La telefónica estadounidense AT&T consideró que la reforma en telecomunicaciones podría fracasar si no hay un “compromiso inquebrantable” de las instituciones con la implementación de las medidas que buscan las condiciones de competencia efectiva.

Además, señaló que hoy aún se está “muy lejos de asegurar el éxito de la reforma constitucional: la creación de una competencia efectiva duradera”.

Lo anterior, en respuesta a la publicación de un proyecto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que plantea una resolución a favor de América Móvil, lo que daría marcha atrás a la llamada tarifa cero de interconexión.

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“La historia muestra que si no existe un compromiso inquebrantable con la implementación de la regulación diseñada para rebalancear el sector, las reformas de mercado pueden fracasar a un paso más acelerado que el de su progreso”, dijo la compañía a Forbes México.

Asimismo, AT&T dijo que continua optimista de que las instituciones gubernamentales del velarán por los intereses de los ciudadanos y mantendrán su compromiso de generar condiciones de competencia efectiva.

En su breve posicionamiento, la telefónica destacó que durante décadas las telecomunicaciones en México se han caracterizado por la presencia de un jugador dominante, el cual aún conserva una alta concentración del mercado.

“Los consumidores mexicanos pueden ver que la promesa de una implementación efectiva y duradera de esta reforma está resultando en inversiones, precios más bajos, más opciones y una mejor experiencia de cliente, entre muchos otros beneficios”, puntualizó.

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Esta tarde se dio a conocer un proyecto del ministro Javier Laynes que aceptaría el amparo interpuesto por Radiomóvil Dipsa y que declararía inconstitucional el artículo en materia de telecomunicaciones que permite al Congreso de la Unión imponer medidas asimétricas entre operadores.

El artículo 131, inciso A, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) establece que el agente económico preponderante (AEP), en este caso América Móvil (Telmex/Telcel/Telnor), no podrá cobrar a sus competidores dicha tarifa por terminación de llamadas mientras tenga más del 50% de participación de mercado. En ese sentido, lo que analiza la SCJN es si el mismo resulta o no constitucional.

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