Soborno: lo público y lo privado se corrompen

Han pasado ya seis años desde que en Brasil comenzó la “Operación Lava Jato”, sin que nadie imaginara en aquel momento, la magnitud del escándalo que ha destapado un esquema de corrupción a lo largo de América Latina. Desde Brasil, esta investigación se ha extendido a países como Argentina, El Salvador, Bolivia, República Dominicana, Colombia, Guatemala, Ecuador, Panamá y Perú, donde decenas de expresidentes y exministros, además de cientos de funcionarios gubernamentales, políticos y legisladores, han sido acusados y encarcelados por recibir sobornos y ser parte de operaciones de lavado de capitales a cambio de otorgar contratos de obra pública favorables a la empresa brasileña Odebrecht o sus filiales. En contraste, el esquema de corrupción de Odebrecht no ha sacudido la clase política de México ni Venezuela. Este enorme entramado de sobornos y corruptelas en estos países implica una afectación al desarrollo económico de estas naciones, principalmente de los sectores más pobres de la población, desestabilización política y un quebranto a la democracia que quizá todavía no aquilatamos. En esta novela llamada Odebrecht hay un aspecto que destaca y que tiene que ver con reconocer que el fenómeno de la corrupción no es cosa solo de políticos y funcionarios públicos, sino que también lo es la participación de empresas y particulares. Es revelador que mientras Estados Unidos tiene desde hace poco más de cuatro décadas una ley que prohíbe a las empresas, tanto norteamericanas como extranjeras pero que cotizan en alguna de sus bolsas, el pago de sobornos a funcionarios para influir en sus decisiones, alrededor del mundo se han firmado leyes en ese sentido hasta años después, como por ejemplo la “UK Bribery Act – 2010”, en Reino Unido, o  la “Loi Sapin II” que entró en vigor en 2017 en Francia. La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés), aprobada por el Congreso norteamericano en 1977, concibe al soborno de manera amplia, no solo la retribución de dinero en efectivo, sino cualquier pago indebido que va desde regalos, transporte, promesas de empleo en el futuro, descuentos y cualquier cosa de valor. La FCPA ha mostrado sus dientes a lo largo de los años, con la aplicación de multas millonarias a corporaciones del tamaño de Siemens, la francesa Alstom o, recientemente, la empresa sueca Telia que se comprometió a pagar 956 millones de dólares para resolver la investigación por presuntos sobornos pagados a funcionarios públicos de Uzbekistán. Pero no nos vayamos tan lejos, gracias a un reportaje de 2012 de The New York Times, se reveló que Walmart habría sobornado a funcionarios en México a fin de destrabar trámites y apresurar la apertura de tiendas en nuestro país. Tras la polémica, esta corporación ha dedicado los años siguientes, además de millones de dólares, para implementar políticas anticorrupción y una estrategia de “responsabilidad corporativa”. Más allá de valorar si la FCPA tiene un doble racero, pues sólo aplica para combatir la corrupción en otros países, no en territorio norteamericano, es un buen referente de cómo la corrupción, cuando es efectivamente sancionada, puede generar cuantiosos recursos para el Estado que luego puedan ser destinados a resarcir a la sociedad los daños que ésta genera. Incluso, algunos países donde han ocurrido los sobornos han logrado negociar que una parte de estas multas se queden en sus territorios. En México, un componente del Sistema Nacional Anticorrupción es, justamente, que las penas por actos de corrupción incluyan no solo a servidores públicos, sino también a personas físicas y morales, con lo que las empresas pueden ser sancionadas. En adición a ello, la inclusión en el reciente Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) de un capítulo dedicado a combatir la corrupción, configuran una ruta más sólida para combatir este flagelo ahora también desde el ámbito empresarial.   Contacto: Twitter: @palmiratapia Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.