El dictamen contiene cambios que darán flexibilidad a los consumidores de energía eléctrica, en especial las empresas, para la adquisición de Certificados de Energías Limpias en caso de que no haya suficiente oferta.

 

Las comisiones unidas de Energía y Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen de la Ley de Transición Energética, la cual establece los institutos y mecanismos que incentiven la producción de electricidad a través de energías renovables.

A falta de que sea aprobada en el Pleno, ésta sería la última ley en aprobarse de las 22 emanadas de la reforma energética impulsada por el gobierno federal para abrir la participación privada en el sector.

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El dictamen aprobado contiene algunos cambios respecto al que se pasó en la Cámara de Diputados, con el propósito de dar mayor certidumbre a los generadores y usuarios de la electricidad sobre la transición hacia energías renovables, dijo el senador del PAN Jorge Luis Lavalle.

“La minuta (aprobada por los diputados) es buena y obedece al espíritu de la Ley de la Industria Eléctrica (…) pero, por cómo estaba redactada, generaba incertidumbre para varios usuarios de la energía. Los cambios que hicimos al respecto son para armonizar esta ley”, dijo el legislador en entrevista.

El senador por Campeche resaltó que el principal cambio es la adición del Artículo Vigésimo Segundo Transitorio de la Ley, el cual establece que, siempre y cuando no exista la suficiente oferta de energías limpias, se amplíe hasta cuatro años adicionales la adquisición de Certificados de Energías Limpias.

La Ley de Transición Energética establece los Certificados de Energías Limpias como el mecanismo para cumplir con las obligaciones en este rubro, además de que contempla sanciones.

Este cambio daría flexibilidad a los usuarios de electricidad, sobre todo a empresas, en caso de incumplimiento de los generadores de energías limpias, como la solar fotovoltaica, eólica, geotérmica, biomasa e hidráulica renovable.

Organismos empresariales como la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) y de la Cámara Nacional de la Industria del Acero (CANACERO) argumentaban que, tal como estaba planteada la ley antes de discutirse en el Senado, representaría costos competitivos a sus industrias, pues se planteaban multas de seis a 50 salarios mínimos (de 26 a 218 dólares) por MWh para aquellos consumidores que no cumplan el compromiso de adquirir Certificados de Energías Limpias.

Al respecto, Lavalle Maury dijo que había que dar certidumbre a los usuarios sobre el costo de los certificados, para los cuales se estableció un tope máximo de 60 Udis (Unidades de inversión) por cada uno, “un nivel menor al costo de las multas para hacer atractivo el costo de los certificados”, agregó.

 

Gas natural, fuera de energías limpias

Por otro lado, quedó fuera de la discusión la petición de la CANACERO de incluir al gas natural como un combustible de bajas emisiones para cumplir con la Ley de Transición Energética. Jorge Lavalle dijo que la Ley de Cambio Climático es la que determina cuáles son energías limpias y cuáles no.

El mismo dictamen considera que la generación eléctrica mediante ciclos combinados, que incluye el gas natural, “no podría considerarse como cogeneración eficiente”.

No obstante, en la exposición de motivos que harán mañana las comisiones, harán un pronunciamiento que deje asentado que, dependiendo del dinamismo del sector y de los avances tecnológicos, el ciclo combinado pueda considerarse algún día como energía limpia.

Cerca del 85% de la electricidad producida en México es a través de recursos no renovables. De ese porcentaje, 50% de la electricidad se produce con gas natural y con hidroeléctricas, de acuerdo con información de la consultora Caraiva y Asociados.

“Toda ley es perfectible”, agregó el legislador, quien adelantó que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) tendrá que evaluar la competitividad del sector eléctrico.

La Ley de Transición Energética había sido aprobada por la Cámara de Diputados desde diciembre de 2014, pero no había sido discutida por el Senado hasta el presente periodo de sesiones, que inició el 1 de septiembre y termina el 15 de diciembre.

Si se generaran 10,000 gigawatts por hora (GWh) al año con estas energías, el incremento anual del PIB sería de 346,000 millones de pesos (mdp), se crearían hasta 150,000 empleos (los mismos trabajadores activos y jubilados de la Comisión Federal de Electricidad) y generaría una recaudación fiscal de 23,000 mdp por año, según el estudio Plan integral para el desarrollo de las energías renovables en México 2013-2018, elaborado por PwC.

La Secretaría de Energía (Sener) tiene como meta la reducción de producción de electricidad de con combustibles fósiles al 65% en el año 2024.

En 2014, México atrajo 2,100 millones de dólares (mdd) en inversión en energías renovables, 40% más que en 2013, de acuerdo con el informe Tendencias globales de inversión en energías renovables 2015, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

 

 

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