La Fiscalía General de la República (FGR) inició cinco carpetas de investigación por introducir, exportar, almacenar, transportar, vender y distribuir tabaco ilegal en México, a pesar de que en tianguis y tiendas de barrio se ven las cajas de cigarros pirata lo ponen en sus aparadores y anaqueles para su venta.

El número de denuncias por meter de manera ilegal cigarros por las aduanas fronterizas se contrapone con el crecimiento exponencial del mercado y el consumo en el país, dicen las cifras a las que tuvo acceso Forbes México.

En 2018, en plena efervescencia electoral y con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, fueron interpuestas un par de denuncias por la comercialización de tabaco pirata.

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Según la FGR, en 2019 comenzó con la investigación de un caso donde vendían tabaco ilegal y de enero a septiembre de 2020 fueron otro par de indagatorias en contra de bandas que introducen cigarrillos pirata.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) revela que más del  8.8% del consumo total de cigarros en la República Mexicana son de origen pirata, de mala calidad y no cumplen con los registros sanitarios de la Cofepris.

Los productos provienen principalmente de Indonesia, China, Alemania, Vietnam, Suiza y Emiratos Árabes, apunta el estudio publicado en 2019, dice el INSP en el estudio El consumo de cigarros ilícitos en México.

La venta de cigarros pirata constituye un riesgo a la salud pública, porque puede tratarse de producto falsificado, adulterado o elaborado con ingredientes desconocidos, lo que incrementa la posibilidad de contener compuestos químicos potencialmente tóxicos distintos a la planta del tabaco, cuyos efectos sobre el organismo aún se desconocen.

Pese al riesgo para la población y la afrenta que representa para las instituciones, los grupos que se dedican a su fabricación y venta operan impunemente. No solo aquellos que lo hacen de manera ilegal, sino también aquellos que, aunque cuentan con las licencias necesarias, son señalados por presuntos nexos con el crimen organizado y el blanqueo de capitales.

En diciembre de 2020, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aseguró y destruyó más de 9 millones de cigarros pirata en Ensenada, Baja California.

Los cigarros pirata además violaban los derechos de propiedad intelectual, también representaban una inminente amenaza de salud pública por la toxicidad de los elementos que los componen, refirió la dependencia en un comunicado.

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó 596 aseguramientos de cigarrillos (809 mil 160 piezas) en las 49 Aduanas del país, de enero a septiembre 2020.

Antes de asumir el cargo como titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, ahora candidato a la gubernatura de Sonora, aseguró que tenía conocimiento de la venta de cigarros pirata en México.

El ex funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se comprometió a dar respuesta a partir del 1 de diciembre de 2018, cuando tomara el control de la seguridad.

La venta de cigarros pirata fue tema de conversación en la Cámara de Diputados. La legisladora de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle solicitó a la entonces Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizar una investigación exhaustiva por posible evasión y elusión fiscal.

La diputada del Movimiento Ciudadano pidió el 30 de octubre de 2018 investigar a las empresas encargadas de comercializar los cigarros pirata por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero el 28 de enero de 2019 fue desechado.

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Hasta ahora el Cártel continúa activo y expandiéndose, tiene presencia en al menos diez entidades, una de las más recientes es Guanajuato. En 2018 todavía era posible conseguir cigarros de diversas marcas en la principal ciudad industrial de Guanajuato, en la actualidad no es así. 

En la Central de Abastos de León, únicamente se pueden comprar los cigarros de la marca Económicos, una de las más emblemáticas del Cártel del Tabaco. El precio oscila los 25 pesos por cajetilla.

De 10 establecimientos visitados, todos lo venden. Los comerciantes no cuentan con variedad para ofrecer. Cuando se les pregunta si está prohibida la venta de las demás marcas, eluden el cuestionamiento.

Así, la nueva administración no solo no combatió a la organización que amenaza de muerte a quien venda cigarros que no estén vinculados con ellos, sino que incluso, en meses pasados, la empresa Sijara International, ligada al Cártel del Tabaco inauguró una planta en Campeche, con la presencia del gobernador del estado, Carlos Miguel Aysa González.

De acuerdo con un boletín del gobierno estatal, el director general de la firma, José Guadalupe Varela González, ofreció a las autoridades estatales una inversión de 670 millones de pesos. La planta cuenta con capacidad de producción anual de 9 mil 500 millones de cigarros, principalmente de las marcas Laredo, Península, Económicos, Studio 54, Botas, Senator, Paddock, C&T, Queen London, Tex Mex y Premium BTS.

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