en la cúspide de la pirámide, seguido por los ciclistas, los usuarios del transporte público de pasajeros, después los prestadores del servicio de transporte de carga y por último, los usuarios de transporte particular automotor. Para cada uno de los componentes de la pirámide la Ley aborda disposiciones específicas que promueven su cumplimiento y su aplicación real.

Una de estas disposiciones es el fortalecimiento institucional. Al respecto, la Ley plantea la transformación de la Secretaría de Transportes y Vialidad en una Secretaría de Movilidad, e involucra en la coordinación de la gestión a las entidades del gobierno cuyas decisiones tienen impacto en el sistema de movilidad de la ciudad, a través de la creación de diferentes instancias consultivas y de coordinación como órganos auxiliares en la ejecución de la política de movilidad.

Así mismo, considera la creación del Órgano Regulador del Transporte Público cuya finalidad será planear, regular, supervisar y vigilar el servicio de corredores de transporte público, distintos a los de Metrobús, que a partir de la expedición de la Ley serán servicios prestados por empresas (personas morales), eliminando el esquema hombre-camión. Esta disposición es de vital importancia, dado que el transporte público colectivo atiende aproximadamente el 70% de los viajes de la ciudad y que es percibido por los ciudadanos, como un servicio de mala calidad.

Un tema sensible para los ciudadanos es el transporte público, por lo que vale la pena destacar que la Ley incluye la creación del  Sistema Integrado de Transporte Público como herramienta para la mejora de la calidad, cuyo propósito es el funcionamiento coordinado de todos los servicios que ofrece la ciudad, garantizando complementariedad entre los diferentes modos de transporte, identidad única, planificación y operación integrada, combinando infraestructura, estaciones, terminales, vehículos, sistemas de control e información; recaudo centralizado y que opere generalmente sobre infraestructura exclusiva o preferencial, con rutas, horarios y paradas específicas.

Por último, se da un lugar específico en la Ley a la gestión integral de la seguridad vial, considerando aspectos como la expedición de un Programa Integral de Seguridad Vial que considere las medidas administrativas, operativas y de coordinación, que garanticen la seguridad de todos los usuarios de la vía, atendiendo a la jerarquía de movilidad y la inclusión de herramientas que hagan posible esta gestión, basados en sistemas de información que cualifiquen la toma de decisiones en este aspecto. También es de destacar que se regula la expedición de licencias o permisos para conducir, a través de la presentación y acreditación de evaluaciones o cursos.

En conclusión, la Ley incluye una gran cantidad de aspectos que pueden transformar de manera estructural el funcionamiento del Sistema de Movilidad en la Ciudad de México, pero aún queda un gran reto para el gobierno: hacer realidad este marco normativo a través de la reglamentación inmediata, un arreglo institucional fuerte y la asignación de recursos en el presupuesto, que permitan que este gran paso para la ciudad sea una realidad.

 

*Fernando Páez es director de Transporte del CTS Embarq México.

 

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