No existe certeza respecto a las actividades que realizan, los sueldos que perciben ni la productividad de los trabajadores de confianza de las instituciones públicas federales, lo que hace difícil evaluar si la propuesta de recortar 70% de los empleos de este tipo generé un impacto e el mercado de trabajo, coincidieron especialistas consultados por Forbes.

Entre los 50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad en el gobierno se establece que se reducirá la estructura de confianza en 70% de personal y del gasto de operación.

“Esta decisión que toman las dependencias de contratar gente bajo este esquema se hace discrecionalmente y no significa que sean puestos necesarios. Dentro de una estructura de una dependencia pueden existir puestos innecesarios y sin funciones definidas, si en algún momento una dependencia requiere de un puesto de trabajo más bien puede solicitarse e integrarse a la estructura”, consideró Víctor Chávez, socio director de Grupo Human.

Es importante evaluar las funciones de los empleados de confianza y su productividad, toda vez que hasta el momento no existen estos mecanismos.

“Debe haber mecanismos para contratar gente especializada a través de mecanismos de confianza siempre y cuando sus resultados puedan ser evaluados”, señaló el integrante de la empresa enfocada en la gestión de talento humano.

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno de 2017, en las instituciones públicas federales laboran 1,567,381 personas en las 319 instituciones de la administración pública federal, de las cuales 317,879 son empleados de confianza.

Si tomamos en cuenta estas cifras el recorte planteado por el virtual presidente electo impactaría a 222,515 trabajadores contratados bajo este esquema, es decir representa 14.19% del total de burócratas federales.

El censo también revela 74.5% del total de empleados de la administración pública federal ganan menos de 15,000 pesos; 15.2% ganan entre 15,000 y 30,000 pesos; y 10.3% de los empleados ganan más de 30,000 pesos.

Sin embargo, este estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), no aporta detalles de los rangos salariales de los empleados de este tipo.

En el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo se define que el trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto, además apunta que son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización cuando tengan carácter general, y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento.

Esta ley también detalla que las condiciones de trabajo contenidas en el contrato colectivo que rija en la empresa o establecimiento se extenderán a los trabajadores de confianza, salvo disposición en contrario consignada en el mismo contrato colectivo.

La indiscriminada contratación de personal a través de este esquema de “confianza” que tiene más de 20 años ha generado un cáncer en la burocracia, apunta Alfonso Bouzas Ortiz, integrante del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

“En los últimos años que se puso de moda la tercerización la democracia también se pone a la moda y muchas de sus actividades las realiza así”, aseguró el académico.
Los empleos que se van a recortar, desde la perspectiva del académico, son los que reciben sueldos muy elevados o que duplican labores.

“Apenas son un 3% con altos ingresos como secretarios particulares con sueldos de más de 100,000 pesos de ingreso, eso no tiene ninguna razón de ser, o los que son trabajadores con salarios bajos y condiciones laborales inestables, por lo tanto, la repercusión si va a ser ahorrar gastos inútiles, pero no afectar al sector público” afirmó.

 

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