Con 94 votos a favor y 23 en contra, el pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que expide la Ley General de Responsabilidades Administrativas o llamada ley #3de3.

La ley aprobada, por lo senadores, distribuirá competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran.

Así como las que correspondan a particulares vinculados a faltas administrativas graves, los procedimientos para su aplicación y los mecanismos de prevención.

“Entre los objetivos de la ley están: establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos; establecer las faltas administrativas graves y no graves de los servidores públicos, las sanciones aplicables a estas faltas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto”, dijo el Senado en comunicado de prensa.

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Un artículo importante de la nueva ley es el número 29, el cual señala que las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas, salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.

La ley busca inhibir cualquier acto ilegal de un servidor público para beneficio personal, ya que fortalece sus responsabilidades administrativas y las sanciones aplicables por actos u omisiones en qué estos incurran, según los legisladores de la Cámara alta.

 

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