Muy poca atención se le da a la secuencia de las reformas, sobre todo en el marco legal y la capacidad de aplicación y garantía de derechos de propiedad, sin lo cual se vuelven sólo grandes oportunidades de opacidad y corrupción.

 

 

 

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El tema del momento en el país son las reformas estructurales: Energética, Fiscal, Financiera y Educativa. La administración federal parece tener mucha prisa en pasar todas las reformas lo más rápido posible, sin importar lo relevante de la secuencia de las mismas. La discusión pública se centra alrededor de éstas y sus consecuencias para el país, en particular en sus perspectivas de desarrollo y crecimiento económico. Muy poca atención se le da a la secuencia de las reformas sobre todo en el marco legal y la capacidad de aplicación y garantía de derechos de propiedad. Sin lo anterior las reformas se vuelven solo grandes oportunidades de opacidad y corrupción.

Las reformas estructurales han estado en el centro del debate entre economistas, politólogos y hacedores de políticas públicas en el mundo por al menos dos décadas y los resultados han sido mixtos. Existe evidencia contradictoria sobre el impacto en crecimiento de dichas reformas, países que las han realizado han crecido y otros han seguido igual. De la misma forma países que se han negado a hacerlas han crecido y otros no. De ninguna manera se puede argumentar que las reformas estructurales sean una panacea y mucho menos que expliquen el crecimiento; éste último es quizá el misterio más grande en la ciencia económica.

Esta discusión en el mundo comenzó en gran medida a principios de los años ochenta con las grandes crisis de deuda latinoamericanas y los programas de ajuste estructural (SAPs) del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Impulsaban una agenda de disminución en los roles de intervención del estado en la economía. Este ímpetu desregulador en algunos casos necesario, partía de lo que Joseph Stiglitz llama fundamentalismo de mercado; o la idea de que el estado sólo empeora las cosas al intervenir y los mercados son totalmente capaces de autorregularse y mantener una total eficiencia.

La experiencia mexicana en reformas como la energética tal como se plantea no ha sido buena. En lugar de obtener mercados más competitivos se han trasladado meramente de monopolios del estado a monopolios privados que han sido igualmente ineficientes, la diferencia que los privados si han sido más eficientes en la captura de rentas. Manteniendo una economía igualmente concentrada y de baja competencia, este es el caso de Teléfonos de México y de la banca.

Esta falta de interés en la relevancia de la secuencia de las reformas, sumado a la defensa que hacen muchos opinadores y hacedores de políticas públicas sobre la urgencia de las mismas muestra un clara falta de entendimiento sobre el funcionamiento de la economía de mercado. Sobre cómo las reformas institucionales pueden mejorar o empeorar su funcionamiento.

Una economía de mercado presenta muchos problemas de coordinación que surgen de la información asimétrica, pero que van más allá de las fallas de mercado y llegan a problemas de gobierno corporativo, de la acción colectiva y de la infraestructura institucional y legal con la que se cuenta. Sin un claro sistema de impartición de justicia, transparencia en la asignación de contratos públicos, derechos de propiedad fuertes y claros, así como  la capacidad para hacerlos valer, una serie de reformas lejos de mejorar la competencia en los mercados pueden disminuirla, corriendo el riesgo de transformar al país en una economía extractora de rentas y no en una economía realmente industrializada.

La estrategia de la administración federal al presentar tantas reformas al mismo tiempo tiene cierta reminiscencia a la terapia de choque impulsada por los SAP en los años ochenta, las cuales lejos de crear condiciones de crecimiento, crearon en la región una década perdida. Una estrategia más orgánica, que permita la adaptabilidad y soporte entre sí de las reformas sería mucho más coherente con el objetivo de lograr crecimiento económico y bienestar.

La creación de una fuerte economía de mercado tiene por necesidad que ser un medio para fines más trascendentes, como mayor equidad, mejoras en la calidad de vida y en la igualdad de oportunidades. A este respecto, grandes economistas de distintas tradiciones, más estatistas o más pro mercado como Keynes, Schumpeter y Hayek, se encontraban de acuerdo: la transformación institucional, y dentro de éste el Estado de Derecho, son necesarios para la existencia de una economía de mercado funcional.

Lo que México ha experimentado durante décadas es un capitalismo de amigos, “cronismo” en su más pura expresión. Reformas como la energética tienen poco sentido si antes no le antecede una reforma fiscal. De la misma forma, estas dos tienen pocas perspectivas de éxito si antes no existe una reforma política y una al sistema de impartición de justicia, que pueda evitar el debilitamiento del Estado, limitando y castigando la corrupción e impidiendo la captura regulatoria que limita el funcionamiento y la operación adecuado del estado en múltiples áreas.

Para poder operar y hacer eficiente la competencia económica con todo lo que implica, hace falta un andamiaje legal e institucional en su sentido más amplio. Las reformas deben apoyarse unas a otras para funcionar. Pretender un funcionamiento sin tener en cuenta esto es construir una casa de naipes, no existen cimientos sólidos para que funcionen correctamente solo para crear incentivos a la extracción de rentas, producto de la debilidad institucional del país.

Parafraseando a Kenneth Arrow, Premio Nobel de Economía en 1972: “Los sistemas de propiedad no son en lo general completamente autoaplicables. Estos dependen para su definición en constelaciones de procedimientos legales, civiles y criminales. La ley no puede ser pensada como sujeta a un sistema de precios, el sistema de precios es incompleto y por esta razón debe ser apoyado en un contrato social.”

Justo en este punto estriba una de las grandes debilidades de México, que repercute en lo económico y en todo lo demás. México tiene un sistema de aplicación legal débil, sus capacidades son limitadas y los procesos de reforma estructural lanzados de forma simultánea incrementan su opacidad, limitando la discusión pública y creando incentivos para el comportamiento extractor de rentas. El contrato social en México en muchos casos no funciona.

Ciertas reformas son muy necesarias en México, sobre todo a cuestiones fundamentales como la aplicación de la ley y el cobro de impuestos. Pero aún si asumimos que las reformas, tales como se plantean, respondieron a un diagnóstico correcto de nuestra economía, el enredo que se crea al tratar de pasarlas de forma rápida y simultánea fomenta un clima propicio para que estas fallen y se repitan los fallos históricos en los procesos de reforma en el país y en el mundo. En términos de cambios institucionales, lo importante es su éxito y capacidad transformadora no su velocidad.

 

 

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*Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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