Alma Solís

Panamá este 3 de noviembre celebra su separación de Colombia y 113 años después se ven enfrentados por temas comerciales.

El gobierno de Colombia este 2 de noviembre emitió un nuevo arancel para la importación de calzados y textiles lo que provocó el rechazo del gobierno panameño.

El tema arancelario entre los dos países vecinos se remonta al 2012 cuando se emitió un primer decreto sobre el tema lo cual llevó a Panamá a pedir la intervención de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

El caso fue ganado por Panamá y Colombia decidió dejar sin efecto la norma, pero la suplantó por otra alegando que ahora sí cumple con los estándares de la OMC.

En el nuevo decreto colombiano se estableció un umbral de 10 dólares por kilo para prendas de vestir y entre 6 y 10 dólares por par de zapatos (dependiendo del tipo de calzado), bajo el cual aplicará temporalmente el arancel máximo consolidado en la OMC (de 40% y 35%, respectivamente) y por encima del umbral, aplicará el arancel de 15% que existió hasta el año 2013.

La medida anterior era un poco más alta a cada par de zapatos importados con precio inferior a 7 millones de dólares (mdd) se le aplicará un arancel de 10% más 5 mdd. Los que superen los 7 mdd pagarán 10% más 1.75mdd por cada par.

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En un comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI) señaló “que incumplen nuevamente tanto sus obligaciones como Miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), como lo dispuesto en los fallos del Órgano de Solución de controversias sobre el arancel mixto y las restricciones sobre puertos de entrada”.

El ministro de Comercio Augusto Arosemena adelantó que están analizado opciones que en un corto plazo puedan, para evitar mayores perjuicios a nuestro sector afectado y equilibrar los flujos de comercio con dicho país”.

Panamá en los próximos días podría estar utilizando contra Colombia su nueva ley de retorsión la misma que fue actualizada en relación a la situación.

Colombia justifica el arancel y otras medidas tomadas como armas para defensa contra el contrabando y lavado de dinero.

 

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