La clave de un modelo de gober­nabilidad idóneo para el último tercio del sexenio está en una buena implementación del Sistema Nacional Anticorrup­ción, afirma Alejandro Poiré, de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey.

Secretario de Gobernación en la admi­nistración pasada y académico en México y Estados Unidos, Poiré habla también de los costos políticos para el gobierno de la visita de Donald Trump, tanto los ya vistos como los que aún están por verse.

“El primer efecto fue la renuncia del secre­tario de Hacienda (Luis Videgaray), princi­pal arquitecto y estratega del esfuerzo del gobierno del presidente Peña por llevar a cabo una serie de reformas estructurales”, dijo Poiré.

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Esta visita también ha tenido efecto en las elecciones en Estados Unidos en la validación del liderazgo de Donald Trump a nivel inter­nacional y en función de eso va a incidir, ya sea como parte de los eventos que pudiesen llevar al republicano a la Presidencia o, alternativamente, en una esperable mala relación del gobierno mexicano con la administración de (Hillary) Clinton.

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“Y en el mediano plazo también tendrá impacto en la relación, por lo menos de este gobierno, con la comunidad mexicana en Estados Unidos. Fue una decisión muy costosa para el gobierno mexicano”, comentó Poiré.

El camino hacia 2018 cada vez se acorta más y lo que es necesario, en palabras del académico,  es exigir gran responsabilidad, del gobierno federal y de los legisladores, en términos de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, y de muchos actores políticos y públicos.

“La ciudadanía tiene el papel de mante­ner y fortalecer la exigencia de transparen­cia, sacar adelante una agenda ciudadana con planteamientos alternativos de política pública que puedan recoger y promover las alternativas que vamos a ver en 2018”, dijo Alejandro Poiré.

Existe un riesgo y un reto para el gobierno federal, que es tener un modelo de gobernabilidad idóneo para 2018.

“El énfasis en una extraordinaria imple­mentación del Sistema Nacional Antico­rrupción (SNA). Ahí hay una clave para que el gobierno del Presidente cierre un ciclo exitoso de reformas. En la medida en que el gobierno federal sea el principal impulsor de este sistema y acelere la implementación de cada una de las normas, fortalezca el combate a la co­rrupción y la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, construirá un es­pacio en el que los distintos actores podrán sumarse, hacer exigencias y una oferta política en torno de lo cual los ciudadanos habrán de elegir”, platico el académico de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey.

Para el académico, es necesario que en México nos convenza­mos de que la impunidad es lo que está en el corazón de nuestra crisis de inseguridad y del estado de derecho, y actuemos en consecuencia, daremos pasos hacia un desarrollo más amplio e incluyente.

“Como servidores públicos, las personas están sometidas a una exigencia de mayor transparencia, probidad, cuidado en el res­peto de la ley y, por supuesto, tienen mayor probabilidad de sanción si la incumplen”, dijo Poiré.

“Todos los mexi­canos tenemos que entender que somos iguales ante la ley y que los derechos de todos son no conculcables, y uno de esos derechos es que el resto de las personas, si comete un delito, pague por ello”, enfatizó.

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Alejandro Poiré enumera cuatro señales para ver si el gobierno toma el reto

  • La primera es que la elección de todos los integrantes de los nuevos órganos del sna tendría que ser transparente, abierta, y la decisión recaer en personas de probidad y buen perfil, y que se les otorgue autonomía y respaldo. Hay que estar atentos a que las convocatorias se hagan en los tiempos constitucionales.
  • La segunda es la discusión presupues­tal, que cada uno de los instrumentos tenga una partida presupuestal suficiente para poder echarla a andar.
  • Y la tercera es un compromiso abierto del gobierno con la transpa­rencia. Si no alcanzaron los votos en el Congreso para pasar la ley 3de3, pudiera darse una práctica en todo el gobierno federal y en cada vez más actores políticos de promover esta iniciativa a título per­sonal y buscar avanzar en los fragmentos que se quedaron cortos.
  • Otra señal es que se persiga cada denuncia con sustancia presentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y otros órganos.

 

― ¿Cuál es la tarea específica de Presidencia?

― Encabezar estos esfuerzos y hacer un compromiso patente, claro, abierto con cada una de estas iniciativas y dar un respaldo muy concreto a los perfiles de primer nivel, e impedir que los partidos, incluido el suyo, intenten frenar la profun­didad de la reforma.

El Presidente es el gran catalizador de muchos de estos cambios en la agenda legislativa, pero sobre todo de su imple­mentación. Si hay una señal clara de no a la impunidad y a la corrupción, de sí a la transparencia y a la participación de la sociedad de manera crítica, abierta y responsable, esa señal tiene que venir de Los Pinos, de Palacio Nacional.

 

― ¿Tiene Presidencia el capital político para ello?

― El capital político es variable, no es esta­ble, y en la medida en que inviertes en los elementos que te den rendimiento políti­co, se puede acrecentar. Ahí está la clave del último tercio de la administración de Peña Nieto, en su capacidad para apostar no sólo por las cosas que teníamos 30 años sin reformar, sino en otras que han estado muchos más años sin reformar. Ya se dio un primer paso, gracias a la presión de la sociedad civil y los partidos.

 

― Hay zonas que están bajo el control de la delin­cuencia, y no se reconoce que ello ocurre, y la impunidad, que invita a cometer más delitos, es generalizada.

― El gobierno tiene instru­mentos. Me hubiera gus­tado ver que se profundi­zara en la construcción de esos instrumentos para fortalecer los órganos de prevención y combate del delito a nivel federal.

En el ámbito local tampoco se ha acelerado lo suficiente, pero de que hay instrumentos los hay, y muy buenos. Se empezaron a construir de manera acelerada hace 10 años, para contar con un sistema de justicia penal moderno, ágil, capaz de atender un entorno más comple­jo y dar mayores garantías en la presun­ción de inocencia, pero también mayor agilidad a la autoridad para sancionar a quienes delinquen. También se formó una policía federal que me hubiera gustado ver que creciera, con mayores estándares de exigencia y excelencia.

Lo que falta es una convicción más amplia de la sociedad de que tenemos que construir un imperio de la ley que signi­fique, primero, que somos iguales ante la ley, que quien incumpla sea quien va a pagar. Y que si una persona, independien­temente de su condición, ve violados sus derechos humanos, propiedad, seguridad, libertad, sepa que tiene una autoridad a quien recurrir para que la proteja.

Esa igualdad también aplica para las personas en los negocios, y quiere decir que si estoy en un litigio voy a ganar con­forme lo mandate la ley, no conforme a mi capacidad para acercarme a la autoridad, empujar, coercionar, cooptar, corromper.

 

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