Reuters.- El Senado aprobaría en los próximos días la controvertida Ley de Seguridad Interior que busca regular la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, pese a críticas de organismos como Naciones Unidas que abogan por el regreso del Ejército a los cuarteles.

A fines del 2006, México comenzó a desplegar militares en los puntos más violentos del país para combatir a los cárteles de la droga ante la debilidad de los cuerpos policíacos, pero muchos grupos criminales, lejos de contenerse, se fragmentaron e incursionaron en otros delitos.

La propuesta de Ley de Seguridad Interior, que fue avalada la semana pasada por la Cámara de Diputados, establece los lineamientos que deberá seguir el Gobierno para el despliegue de tropas de soldados, marinos y policías federales en los estados y municipios rebasados por la violencia.

“Lo que pretende esta ley es evitar el uso discrecional de las Fuerzas Armadas; que sea un procedimiento con pasos específicos, objetivos, reglas claras y responsabilidades”, dijo el senador Roberto Gil, del conservador Partido Acción Nacional (PAN) durante una reunión con periodistas.

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Sin embargo, organizaciones civiles temen que la ley incremente los casos de violaciones a los derechos humanos, que han tenido un fuerte repunte desde el inicio de la llamada “guerra contra el narco” en 2006 y la ven como una potencial amenaza al ejercicio de la protesta social.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al-Hussein, pidió el martes al Senado no aprobar la ley ya que considera que daría un mayor rol a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad en vez de crear una policía más fuerte y por que no contiene una estrategia de reemplazo gradual de los efectivos en esas tareas.

“La aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana no es la respuesta adecuada”, comentó Zeid en una declaración.

Organizaciones de derechos humanos también temen que la ley pueda ser utilizada por las Fuerzas Armadas para espiar a los ciudadanos.

“Me preocupa esta dictadura a la que vamos. Esta ley tiene el fin de aterrorizar a la población, el narco es un pretexto porque el mismo Gobierno es cómplice de ellos”, dijo Artemio Gallegos, un académico jubilado de 71 años, durante una protesta a las puertas del Senado.

Se espera que los senadores comiencen el miércoles la discusión en comisiones de la ley y sea votada en el pleno de la Cámara alta en la sesión del jueves o la próxima semana, según fuentes legislativas.

 

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