El Senado de la República aplazará para la próxima semana la discusión y votación de la Ley de Seguridad Interior, la cual se prevé sea aprobada a pesar del rechazo expresado por la sociedad civil y diversos organismos nacionales e internacionales.

Así lo confirmaron por separado los senadores Roberto Gil Zuarth y Cristina Díaz, quienes coincidieron en que el debate de esta controvertida legislación se ha dado en puntos extremos y no se han alcanzado los consensos necesarios.

La propuesta de Ley de Seguridad Interior, que fue avalada la semana pasada por la Cámara de Diputados, establece los lineamientos que deberá seguir el gobierno para el despliegue de tropas de soldados, marinos y policías federales en los estados y municipios rebasados por la violencia. Se preveía que esta semana fuera avalada por la cámara alta.

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En entrevista con Ciro Gómez Leyva, la priista y presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado aseguró que la decisión de aplazar la dictaminación de esta ley se debe a que así lo marca la ruta legislativa, no por presiones, que buscan frenar la aprobación de esta legislación, ya que “ésta no es la primera vez que hay manifestaciones contra una ley”.

Asimismo, se dijo convencida de que la próxima semana será aprobada la Ley de Seguridad Interior y aseguró que la bancada del PRI tiene los votos suficientes para ello. El actual periodo de sesiones concluye el el próximo viernes 15 de diciembre.

“Por supuesto que queremos votar la Ley de Seguridad Interior, hay voluntad de los senadores priistas y los de otros grupos. Estoy convencida de que la próxima semana estará aprobada”, señaló Díaz.

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Entrevistado momentos antes en el mismo espacio, Gil Zuarth indicó que las comisiones analizarán y votarán la propuesta de ley el lunes, para que sea enviada al pleno, donde se discutirá el martes, miércoles y jueves.

El senador panista lamentó que hoy la Ley de Seguridad Interior se esté “discutiendo desde blancos y negros”, siendo un tema que tiene 10 años en debate, lo que no ha permitido que se alcancen los puntos intermedios al respecto.

Reiteró que esta ley pretende evitar el uso discrecional de las Fuerzas Armadas, para que sea un procedimiento con pasos específicos, objetivos, reglas claras y responsabilidades.

Sin embargo, organizaciones civiles temen que la ley incremente los casos de violaciones a los derechos humanos, que han tenido un fuerte repunte desde el inicio de la guerra contra el narco, iniciada en 2006, y la consideran una potencial amenaza al ejercicio de la protesta social.

 

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