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México emprenderá una de sus principales apuestas contra el cambio climático. El Gobierno Federal abrirá la puerta al primer esfuerzo para crear un sistema de comercio de emisiones, que permita a las empresas reducir su huella de dióxido de carbono en el medio ambiente.

“Lo que queremos, en esta nueva Semarnat, es que se aplique la ley con el marco jurídico que tenemos y poder mejorarlo”, dice Julio Trujillo Segura, subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental.

La política gubernamental está a punto de cambiar las reglas del juego para las empresas en el país.

El primero de enero de 2020 comenzará a operar el Programa de Prueba del Sistema de Comercio de Emisiones, con el fin promover entre las compañías la reducción de emisiones al menor costo posible.

La prueba piloto tendrá una duración de tres años y permitirá trazar los pasos siguientes, junto con la industria, en materia medioambiental.

El Sistema de Comercio de Emisiones es un instrumento diseñado para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en instalaciones de empresas de diferentes sectores, los cuales establecen un tope máximo sobre las emisiones totales.

Las instalaciones industriales deben presentar un derecho de emisión por cada tonelada de dióxido de carbono (CO2) que emitan, lo que les permite recibir o comprar los derechos dentro del nuevo sistema de comercio de emisiones.

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“La cuestión no es ser ecologistas radicales, [sino] que tenemos que medir cómo sacar este país
adelante, luchar contra la pobreza extrema y aportar una mejor calidad de vida para la clase media, por lo que tenemos que buscar ese punto de equilibrio; y, justamente, uno de los instrumentos que nos pueden permitir eso es, justamente, este sistema de comercio [de emisiones]”, asegura el funcionario de Semarnat.

Empresas contra cambio climático

El primero de octubre pasado, Semarnat publicó las bases para el inicio del Programa de Prueba del Sistema de Comercio de Emisiones, instrumento que se discute desde hace casi cuatro años, es decir, desde la administración de Enrique Peña Nieto.

Pero fue hace cerca de dos años que las empresas se involucraron en el establecimiento de las bases de lo que hoy es este programa piloto, y fue retomado durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

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La iniciativa nace de la reforma a la Ley General de Cambio Climático, que atribuye a la Federación la facultad de crear, autorizar y regular el comercio de emisiones como instrumento económico de mercado.

El gobierno de Alemania, a través de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable, el Banco Mundial y representantes del sector empresarial participaron en las propuestas que fijaron elementos técnicos en las bases publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado primero de octubre.

Al principio, los empresarios no estuvieron de acuerdo con las propuestas vertidas alrededor de este programa, específicamente con el planteamiento de la creación de una tasa impositiva por tonelada de CO2 emitida y que el plazo para el establecimiento del mercado de emisiones fuera de 24 meses.

“En un principio, estábamos muy en desacuerdo en cómo se estaba planteando”, dice el representante de Coparmex, ya que se proponía un tiempo inicial de dos años, mientras que en Europa el mercado de comercialización de emisiones ha tenido un tiempo de maduración superior a nueve años”.

Finalmente, la duración del programa de prueba se ha fijado en 36 meses. En este tiempo, la autoridad buscará que las empresas reduzcan sus emisiones contaminantes a través de una promoción de la competencia y el desarrollo de nuevas tecnologías en los procesos productivos, sin comprometer la competitividad de las instalaciones participantes.

“Esos 36 meses nos van a dar los insumos para saber si está cuajando el sistema, y para ver en qué piso vamos a empezar y cuáles son las posibilidades reales que tenemos de hacer las disminuciones”, comenta el subsecretario Trujillo Segura.

Además, la Semarnat evaluará las políticas ambientales de otros países de Europa y Asia, para ver si se pueden adoptar, tomando en cuenta las diferencias que existen con la economía de México. El programa tendrá resultados que serán transparentados a la ciudadanía, para conocer la reducción de emisiones.

