La intención del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de eliminar órganos autónomos daña la democracia, habilita la mayor presencia de conflictos de interés y reduce la competencia económica en perjuicio del bienestar de la población, de acuerdo con la organización México, ¿cómo vamos?

El centro de análisis afirmó en un reporte que si desaparecen los órganos autónomos, el gobierno se convertiría en un regulador, en el ejecutor del presupuesto público y en algunos casos también un competidor. 

“En ese caso, su labor carecería de autonomía, imposibilitando el cumplimiento del mandato que ahora tienen los organismos autónomos.  En otras palabras, sería equivalente a ser juez y parte”, aseveró en un documento donde analiza las propuestas de reformas constitucionales del presidente.

Aseveró que si desaparece el INAI, no se podrá garantizar la transparencia de la información pública, el acceso a la información y a la protección de datos personales en manos del gobierno y de privados.

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Si se eliminan la Cofece y el IFT, no se garantizará el eficiente desarrollo de mercados y la promoción de la libre competencia, añadió.

Señaló que si desaparecen la CRE y la CNH, el mercado energético podría enfrentar retos que mermarían el crecimiento del país, toda vez que ambas comisiones son reguladores que requieren de un alto conocimiento técnico y de autonomía en sus decisiones, así como independencia de las agendas políticas de corto plazo.

Expuso que no se podría evaluar objetivamente el impacto de los programas sociales y estimar los distintos tipos de pobreza si desaparece el Coneval. 

“En su caso, no basta con asignar más recursos adicionales al Inegi para que realice las labores del Coneval, sino que debiera revisarse el mandato y diseño institucional del instituto”, consideró.

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La organización indicó que la eliminación de estas entidades autónomas se revertiría el esfuerzo de más de dos décadas de la sociedad civil organizada por tener organismos que garanticen la rendición de cuentas, y que sean un contrapeso al poder público.

El centro de investigación aseguró que la posible eliminación de estos organismos no representaría un recorte significativo en el gasto público, un ahorro que, según el gobierno, podría destinarse al financiamiento de políticas públicas y evitar así un mayor dispendio de recursos.

Los recursos públicos destinados a organismos autónomos no representan ni el 5% del presupuesto destinado a pensiones en el Presupuesto de Egresos de  2024, contrastó.

Más empleo formal y más mujeres, clave para reforma de pensiones

La organización señaló que una reforma de pensiones incluyente y sostenible en el tiempo solo es viable si se enfocan esfuerzos en crecer la formalidad del mercado laboral mexicano y la participación de las mujeres. 

Solo con más empleo formal, con prestaciones y seguridad social, las y los trabajadores podrán tener acceso a una pensión contributiva, ya que actualmente solo 4 de cada 10 mexicanos de 18 a 70 años tienen una cuenta de ahorro para el retiro o Afore.

La brecha entre hombres y mujeres es de 18.1 puntos porcentuales, ya que el 48.8% de los hombres tiene una cuenta para el retiro, mientras que solo el 30.7% de las mujeres tiene ese tipo de cuenta.

Apuntó que aunque las pensiones fueran al 100%, México seguiría con el mismo resultado de que la mayoría de la población no tendría una pensión al momento de su jubilación, con especial énfasis en que 7 mujeres de cada 10 no la tendrían.

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Manifestó que las cuentas de ahorro formales para el retiro y las eventuales pensiones están estrictamente ligadas a la condición laboral de las personas: a tener un empleo formal. 

“En un país donde la tasa de informalidad laboral es de 55% y la brecha de participación laboral entre hombres y mujeres de 30 puntos porcentuales, una reforma acotada a mejorar tasas de reemplazo perpetuaría las desigualdades del presente en nuestras sociedades futuras”, aseveró.

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