Con 94 votos a favor, el Senado mexicano aprobó la reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles, conocida como la Ley de Reemprendimiento, para facilitar el cierre de empresas jóvenes.

“Estas modificaciones plantean un procedimiento simplificado que permite a las empresas llevar a cabo su proceso de disolución y liquidación de una manera sencilla, rápida y gratuita”, precisó la dependencia.

El pasado 25 de octubre, el presidente de la Asociación Mexicana de Emprendedores (Asem), Fernando Mendivil, dijo que el cierre de una compañía cuesta 40,000 pesos y tarda hasta dos años.

Aquí la nota completa: Si tu empresa fracasa, cerrarla cuesta 40,000 pesos

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En el dictamen aprobado, los legisladores señala que el procedimiento simplificado de disolución y liquidación únicamente debe ser dirigido para aquellas empresas que se ubiquen en supuestos específicos y que cumplan con condiciones claras, a efecto de evitar el cierre de sociedades con obligaciones pendientes de cubrir para sus accionistas o con terceros.

En México, 7 de cada 10 empresas muere durante sus primeros cinco años de vida, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial,  el panista Héctor Larios Córdova, explicó que cerrar una empresa en México es tres veces más caro que abrirla; además, este trámite puede generar un conjunto de problemas para los socios.  Con la reforma el costo para disolver una sociedad será de cero pesos.

Dijo que se pretende establecer un método simplificado para liquidar empresas, pero no aplicará para todas, pues se tiene un conjunto de requisitos como el que todos los socios sean personas físicas, no hayan tenido operaciones ni facturado en los dos últimos años, que estén al corriente del pago de sus obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social, entre otros.

El senador priista Ricardo Urzúa Rivera  dijo que en los últimos cuatro años se constituyeron más 324,000 empresas, pero cerca de 40% no han tenido éxito; no obstante, éstas no han podido disolverse, debido a que se trata de un trámite costoso, el cual puede tardar hasta más de dos años.

La reforma se envió a la Cámara de Diputados para su revisión constitucional.

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