Las penas irán de diez a 15 años de prisión dependiendo del delito y sus circunstancias, y se impondrán multas de 10,000 a 15,000 días de salario mínimo vigente (1.09 millones de pesos).

 

El Senado de la República aprobó la noche del martes 15 una ley que aumentará las penas al robo de hidrocarburos a través de tomas clandestinas, que dejan pérdidas estimadas de 40,000 millones de pesos al año.

El dictamen que expide la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de hidrocarburos fue aprobado en la cámara alta con 66 votos a favor, 21 en contra y cuatro abstenciones.

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La ley establece sanciones “a quien sustraiga hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos; a quien compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice, negocie, resguarde, transporte, almacene o distribuya hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores”, de acuerdo con un comunicado del Senado.

Las penas irán de diez a 15 años de prisión dependiendo del delito y sus circunstancias, y se impondrán multas de 10,000 a 15,000 días de salario mínimo vigente (1.09 millones de pesos).

El robo de productos de petróleo y gas se castigaba en México con penas de prisión de tres a diez años, y multas que pueden ser incrementados en circunstancias específicas, pero la falta de cumplimiento y detección de robo dificultaba que se castigaran estos delitos.

Jorge Luis Lavalle, senador del PAN, dijo en entrevista que la ley penaliza de acuerdo a quien participa “desde al funcionario de Pemex que lo permite, quien sustrae y a quien la transporta. La pena máxima es a quien compromete más la seguridad de las personas”.

Por ejemplo, se prevén sanciones de uno a cinco años de prisión y multa de 4,000 a 7,000 días de salario mínimo vigente en el lugar de los hechos, a cualquier servidor público que, en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, tenga conocimiento de la probable comisión de algún delito materia de esta Ley y no lo denuncie ante la autoridad competente”.

El legislador por Campeche agregó que con esta ley también se podrá deslindar responsabilidades de quienes no tenían en participación en los delitos, como a choferes que desconozcan si el combustible transportado fue sustraído ilegalmente y a dueños de terrenos o ejidos que ignoraban que hubiera tomas clandestinas.

El robo de combustibles se ha vuelto un problema endémico para el país. De 2009 a 2013, Pemex Refinación interpuso 6,480 denuncias por este delito. Y al 31 de octubre de este año se han registrado 5,561 denuncias.

Los estados donde se localizaron más tomas clandestinas en 2013 fueron Tamaulipas con 540, Veracruz (242), Jalisco (230), Sinaloa (226), Puebla (211) y el Estado de México (200), de acuerdo con datos proporcionados por Petróleos Mexicanos (Pemex).

 

Multas a despachadores de gasolina

También se impondrán de tres a seis años de prisión y multas de 3,000 a 6,000 días de salario mínimo vigente, en el lugar de los hechos, “a quien enajene o suministre gas licuado de petróleo o gas natural, con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior al 3% de la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición”.

Senadores del PRD y PT protestaron contra esta medida pues, afirman, se estaría legalizando el robo de combustibles a los consumidores porque los despachadores de gasolina ya no estarían obligados a modernizar sus sistemas de medición ni a servir “litros de a litro”.

Jorge Luis Lavalle, del PAN, agregó que esta ley busca dar certidumbre al mercado, en vísperas de la apertura del sector gasolinero en 2016 y la liberalización completa en 2018.

“El próximo año habrá servicio diferenciador. Como consumidores podemos denunciarlos. El mercado va a poner a cada quien en su lugar”, dijo el senador panista, quien recordó que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) establece mecanismos de sanciones para estas empresas.

 

 

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