Al finalizar el sexenio pasado se tenía el registro de 1,503 permisos de importación y exportación de combustibles, y en la administración de Andrés Manuel López Obrador se expidieron 451, para un total de 1,954, pero de éstos sólo alrededor de 5% están vigentes.

Del 1 de diciembre de 2020 al 15 de julio de este año, la Secretaría de Energía (Sener) dejó sin efecto 1,866 permisos para la importación y exportación de gasolinas, diésel, gas LP, turbosina, combustóleo y crudos.

Dentro del Tercer Informe de Gobierno, la dependencia a cargo de Rocío Nahle señala que se han terminado, revocado o caducado los permisos; entre las razones están el uso indebido, término del periodo o incumplimiento de las obligaciones.

Únicamente han quedado vigentes 88 permisos (alrededor de 5% del total), “cuyos permisionarios de comercio exterior acreditaron que cuentan con capacidad para satisfacer las necesidades del mercado”, refiere.

De estos 88 permisos, 77% son para importación, la mayoría para gasolinas y diésel, y tan solo 23% corresponden a exportación.

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La Sener detectó que 80% no eran utilizados por sus titulares para realizar las operaciones de importación y exportación de petrolíferos e hidrocarburos que les fueron autorizadas.

También destaca que un gran número de permisionarios no contaban con la infraestructura necesaria para realizar la actividad permisionada y que algunos de éstos hacían un mal uso de los permisos otorgados.

Cambios de requisitos

A partir de esto, se determinó modificar al acuerdo por el que se establece la clasificación y codificación de hidrocarburos y petrolíferos cuya importación y exportación está sujeta a permiso previo por parte de la Sener del 22 de febrero de 2019.

Con este cambio, se establecieron requisitos para verificar que los solicitantes tenían acceso a la proveeduría, logística y clientes para realizar la actividad permisionada.

También la dependencia encarga de la política energética del país decidió terminar anticipadamente permisos de los titulares que no hubieran ejercido los derechos conferidos, para aquellos con vigencia de 20 años, si no se habían ocupado dentro de 365 días naturales fueron concluidos.

Mientras, los permisos con vigencia de un año que no se utilizaron dentro de los 30 días naturales, después de su autorización, de igual manera la Sener los terminó.

Además, se les quitó el permiso a los que incumplieron con sus obligaciones en materia fiscal, administrativa, aduanera o de comercio exterior.

El pasado 20 de julio, la Sener, junto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que comanda Raquel Buenrostro, anunciaron la suspensión de 82 compañías importadoras y exportadoras —la mayoría del giro energético — al no cumplir con requisitos de comercio exterior y para evitar la evasión fiscal.

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Lento avance en infraestructura

En el informe de la Sener, también se da cuenta que derivado de la publicación de la Política Pública de Inventarios Mínimos de Petrolíferos en diciembre de 2017, se tiene el registro 98 proyectos de infraestructura con una inversión estimada de 270 millones de pesos.

No obstante de estos proyectos para almacenamiento y distribución de petrolíferos, únicamente 11 se han terminado y se encuentran operando, 7 tienen un avance mayor o igual al 60%, en tanto que el resto con porcentajes de avance menores.

La iniciativa privada ha dicho que muchos proyectos se han quedado en stand by frente a la incertidumbre y los cambios en las reglas en el sector energético.

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