Por Julián Andrade*

Las grandes reformas requieren de tiempo para ser implementadas. La prisa nunca es buena consejera y esto aplica para el Sistema de Justicia.

La noche del 18 de junio de 2016, en el Castillo de Chapultepec, se dio el golpe de mallete a un proceso que inició desde 2008, cuando se aprobaron los lineamientos constitucionales que permitirían implantar un modelo garantista en el que imperara la presunción de la inocencia, la oralidad y el respeto a los Derechos Humanos.

Representantes de los tres Poderes y cientos de invitados se dieron cita para atestiguar el arranque de la transformación más importante desde la promulgación de la Constitución de 1917.

Llegar a ese punto no fue sencillo, porque se requirió de un cambio cultural profundo -que todavía no concluye- y la construcción de toda una infraestructura que permitiera que la oralidad en los juicios se desarrollara de forma adecuada.

Uno de los ejes centrales del nuevo sistema es la reducción de la prisión preventiva. Esto se hizo así, para evitar que gente inocente se viera obligada a enfrentar acusaciones tras las rejas.

La idea es que se dejara de detener para investigar y que se pasara a investigar para detener. El cambio en el orden de los verbos, lo es también en toda la concepción de nuestra política penal.

Para lograr esto, se redujo el catálogo de delitos que requirieran la prisión preventiva oficiosa. Todos los encargados de implementar el modelo sabían que era un reto mayúsculo y que iba a enfrentar problemas y quizá el más relevante sería el aumento de la incidencia delictiva durante las primeras etapas.

En efecto, los delitos tuvieron un alza y se creó, en no pocas ocasiones, el efecto de puerta giratoria, donde los presuntos responsables de conductas contrarias a la ley entraban y salían de prisión.

Esto fue muy claro en el tema de la portación ilegal de armas, la que dejó de ser un delito grave y provocó que muchos conflictos terminaran a balazos y que aumentaran los homicidios.

Otra consideración importante es que muchos procesados dejaron las cárceles, ya que fueron beneficiados por las nuevas reglas, y ello condujo a presiones adicionales para las procuradurías y las policías.

Ante esto, hace unos días se aprobaron en el Senado reformas al catálogo de delitos, pero se hizo sin las consideraciones técnicas adecuadas.

En la propuesta, que tendrá que ser discutida en la Cámara de Diputados, se incluyeron como conductas graves el uso político de programas sociales, los robos de autotransporte, a casa habitación y de hidrocarburos, y el abuso sexual contra menores, entre otros.

Es un error que puede dar al traste o complicar mucho la consolidación del Sistema y significar la reversa en varios de sus aspectos garantistas.

Es el riesgo del populismo penal, seduce y suena atractivo, ya que todos queremos en prisión a los bandidos, pero se olvida que uno de los motivos de la impunidad radica en las debilidades institucionales.

Los delitos no se castigan porque no hay buenas investigaciones y no porque las leyes sean duras o blandas.

*Periodista y escritor. Es autor de la Lejanía del desierto y coautor de Asesinato de un cardenal

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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