2008 marcó el inicio de una nueva era de coordinación económica mundial que puso en evidencia la necesidad de modificar el statu quo que prevalecía desde muchas décadas atrás en materia de regulación y supervisión financiera, y también de vinculación con el cliente del sistema financiero en general.

 

2008 fue un año muy particular (incluso Ben Bernanke, expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, dijo que la crisis financiera de ese año fue la peor en la historia mundial, superando a la Gran Depresión), con efectos negativos en el mundo de los que México salió bien librado gracias a que tuvo un manejo acertado de la incertidumbre financiera, según Paul Krugman, Premio Nobel de Economía.

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Ese año marcó el inicio de una nueva era de coordinación económica mundial que puso en evidencia la necesidad de modificar el statu quo que prevalecía desde muchas décadas atrás en materia de regulación y supervisión financiera, y también de vinculación con el cliente del sistema financiero en general.

Al inicio de 2010  se comenzó a difundir que  Estados Unidos  apostaría  por un proyecto de reforma financiera  que contemplaría  una mayor normativa  para el manejo de  derivados, las operaciones especulativas con capital de depósitos, regulación para los concesionarios automotrices y mayores requerimientos de capital para los bancos. La reforma financiera llamada Ley Dodd-Frank fue aprobada el 15 de julio.

Nuestro país llevaba siete años de estabilidad económica cuando a mediados de 2008 empezó a resentir los efectos de la crisis financiera mundial, ante lo cual se tomaron diversas medidas para hacer frente a la crisis en cuanto al ámbito regulatorio en nuestro país. Ese fue un año muy dinámico ya que se aprobaron importantes reformas, tanto en el ámbito de las leyes financieras (concretamente la Ley de Instituciones de Crédito) como en el de las disposiciones administrativas secundarias, en donde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió la Circular Única de Bancos. Las reformas originaron, entre otras cosas, lo que se denomina banca de nicho y la figura de corresponsales bancarios de captación, ambas le dieron al sistema un nuevo rostro con posibilidades de ampliar la cobertura del sistema bancario a partir de las medidas de inclusión financiera.

En el ámbito de las disposiciones secundarias tuvo gran impacto la tropicalización de los modelos de medición de riesgos (de mercado y operacional) señalados por el Comité de Basilea (Basilea III), la armonización de ciertas normas contables con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS, por sus siglas en inglés) y la calibración de modelos de calificación de cartera de consumo, por mencionar solo algunos temas que le dieron a México un piso sólido al inicio y durante las primeras etapas de la crisis financiera reciente.

Los responsables de realizar esos cambios fueron las autoridades financieras mexicanas, entre ellas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México (BM), con el objetivo de estar a la vanguardia en esquemas operativos y prevenir su obsolescencia o ineficiencia, así como crear un entorno económico favorable para el crecimiento y desarrollo del país.

Para ello también fue necesario adecuar los esquemas de regulación y supervisión nacionales, con el fin de que converjan con los esquemas internacionales, proteger los intereses del público usuario de los servicios financieros y proporcionar credibilidad y confianza a las entidades financieras, todo ello en el marco de un proceso evolutivo para responder a las demandas del entorno.

Si bien, México ya contaba con un sistema bancario sólido, necesitaba hacer adecuaciones para no dejar pasar de largo un problema, de cuya solución derivan muchos beneficios: generar las condiciones para el otorgamiento de crédito, situación que ha sido llamada la paradoja del sector financiero, porque es un hecho que contamos con un sistema bancario sólido, bien capitalizado, con liquidez y bien manejado, pero es uno de los que menos prestan en el mundo y tiene una penetración de crédito al sector privado como porcentaje del PIB de tan solo 28%, por debajo del promedio en la OCDE (158%), e incluso por debajo del promedio en América Latina (49%), lo que reduce la eficiencia de la economía y, por ende, sus posibilidades de crecimiento en el largo plazo.

Ante esta necesidad y otras como incrementar la competencia en el sector financiero, y darle mayor solidez y prudencia, se planteó la Reforma Financiera, la cual fue aprobada en enero de 2014 y se constituye como el medio para alcanzar los objetivos alrededor de los cuales se pretende  contribuir al desarrollo económico del país.

En el libro “Normatividad bancaria 2015” de PricewaterhouseCoopers (PwC) se abordan las leyes, normas y regulación que han surgido de enero de  2014 al 16 de enero de 2015 con dos objetivos: el primero, dar a conocer los lineamientos sobre los que ha de actuar el sistema financiero mexicano, concretamente el bancario, y a partir de ello poder hacer un seguimiento del cumplimiento  de  los aspectos que son cruciales para alcanzar las metas; el segundo, ponerlas en el contexto en el que se encuentra el país.

Para cumplir con el segundo objetivo, el libro presenta un recorrido histórico de los momentos económicos y políticos del país, los cuales han determinado el hacer y quehacer de los involucrados en el Sistema Financiero Mexicano.

Para ello son fundamentales dos temas: la tecnología con la que se cuenta, así como las  estrategias de inclusión financiera, por ello en el capítulo dos abordamos estos temas. El panorama no estaría completo si no se planteara el tema de la administración de riesgos, donde se compara a otro sistema bancario para poder analizar en dónde estamos y proyectar hacia dónde vamos  desde una perspectiva histórica con visión de futuro.

 

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