México ocupa la posición número 12 en la emisión de CO2, con 442 millones de toneladas de dióxido de carbono, debajo de Brasil, Arabia Saudita y Canadá, de acuerdo con los últimos datos de la Agencia Internacional de Energía (AIE).

Prueba de fuego

Las instalaciones que participarán en el programa son aquellas que están incluidas en el Registro Nacional de Emisiones, el cual concentra a las industrias que contribuyen con 90% de las emisiones de CO2, entre las que se encuentran los sectores energético, automotriz, cemento, química, petroquímica, metalurgia, minería, papel, alimentos y bebidas, y otros.

En el caso del sector energético, se toman en cuenta las actividades relacionadas con la explotación, producción, transportación y distribución de hidrocarburos, así como la generación de energía eléctrica.

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Este mercado de emisiones es local, y es diferente del mecanismo internacional de los llamados bonos de carbono propuestos en el marco del Protocolo de Kioto para la reducción de emisiones causantes del calentamiento global. Las instalaciones obligadas a participar son aquellas que emiten más de 100,000 toneladas de dióxido de carbono.

“Este sistema piloto nos permitirá hacer los ajustes que tomamos en cuenta en el registro de las emisiones para poner cuotas y créditos a las empresas”, señala Trujillo Segura, quien cree que no se presentarán resistencias por parte de los sectores regulados.

“Es un tema muy sensible, el [del] cambio climático, y todo el mundo comparte esa preocupación. Y, como son grandes empresas, también protegen su imagen. Nosotros no vamos a sancionar [a las compañías] que no quieran participar, ya que es tan sólo una prueba, pero tenemos la convicción de que todas van a entrar”, explica el subsecretario, quien añade que existen firmas que se sumarán voluntariamente, aun sin haber sido tomadas en cuenta en el diseño del programa.

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El sector empresarial no advierte riesgos con el inicio del programa de prueba de la Semarnat, ya que las inversiones para mitigar las emisiones de CO2 se han venido realizando desde hace varios años y no implican un impacto en lo tocante a su competitividad.

“A aquellas empresas que no den seguimiento a sus obligaciones durante el programa de prueba se les reducirán sus derechos de emisión para la siguiente fase, en función de los derechos de emisión no entregados a la autoridad durante el [programa] piloto”, precisa la Semarnat.

Política ambiental

El sector empresarial no canta victoria. Coparmex espera que se “cierre la pinza” y que el mercado de comercialización de emisiones sea el comienzo de otras políticas públicas en la materia.

“En realidad somos una parte muy pequeña en la emisión de CO2 en México”, dice el vicepresidente del sector patronal, Segura Peralta.

El directivo cree que algunas dependencias gubernamentales, como la Secretaría de Energía, y empresas productivas del Estado, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), deben involucrarse con los esfuerzos de Semarnat para construir una política pública que favorezca el cuidado del medio ambiente.

Manuel Bartlett, director de la CFE, ha declarado en varias ocasiones que las energías renovables resultan caras, argumento que ha generado incertidumbre acerca del rumbo medioambiental y energético del país, comenta Ayax Segura Peralta.

Coparmex advierte que la desaceleración económica afectaría las proyecciones de producción y, por consiguiente, las estimaciones de emisiones de CO2.

“Podemos ser punta de lanza y ejemplo, siempre y cuando exista congruencia con la política energética y ambiental”, añade Segura Peralta. El funcionario de Semarnat, por su parte, quiere lograr que exista una plusvalía ecológica en México y afirma que la dependencia está atenta a las regulaciones ambientales y a los cambios en las normales oficiales mexicanas, a fin de ser más eficiente.

“Hay que acelerar el paso”, señala Martha Herrera, presidenta del Pacto Mundial México de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al hablar de la urgencia de atender las problemáticas del medio ambiente.

Julio Trujillo Segura encenderá el Sistema de Comercio de Emisiones en tiempos de la llamada Cuarta Transformación del país. Él está consciente de que el proyecto que comienza no es poca cosa frente al cambio climático. “Es un reto grande… [De hecho] es el reto más grande que tiene la humanidad”.

 

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